Doctrina Administrativa

La Junta Arbitral del Concierto Económico declara que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para la exacción respecto de la devolución por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y por tanto es competente para devolver su proporción de la monetización de la deducción por gastos de I+D+I, ya que posee carácter tributario y no es posible considerarla como una mera subvención.

En una de las últimas resoluciones de la renovada Junta Arbitral del Concierto Económico del País Vasco de 25 de marzo de 2022 se resuelve el conflicto planteado por la Diputación Foral de Gipuzkoa frente a la AEAT que tiene por objeto determinar la competencia de exacción respecto de la devolución por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.En este caso se trata de determinar si respecto a la monetización de la deducción por I+D+I le corresponde una proporción de tributación a la Diputación Foral de Gipuzkoa, lo que, a su vez, implica interpretar si, de acuerdo al Concierto Económico, la referida devolución está concertada.

La Junta Arbitral estima que la deducción por I+D+I es un claro ejemplo de un beneficio fiscal con finalidad económica y no existe duda de que las deducciones de cuota no aplicadas son créditos fiscales de naturaleza tributaria. La opción por la monetización de la deducción está condicionada al cumplimiento de unos requisitos y su incumplimiento conlleva el ingreso del importe indebidamente disfrutado junto con sus intereses de demora. Por ello la Junta Arbitral declara que la Diputación Foral de Gipuzkoa es competente para devolver su proporción de la monetización de la deducción por gastos de I+D+I, cantidad que sí posee carácter tributario y que se encuentra incluida en el reparto competencial articulado por el Concierto Económico.

TEAC

• Consecuencias de la falta de comunicación de la modificación de las matrículas beneficiarias de devolución de gasóleo de uso profesional
• Reducción de cuotas del IAE por cese temporal de la actividad a causa del estado de alarma ¿se pueden incluir en el cálculo los periodos de cese parcial?
• Servicios de alojamiento de equipos de red en un centro de datos ¿Se consideran servicios vinculados a bienes inmuebles?
• Momento en que debe entenderse que adquiere el carácter de incobrable un crédito con garantía real a efecto de modificar la base imponible
• Concesión de la suspensión en vía contencioso-administrativa: consecuencias de no aportar la garantía en plazo

DGT

• La exención por reinversión en vivienda habitual en caso de construcción requiere de una doble condición establecida por el TS con independencia de la existencia de un contrato de reserva de vivienda
• La sujeción al ICIO de la construcción de instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica depende de la legislación sectorial autonómica donde se ubique el proyecto
• Obligaciones fiscales en el IAE, IRPF e IVA de un "influencer" mediante la publicación de diversos contenidos en una plataforma que son remunerados por una empresa domiciliada en el Reino Unido, y no percibe ingresos por publicidad
• La compatibilidad entre la distribución de dividendos y la reserva de capitalización
• Las cuotas del RETA de un socio satisfechas por la sociedad deben ser tenidas en cuenta por esta al efectuar el cálculo del ingreso a cuenta
• Una estafa por internet podrá ser deducible si los hechos resultan acreditados
• La inactividad de una entidad no implica su exclusión del grupo fiscal

A efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, se procede a publicar copia del informe de la Comisión Consultiva sobre conflicto en la aplicación de la norma relativo al contribuyente " COMUNIDAD DE BIENES".

• Cálculo de la reserva de capitalización cuando se ha acordado el reparto de un dividendo activo a cuenta de los resultados del ejercicio
• Validez de una notificación realizada por agente tributario a una entidad incluida en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada
• Dies a quo del plazo para modificar la base imponible cuando nos encontremos ante créditos que disfrutan de garantía real
• Los bienes de las sociedades mercantiles son embargables sin excepción
• Determinación del límite de inembargabilidad del sueldo en el mes en que se percibe junto con la paga extraordinaria
• Diligencia de embargo de una cuenta bancaria donde únicamente se abona una pensión ¿Es embargable el saldo de dicha cuenta que constituye ahorro del contribuyente?
• Solicitud de aplazamiento tras la denegación de una suspensión solicitada con otras garantías ¿Debe considerarse planteada en periodo voluntario?
• Acuerdos de liquidación vinculados a delito de deudas aduaneras: improcedencia de la vía de apremio
• Está exenta en el Impuesto Especial sobre la Electricidad la energía producida por una instalación fotovoltaica de potencia 400 KW, acogida a la modalidad de autoconsumo «sin excedentes» utilizada para la fabricación de alimentos
• La DGT remitiéndose a la doctrina del TS afirma que el valor de adquisición a efectos del IIVTNU (plusvalía) no puede incrementarse por gastos o tributos que graven la operación de adquisición, ni actualizarse conforme al IPC o cualquier otro índice

• La equiparación entre la hipoteca y la condición resolutoria explícita solo se establece a efectos de la constitución de ambas figuras, no resultando posible aplicar la analogía en la interpretación de las normas de exención
• Deducción de cantidades no retenidas: la conducta del retenedor no puede condicionar la liquidación del impuesto del retenido
• No es deducible la dotación a la provisión por depreciación de existencias basada en meras expectativas
• Procedimiento iniciado a instancia de parte obligada a relacionarse electrónicamente: notificación en el lugar designado por el obligado tributario vs notificación electrónica
• Pensión derivada de condecoración concedida por actos terroristas junto con ocasión de otro tipo de actos ¿está exenta en IRPF?
• Integración en el grupo de consolidación fiscal, como dependiente, de los establecimientos permanentes de entidades no residentes ¿es posible la aplicación retroactiva?
• Plazo para ejecutar resoluciones económico-administrativas, estimatorias en parte por razones de fondo, para que el órgano de gestión pueda realizar actuaciones complementarias
• Reducción del 30% no aplicable en caso de percepción habitual de rendimientos de actividades económicas con período de generación superior a dos años
• Posibilidad de aplicar la exención por reinversión a un local que se destina a vivienda
• La identidad en las circunstancias no es suficiente para exonerar de los recargos por regularización al cónyuge

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 26 de abril de 2022, resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, que ocurre en los casos en los que la empresa lleva operando menos tres años en relación con la valoración de la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación.

En el caso que nos ocupa, la Administración entiende que, el hecho de que el art. 37.1.b) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) no prevea que ocurre en los casos en los que la empresa lleva operando menos tres años conduce a la interpretación realizada por la Inspección: intentar aproximar el valor de la inversión con los datos de los que se dispone. Dicha aproximación es igualmente válida y significativa con independencia del número de años que lleve operando la empresa.

• Los intentos de notificación detienen el plazo de interrupción injustificada del procedimiento inspector
• Análisis del concepto “objeto social exclusivo” en relación con la posible exención de la adquisición de participaciones sociales
• Momento temporal a partir del cual se aplica un cambio de criterio del Tribunal Supremo: principio de confianza legítima
• La necesaria notificación del embargo al cónyuge viudo usufructuario de toda la herencia ¿le legitima para interponer una reclamación económico-administrativa contra la diligencia de embargo?
• Si un contribuyente presente recurso frente a la liquidación de la que trae su causa la sanción, o frente a la propia sanción, y este es parcialmente estimado ¿deben aplicarse las reducciones sobre la nueva sanción?
• Si la Administración, a los efectos de determinar el alcance de la ocultación, lleva a cabo una actuación de comprobación de valores, debe otorgar al interesado la posibilidad de tasación pericial contradictoria
• Primera entrega de edificaciones: validez del certificado final de obra
• Tributación de la fianza retenida para arreglar los desperfectos de la vivienda y gastos de reparación deducibles previos al nuevo arrendamiento de la vivienda
• No se puede anular la aplicación del régimen de trabajadores desplazados de ejercicios pasados simplemente rectificando la autoliquidación, aunque se trate de ejercicios no prescritos
• ¿Cuál es la fecha relevante para determinar la correlación en la numeración de las facturas?

• El TEAC unifica criterio en relación con las deudas por sanciones de tráfico gestionadas por la AEAT en periodo ejecutivo
• Tributación de la transferencia por un sujeto pasivo de un bien corporal de su empresa con destino a otro Estado miembro, para afectarlo a las necesidades de aquella en este último y aplicación de la excepción
• Consideración o no como gasto fiscalmente deducible del importe del impuesto extranjero no deducible por aplicación del límite: El TEAC no comparte la opinión de la AN que todavía no es firme
• ¿Son deducibles los intereses de demora derivados de acuerdos de liquidación anteriores?
• Límite de la base de deducción de la cuota en de IS por razón de donativos o donaciones: base imponible "previa" a la compensación de BINs o la declarada una vez compensadas las BINs de ejercicios anteriores
• Cumplimiento del procedimiento para la comprobación de las entidades dependientes
• ¿Son deducibles los gastos derivados del alquiler anual del local de un restaurante que abre al público 7 meses al año?
• Las cantidades por desplazamiento satisfechas al empleado están también exceptuadas de gravamen en caso de usarse vehículo propio
• El cambio de un día para otro de un puesto de trabajo puede impedir la aplicación del incremento del gasto deducible por movilidad geográfica por ser imposible aplicar uno de los requisitos
• ¿Está exento el arrendamiento con prestación de servicios complementarios propios de la industria hotelera prestados por un tercero?

Cuestiones más interesantes planteadas a los órganos interpretativos de la Administración tributaria.

El día 6 de abril de 2021, da comienzo el plazo para presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2021. A continuación, les ofrecemos una recopilación de los últimos pronunciamientos administrativos (TEAC/DGT) más destacados en esta materia y que les recomendamos tengan presentes a la hora de comenzar a preparar la mencionada campaña.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 17 de febrero de 2022, resuelve la cuestión relativa a la necesidad de acreditación por la Administración del elemento subjetivo que permite exigir la responsabilidad subsidiaria de los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese -art. 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT)-.

Como es sabido, la falta de promoción por los administradores de los acuerdos sociales necesarios para una ordenada disolución y liquidación de la sociedad que ha cesado de hecho en sus operaciones, los constituye responsables tributarios, salvo prueba que por fuerza mayor u otra causa bastante no pudieran promover tales acuerdos, o salvo el caso de que siendo colegiado el órgano de administración hubieren hecho todo lo posible legalmente para lograr un pronunciamiento del mismo dirigido a ello.

En el presente caso, el interesado se opone al acuerdo derivativo basado en el artículo 43.1.b) de la Ley 58/2003 (LGT), por considerar que el cese de hecho de la actividad no se ha producido, y que además la Administración señala “vagamente” que el cese se produce en 2012, sin expresar un momento exacto de tal cese.