Jurisprudencia

• Obligar al pagador de rentas de no residentes a soportar intereses de demora por el retraso de estos en acreditar su residencia fiscal es anticomunitario
• El TS perfila a la baja las exenciones en el IBI de los inmuebles asociados a las actividades educativas de los colegios concertados y de los hospitales
• El TS aclarará cuándo es firme el valor comprobado de una operación vinculada para podérselo imputar a las personas vinculadas con la comprobada
• El Supremo duda si el TSJ de Madrid se excede cuando niega la equivalencia de las IICs establecidas en EE.UU. que operan en España haciendo uso exclusivo de la normativa española
• La AN reconoce como causa de nulidad la incompetencia de un TEA para conocer de una reclamación económico-administrativa aunque no pueda dirimirse por vía incidental
• Deducción por inversiones medioambientales en el IS
• Los dividendos intragrupo procedentes de una reducción de capital para compensar pérdidas deben integrarse en la base imponible
• Los créditos fiscales pendientes a la extinción del grupo fiscal se aplicarán por la entidad que los generó y no por el grupo extinguido
• Para calcular la provisión por depreciación de cartera se deben homogeneizar los valores teóricos consolidados de las participadas
• Nulidad de la tasa de basura para las viviendas de uso turístico que duplica la del resto de viviendas

Mediante el procedimiento de devolución de ingresos indebidos y con intereses de demora desde la fecha de ingreso

La sentencia del Tribunal Supremo, de 5 de junio de 2018, resuelve por fin, y sienta jurisprudencia –al ser dictada conforme a los cánones del nuevo recurso de casación para la formación de jurisprudencia- sobre una cuestión de enorme importancia que ha traído de cabeza, especialmente, a las grandes firmas internacionales con presencia económica en nuestro país.

Hablamos de la corrección de la discriminación que sufren los residentes comunitarios (pero –y esto es interpretación personal- que puede ser aplicable a otros supuestos de discriminación como la derivada de la aplicación de los CDIs) que obtienen rentas en España por cuanto, si bien se les permite solicitar la devolución de las retenciones soportadas en  exceso, la Administración ha pretendido someterles al procedimiento establecido para las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo (art. 31 LGT), que le permite devolverles hasta en 6 meses desde la constancia del exceso y sin intereses de demora hasta la superación de ese plazo.

Según el TS la Administración ha reemplazado un medio de comprobación que adolecía de imperfecciones y exigía un alto coste de gestión, por una actividad que no puede ser considerada, en ningún sentido, como un medio de comprobación

El Tribunal Supremo ha publicado en los pasados días un conjunto de sentencias -con idéntico contenido- de las que fue punto de partida la de 23 de mayo de 2018 y que contienen una importantísima interpretación jurisprudencial en lo que tiene que ver con el empleo de métodos basados en la multiplicación del valor catastral de los inmuebles por un coeficiente como método de valoración de inmuebles a los efectos de calcular el valor real en las transmisiones de bienes inmuebles.

El Tribunal Supremo afirma que carece de sentido interpretar que la nulidad de los preceptos declarados inconstitucionales se extienda también a supuestos en los que existe un incremento de valor del terreno y es erróneo descartar a radice la posibilidad de girar liquidaciones por el impuesto en tanto no se produzca la reforma legal del mismo

El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 9 de julio de 2018, en contra de los sostenido por algunos Tribunales Superiores de Justicia de distintas Comunidad Autónomas [Vid., STSJ de Castilla y León (Sede en Burgos) de 22 de septiembre de 2017, recurso n.º 21/2017; STSJ de Cataluña de 2 de marzo de 2017, recurso n.º 138/2015, STSJ de Navarra de 6 de febrero de 2018, recurso n.º 535/2016;y STSJ de Madrid de 19 de julio de 2017, recurso n.º 783/2016], afirma que carece de sentido interpretar que la nulidad de los preceptos declarados inconstitucionales se extienda también a supuestos en los que existe un incremento de valor del terreno y, por tanto es erróneo descartar a radice la posibilidad de girar liquidaciones por el impuesto en tanto no se produzca la reforma legal del mismo, ya que si bien es cierto que no es posible dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, puesto que tal determinación el Constitucional considera que debe quedar reservada al legislador, adoptar esta postura sostenida por la STSJ de Madrid de 19 de julio de 2017, entre otras, priva absolutamente de sentido al fallo de la STC 59/2017.

• Alquilar un inmueble a una filial es “intervenir en su gestión” y da derecho a la deducción del IVA soportado en la adquisición de sus participaciones
• Que no sea posible deducir las pérdidas del establecimiento permanente en el Estado en que se encuentra permite su deducción a la matriz en el suyo
• Si no hay entrega, no hay deducción del IVA, sin que la Administración tenga que probar la inexistencia de buena fe en el sujeto pasivo
• ¿Puede interpretarse que no gravar con un impuesto una operación está protegido por el principio de confianza legítima y que efectivamente no tributa?
• Adquirir bienes por herencia solo hace responsable al heredero de las deudas asociadas a los bienes en proporción a la masa hereditaria que adquiere
• Reenvío prejudicial del Supremo sobre la imposibilidad de deducción del ITP pagado por empresarios en operaciones no sometidas a IVA que forman parte de su tráfico habitual
• La recaudación de deudas tributarias en asistencia mutua no obliga al Estado asistido a traducir el procedimiento a la lengua del Estado en que se encuentre su contribuyente
• El sometimiento a las órdenes del administrador, a pesar de su desconocimiento para la gestión, es suficiente para entender que la persona empleada “gestiona” y que la sociedad no es una holding
• El TSJ Madrid no se deja vincular por la doctrina de la AN que entiende que la remisión a los beneficios del IRPF es total para los no residentes
• La utilización del recurso de reposición para aclarar cuestiones relativas a un procedimiento no entraña la pérdida de la reducción por conformidad de la sanción

Imponer la retención en la fuente sobre los dividendos pagados a los OICVM no residentes y reservar a los OICVM residentes la posibilidad de obtener la exención de tal retención supone un trato desfavorable para los dividendos pagados a los OICVM no residentes que en principio supone una restricción a la libre circulación de capitales y que no puede justificarse ni por razones de preservar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros ni la coherencia del régimen fiscal danés.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 21 de junio de 2018 resuelve la cuestión prejudicial planteada por Se plantea la cuestión prejudicial relativa a si es contrario al art 63 TFUE, relativo a la libre circulación de capitales, o al art. 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios, un régimen fiscal en virtud del cual los dividendos satisfechos por sociedades danesas a OICVM extranjeros regulados por la Directiva 85/611 [...] son objeto de retención en la fuente, mientras que los equivalentes OICVM daneses pueden acogerse a una exención de tal retención, ya sea porque efectúan un reparto mínimo real de dividendos a sus partícipes sujeto a retención en la fuente o porque proceden técnicamente a imputar un dividendo mínimo que constituye la base de la retención del impuesto en la fuente que deben soportar los partícipes de dichos organismos

El TSJ de Asturias  considera que el valor que figura en las  escrituras públicas  puede no reflejar el valor de mercado y por tanto no puede tenerse en consideración a efectos de determinar la existencia o no de incremento de valor en el terreno a efectos del IIVTNU.

El TSJ del Principado de  Asturias , en su reciente sentencia de 29 de mayo de 2018,  partiendo del fallo de la STC, n.º 59/2017, de 11 de mayo de 2017, que considera que el art. 107 TRLHL es nulo e inconstitucional pero únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor, afirma que la Administración, como sujeto activo del IIVTNU, debe tener por cierto ese incremento, lo que no se deriva necesariamente de la estricta aplicación del método de determinación de la base imponible previsto, sino que precisa adicionalmente de una motivación y comprobación, aunque sea indiciaria de la concurrencia de la plusvalía.

Se trata una vez más de una sentencia muy transgresora y con una apuesta por la utilización de los medio electrónicos como medios de prueba

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con su sentencia de 20 de junio de 2018, nos regala un nuevo pronunciamiento de marcado tono antiformalista, esta vez en lo que  tiene que ver con los bienes importados con exención, que se transmiten antes de llegar al destino con el que se han vinculado.

Según la sentencia, el art. 143 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA) se opone a la denegación de la exención por el mero hecho de que, a raíz de un cambio de circunstancias posterior a la importación, los productos en cuestión se hayan entregado a un sujeto pasivo distinto de aquel cuyo número de identificación a efectos del Impuesto se había indicado en la declaración de importación; eso sí, siempre y cuando haya comunicado toda la información relativa a la identidad del nuevo adquirente a las autoridades competentes del Estado miembro de importación y que se acredite el cumplimiento de los requisitos materiales para la exención.

• No se puede impedir que las pérdidas no recuperables de los establecimientos permanentes en otros Estados de la Unión se recuperen por la matriz en su Estado de residencia
• La adhesión por defecto a las plataformas electrónicas del Estado no supone una imposición inconstitucional para las CC.AA. y entidades locales
• El Supremo duda sobre el cómputo del plazo del procedimiento de inspección en caso de ampliación del objeto a otros tributos
• ¿Los pagos por intermediación son mayor valor de existencias o gasto del ejercicio?
• El arrendamiento de inmuebles es actividad económica aunque la existencia de local y empleado sea para pagar menos impuestos
• Deducibilidad en el IS de las retribuciones satisfechas a un miembro del consejo de administración
• No es posible aplicar la regla de retroacción contable en las fusiones que no se acojan al régimen especial

Siguiendo a la Sala Civil, modifica su jurisprudencia y entiende, como ella, que cuando una persona fallece sin haber aceptado/repudiado una herencia, su heredero no adquiere dos herencias

En una sentencia intensa, la de 5 de junio de 2018, el Tribunal Supremo nos repasa la doctrina civilista a la que sin tapujos se adhiere –al considerar que es de aplicación prejudicial y no devolutiva, como ella misma matiza- para terminar reconociendo que, en estos casos, en que se produce un doble fallecimiento –el de un primer causante y el de su heredero, que fallece sin haber aceptado ni repudiado la herencia del primero- los herederos del segundo causante no adquieren dos herencias sino una, al considerar que lo que se transmiten ambos causantes no es una herencia sino un derecho a aceptarla o rechazarla –ius delationis-, en tanto el primer heredero posteriormente fallecido no se ha posicionado respecto de la asunción de la herencia de su causante y, en consecuencia, sólo se produce un único devengo del Impuesto sobre Sucesiones.