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Después de una extensa tramitación, el pasado día 6 de diciembre de 2023, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

El reglamento es desarrollo directo de la modificación del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la redacción añadida por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La norma pretende establecer la forma en que los registros de facturación que sean producidos por sistemas informáticos deben cumplir con los requisitos legales de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad, evitando así el llamado ‘software de doble uso’ o ‘software de ocultación de ventas’ que en ocasiones se ha observado en las ventas a consumidor final. Con esta finalidad primaria, el real decreto define un registro de factura, con un formato y estructura determinados, al que se añaden determinados elementos informáticos de seguridad (hashes encadenados y firma electrónica) que aseguran que dicho registro no podrá ser modificado, después de producido, sin que quede el correspondiente registro de esa modificación.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias, se procede a publicar la relación de sociedades españolas cuyas acciones, a fecha 1 de diciembre de 2022, tienen un valor de capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros.

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Fuente: AEAT (13/12/2023)

Se publica "Campaña declaraciones informativas 2023", que reúne la información y las novedades referidas a las formas y plazos de presentación. En todo caso, las novedades incluidas en esta publicación quedan supeditadas a la aprobación de la normativa que se encuentra actualmente en tramitación.

Las entidades locales son las administraciones públicas más cercanas y con mayor nivel de interacción con los ciudadanos. Son responsables de prestar servicios esenciales como la recogida de residuos, el ordenamiento y la seguridad del tráfico y el mantenimiento de las calles.

La coordinación entre el Estado y las Haciendas Forales viene establecida en los principios generales de coordinación y colaboración recogidos, respectivamente, en los artículos 5 y 4 del Convenio y del Concierto Económico.

La coordinación entre el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria (DIFT) y las Haciendas Forales, encuadrada dentro del Plan de Control Tributario y Aduanero, abarca todos los ámbitos competenciales del DIFT. Por lo tanto, estamos hablando de coordinación en actuaciones inspectoras; en actuaciones gestoras a través de la gestión de las grandes empresas; actuaciones coordinadas en materia de auditoria informática; de intercambios de información, ya sea a nivel internacional como nacional; actuaciones a nivel internacional y otras actividades afines.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2023, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2023.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de diciembre.

Un total de 48 países y jurisdicciones de todo el mundo, entre los que se encuentra España, se han comprometido a trabajar para la aplicación del nuevo estándar internacional de intercambio automático de información entre autoridades fiscales competentes sobre criptoactivos para el año 2027.

Este nuevo estándar es conocido como el Marco de Comunicación de Información sobre Criptoactivos (CARF) y la modificación del Estándar Común de Comunicación de Información (CRS), tal y como fueron aprobados por la OCDE.

El CARF, que prevé el intercambio automático de información fiscal sobre las transacciones en criptoactivos de forma estandarizada, ha sido diseñado para garantizar la transparencia fiscal en el mundo frente al rápido desarrollo y crecimiento del mercado de criptoactivos.

El correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin morir en el intento, es caballo de batalla de muchas organizaciones, ya que supone un importante esfuerzo de gestión y requiere de una actualización constante en materia fiscal para conocer toda la normativa tributaria que puede afectar a la empresa.

Las empresas tienen que tener bajo control el riesgo fiscal por diferentes motivos, destacando, por su importancia, el evitar que se puedan derivar responsabilidades a los administradores de la sociedad por no aplicar la diligencia debida. La Ley de sociedades de capital establece como una de las facultades indelegables de los órganos de administración la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales.

Eliminación de barreras de comprensión

• Se modifican ocho modelos de comunicación al contribuyente, incluyendo un resumen inicial con el contenido básico en los documentos más extensos
• El lenguaje se clarifica y se ofrece un nuevo diseño que ayuda a segmentar la información y a distinguir la más relevante
• Las modificaciones afectan a requerimientos de documentación y liquidaciones de IRPF, diligencias de embargo y declaraciones en Aduana de pequeñas compras por internet que, en conjunto, suponen más de 3,7 millones de documentos al año

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha el compromiso establecido en el Plan Estratégico 2020-2023 de avanzar en la simplificación del lenguaje que utiliza en su relación con los contribuyentes para eliminar barreras de comprensión y minimizar con ello las cargas administrativas indirectas de los ciudadanos, facilitando así el cumplimiento voluntario.

La correcta valoración de las acciones y participaciones de una empresa es crucial en diversos contextos. Determinar el valor preciso de participaciones y acciones es esencial para garantizar transacciones justas y equitativas, ya sea en ventas de acciones o participaciones, sucesiones familiares, fusiones, adquisiciones, emisión de nuevas participaciones o acciones o disolución de sociedades.

Pero la valoración de acciones y participaciones puede ser un proceso complejo, ya que no hay una única forma de valoración.