El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) se ha convertido en caballo de batalla entre los contribuyentes, los ayuntamientos y los tribunales, que se encuentran a la espera de que el Gobierno presente el proyecto de ley para modificar el impuesto sobre plusvalía.
La Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, que anula los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL) ha abierto la "guerra de la plusvalía", y algunos ayuntamientos ya han presentado recursos al Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal Constitucional, lejos de traer seguridad jurídica, ha abierto una caja de Pandora, de la que emanan diferentes interpretaciones y posturas enfrentadas, que derivan en litigios entre los contribuyentes y los ayuntamientos.