Artículos de Tributación

En estos momentos en los que las empresas se encuentran ante diversas situaciones adversas puede ser que recurran a operaciones de reestructuración o reorganización que les permitan generar economías de escala, mejorar la solvencia financiera, separar sectores contaminados o limitar las responsabilidades. Una forma de llevar a cabo estas operaciones será la aportación de acciones a otras sociedades con el objetivo de constituir sociedades holding o de cambiar la situación de control sobre ellas.

¿Tiene futuro el test de los «motivos económicos válidos» en las normas anti-abuso? (sobre la planificación fiscal y las normas anti-abuso en el Derecho de la Unión Europea)

Las consecuencias que el Derecho de la Unión Europea tiene para el establecimiento, interpretación y aplicación de las normas anti-abuso no sólo no pueden ignorarse sino que constituye la delimitación precisa actual de este tipo de normas, es decir, el único marco en el que pueden operar, salvo que se pretenda su aplicación a un contexto estrictamente interno. El objeto de este trabajo se limita a dos cuestiones generales: (i) determinar cuál es, en la hora actual, la noción de abuso de Derecho tributario en el Derecho de la Unión Europea haciendo hincapié en la reciente modificación de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y (ii) examinar las normas generales anti-abuso españolas, haciendo también referencia a algunas normas específicas anti-abuso (buena parte de las cuales proceden del Derecho tributario internacional) a la luz de dicha noción. El trabajo se centrará en la fiscalidad directa, aunque con necesarias referencias a la indirecta, por ser aquel ámbito donde más ha avanzado la jurisprudencia, precisamente en ausencia de un proceso de armonización en sentido estricto de la legislación tributaria en la Unión Europea, y por ser también éste el único ámbito cubierto, por el momento, por el Derecho tributario internacional.

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La vivienda habitual constituye el objeto de múltiples ventajas fiscales en nuestro sistema tributario, entre las cuales se halla la prevista en el artículo 20.1 c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En ese precepto se contempla la posibilidad de que los contribuyentes de ese tributo puedan, en determinados casos, reducir su base imponible cuando el caudal hereditario incluya la vivienda habitual del causante. Pues bien, observando la configuración de dicho beneficio fiscal son varias las condiciones que a esos efectos establece la normativa reguladora de dicho tributo, a cuyo examen se ha dedicado este trabajo. En él se ha tratado de analizar la interpretación, no siempre clara, que a efectos de su aplicación práctica ha de hacerse de cada uno de tales requisitos, tarea en que resultan determinantes tanto la doctrina administrativa existente al respecto como el criterio jurisprudencial mantenido al hilo de cada uno de esos aspectos.

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El Auto del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2010 supone la primera cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia planteada por un tribunal de justicia español en el ámbito de la imposición directa. En esencia, el Supremo plantea si la libertad de movimiento de capitales implica la existencia de una cláusula implícita de tax sparing en todos los convenios entre Estados miembros de la Unión Europea, de modo que un residente de un Estado pueda deducirse el impuesto que debería haber pagado en otro Estado, pero que no ha pagado por motivo de una exención o incentivo fiscal.

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A través de esta nota se da noticia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión Europea, en su reunión de 8 de junio de 2010, sobre medidas que tratan de ordenar y coordinar a nivel europeo la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, así como frente a la competencia fiscal perniciosa. Tales acuerdos comprenden varias materias: medidas frente al fraude del IVA en operaciones transfronterizas, de impulso a los trabajos del Grupo del Código de Conducta frente a la competencia fiscal perniciosa en la Unión Europea y respecto a Suiza y Liechtenstein, y de coordinación de principios en materia de cláusulas antiabuso de transparencia fiscal internacional y de subcapitalización.

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El presente comentario tiene por objeto analizar, a la luz del actual marco normativo existente, así como de la doctrina administrativa y jurisprudencial elaborada al efecto, las principales cuestiones que plantea la acreditación de la condición de discapacitado, de cara a poder disfrutar de los distintos beneficios fiscales previstos para estos sujetos en la normativa reguladora del IRPF. Se analizan aspectos relativos, entre otras cuestiones, a la valoración y prueba de dicha condición, eficacia retroactiva de la declaración, etc.

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El concepto de establecimiento permanente es un concepto fundamental del Derecho tributario internacional. De tal manera que la pretensión de este artículo es la de delimitar el mismo a través de una serie de principios y criterios jurídicos generales derivados de la práctica española e internacional, con la exclusiva finalidad de poder llegar a definir el establecimiento permanente de una manera inductiva partiendo de sus características intrínsecas. Tal finalidad permitirá reducir a una discusión sobre principios jurídicos los muchos casos que en la práctica se suceden y así permitir la resolución de cuestiones jurídicas complejas mediante la aplicación de dichos principios jurídicos como fuentes del Derecho que son y no mediante la mera apelación a la casuística, ya sea doctrinal, administrativa o jurisdiccional. Asimismo, el presente trabajo ha intentado realizar una labor de interacción entre los distintos principios o criterios que han sido identificados en el instituto jurídico del establecimiento permanente con la finalidad de llegar a acotar conceptualmente al mismo.

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El artículo comenta un auto en el cual la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional concede la suspensión sin garantías de varias liquidaciones del Impuesto sobre Sociedades derivadas de expedientes de valoración de operaciones vinculadas a una importante empresa de este país que está en concurso de acreedores. En la vía jurisdiccional no hay ninguna ley que obligue al recurrente a prestar garantías; su prestación no es requisito sine qua non para obtener la suspensión. Una situación de concurso es suficientemente demostrativa de la imposibilidad de obtener garantías para suspender la ejecución y la pieza separada no puede dilucidarse prescindiendo de la situación, tanto económica, como jurídica, que se crea en el seno de aquel proceso mercantil, atendiendo a la cual la suspensión se concede sin garantías.

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La prueba constituye el medio para demostrar la realidad material de hechos controvertidos. Por ello, el desarrollo de la actividad probatoria, así como la valoración y eficacia de los distintos medios de prueba existentes adquieren especial trascendencia desde el inicio de un procedimiento de aplicación de los tributos hasta el ulterior proceso contencioso-administrativo.

La cuantía, por su parte, tanto en las reclamaciones económico-administrativas como en el proceso contencioso-administrativo, es un factor determinante pues condiciona la competencia del Tribunal conocedor del recurso, el procedimiento a seguir, así como los posibles recursos a interponer, salvo casos muy concretos.

El Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria, que se imparte en el CEF, ha dedicado una ponencia al análisis de ambos temas tratando de efectuar un repaso de su régimen jurídico mediante el estudio de los medios de prueba, su valoración y las reglas sobre la carga de la prueba, en los procedimientos de aplicación de los tributos, en los procedimientos de revisión de actos administrativos y en vía contencioso-administrativa, así como de las cuantías que determinan el acceso a los distintos tribunales y a los diferentes recursos.

El presente artículo es resumen de la conferencia que tuvo lugar el día 8 de abril de 2010.

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Este trabajo, por una parte, constata la importancia de la pequeña y mediana empresa, especialmente, en la economía canaria, realizando una descripción de las características principales de la reserva para inversiones.

Por otra, contextualiza los fundamentos teóricos relativos a la estructura de capital y la política de dividendos de las empresas, así como la evidencia empírica de sus factores explicativos, al ámbito de las pymes canarias.

Por último, realiza un análisis de los beneficios potenciales que pueden obtener las empresas que ajustan sus ratios de endeudamiento y tasas de reparto a los target que impone el Régimen Económico y Fiscal.

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