Artículos de Tributación

La tasa pericial contradictoria (TPC) y su reserva previa se instrumentan como mecanismos básicos que buscan la efectiva y legítima defensa de los intereses de los contribuyentes en los procesos de comprobación de valores.

El plazo para instar efectivamente la TPC cuando ha mediado la reserva previa ha sido objeto de interpretaciones jurisdiccionales que conllevan distorsiones procedimentales. El debate se suscita, una vez más, a raíz del desafortunado concepto de «firmeza en vía administrativa» que ha sido indebidamente interpretado como la fecha de notificación del acuerdo que resuelva el recurso o reclamación interpuesta contra la comprobación de valores, siendo así que lo ortodoxo hubiera sido interpretar que la consagración de la firmeza se demora hasta el vencimiento del plazo para acudir a la siguiente instancia (sea ésta todavía administrativa o ya judicial).

La trascendencia de la fecha en la que la firmeza quede consagrada es que determinará el dies a quo para que se inste efectivamente la TPC (con sus relevantes efectos suspensivos).

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En fecha 23 de marzo de 2009, la Audiencia Nacional concluyó que la compensación de bases imponibles negativas (BIN) de los grupos de consolidación fiscal está sometida a un orden de prelación, cuando concurren, por un lado, BIN generadas por el propio grupo fiscal y, por otro lado, BIN generadas por sociedades incluidas en dicho grupo, con carácter previo a su inclusión en el mismo (BIN individuales previas).

A pesar de que éste no fue el pronunciamiento central de la sentencia, lo cierto es que viene a ratificar la doctrina de la Dirección General de Tributos en la materia. Y ello, contrariando claramente la postura de la doctrina científica, de la Inspección de Tributos y de los Tribunales Económico-Administrativos, quienes fueron claramente favorables a la inexistencia de un orden de prelación y a la libertad de elección en la aplicación de BIN en el seno de grupos consolidados.

Se aviva pues un antiguo e importante debate, de gran actualidad en estos tiempos. A falta de un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo, las implicaciones fiscales y económicas derivadas de la postura sostenida por la Audiencia Nacional pueden ser muy relevantes en la práctica para los grupos consolidados españoles. En este contexto, el presente artículo pretende revisar de forma sumaria los pronunciamientos administrativos y jurisprudenciales en materia de compensación de BIN del grupo fiscal y ofrecer algunos argumentos para disentir de la opción manifestada por la Audiencia Nacional.

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El presente trabajo tiene por objeto el estudio de las condiciones de aplicación de la disposición adicional décima de la Ley General Tributaria. Para ello, en primer lugar, examinaremos los preceptos que configuran el régimen jurídico de la ejecución civil de la sentencia penal, en busca de la lectura que, siendo respetuosa con las exigencias constitucionales sobre la competencia funcional del juez de lo penal, permita integrar las normas procesales con las normas reguladoras de actividad ejecutiva de los órganos de la Administración Tributaria. Seguidamente, analizaremos la relación que se establece entre el órgano judicial y el órgano de recaudación cuando el condenado por un delito contra la Hacienda Pública no satisface voluntariamente la indemnización fijada en la sentencia. Por último, y considerando que nos encontramos ante una próxima reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, puede afectar decisivamente al régimen jurídico de los delitos contra la Hacienda Pública, a modo de conclusión, comentaremos las tendencias que se apuntan en el Derecho Proyectado, en lo que se refiere a la responsabilidad civil derivada de las defraudaciones tributarias con trascendencia penal.

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Se analizan en este trabajo las principales novedades que en las distintas Comunidades Autónomas se han aprobado en los impuestos cedidos. Los tributos que se estudian son fundamentalmente el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. También existen algunas referencias a la tributación sobre el Juego.

En este artículo se tratan dos temas que presentan importantes novedades en el ámbito fiscal:

La presente colaboración versa sobre las modificaciones habidas en 2009 en el Impuesto sobre Sociedades, pero también se analizan ciertos aspectos de la tributación de las rentas del capital en el IRPF en la medida en que guardan relación con el Impuesto sobre Sociedades. En este sentido son traídas a colación la Ley 3/2009, la Ley 11/2009 y la Ley de Presupuestos para 2010.

Pero hay otros boletines que también conciernen, aunque sea de manera indirecta, al Impuesto sobre Sociedades. Así, se examina brevemente la Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 8 de julio de 2009, relativa a la aprobación del régimen holandés group interest box, cuya implementación podría suponer un acicate para las operaciones financieras intra grupo con finalidad fiscal.

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La Administración y los contribuyentes deben probar los hechos sobre los que se apoyan sus respectivas pretensiones. La inversión de la carga de la prueba o la pretendida imposibilidad de aportar pruebas en vía de recurso no exhibidas con anterioridad genera una creciente litigiosidad y puede comportar la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

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Aspectos fiscales de la gestión del cobro de las cuotas de urbanización como ingreso público local. En particular, la afección y la figura del tercer adquirente. Especialidad de un ente público como sujeto deudor

Las empresas de construcción y promoción inmobiliaria están de moda hoy en día, desgraciadamente por algo negativo: la crisis económica. A ellas, como a las haciendas municipales, les afectan los costes y los impagos. Las cantidades adeudadas se llegan a gestionar en común por ambos sujetos, y en la legislación no se clarifican muchos apartados e incidencias prácticas que se dan en la gestión del cobro de las llamadas cuotas de urbanización, como ingreso público típicamente local, ni han sido, salvo en algunos casos doctrinalmente, muy tratadas o tenidas en cuenta, cuando sustentan tanto la financiación de las administraciones, en su labor y responsabilidad urbanizadora, como la de los propios agentes o terceros urbanizadores, que constituyen una parte muy importante de la actividad económica y del tejido empresarial del país.

Aprovechando su estudio en la gestión del cobro, se tratan cuestiones como el régimen tributario aplicable a los ingresos no tributarios, tampoco muy clarificador en la ley, como especialidades en el cobro de un sujeto cuando existe un tercer titular, o cuando se trata de una Administración pública; régimen que hoy en día ha cambiado, a tenor de la nueva normativa fiscal.

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En este artículo se tratan dos temas que presentan importantes novedades en el ámbito fiscal:

• Rendimientos del trabajo en especie. Las retribuciones en especie presentan ventajas fiscales comparadas con las retribuciones dinerarias. Por ello, la DGT intenta reconducir las rentas calificadas como retribuciones en especie a retribuciones dinerarias.
• Retribución de los administradores. Es difícil determinar la remuneración de los mismos.

El Curso de Perfeccionamiento y Actualización Tributaria que se imparte en el CEF ha dedicado una de sus ponencias al estudio de los dos temas planteados.

El presente artículo es un resumen de la conferencia que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2010.

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Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas durante 2009: referencia a los cambios normativos, jurisprudenciales y doctrinales

En el presente artículo los autores analizan las principales modificaciones introducidas en la normativa reguladora del IRPF durante el año 2009, medidas que en su gran mayoría afectarán al ejercicio 2010, si bien algunas de ellas resultarán de aplicación en el propio ejercicio 2009. Al mismo tiempo, se analizan los principales pronunciamientos del Tribunal Supremo acaecidos en 2009, así como la doctrina administrativa más relevante evacuada por la Dirección General de Tributos en materia de IRPF durante dicho año.

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