Jurisprudencia

Declarado inconstitucional el sometimiento a la “plusvalía municipal” de los terrenos transmitidos con pérdidas

Acaba de hacerse público un comunicado del Tribunal Constitucional en el que se anuncia el dictado de una sentencia muy esperada por la opinión pública sobre la tributación por el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de las operaciones en las que el terreno transmitido ha generado una pérdida de valor en el patrimonio del transmitente.

Ni carecer de NIF-IVA, ni constar en el registro de operadores intracomunitarios o en el sistema VIES pueden privar a quien realiza una actividad económica del crédito de IVA

 De nuevo nos llega de manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de su sentencia de 9 de febrero de 2017, otra importante sentencia con un marcado contenido pro contribuyente.

En esta ocasión los hechos nos sitúan en el entorno de las entregas intracomunitarias de bienes -“entregas de bienes expedidos o transportados, fuera de su territorio respectivo pero dentro de la Comunidad, por el vendedor, por el adquiriente o por cuenta de ellos, efectuadas para otro sujeto pasivo, o para una persona jurídica que no sea sujeto pasivo, actuando en su condición de tal en un Estado miembro distinto del de partida de la expedición o del transporte de los bienes” [art. 138.1 Directiva 2006/112/CE del Consejo (Sistema Común del IVA)]-, operaciones exentas del Impuesto del Valor Añadido.

La exención de la Iglesia Católica en el ICIO como ayuda de Estado: una cuestión a análisis en el TJUE

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado un comunicado de prensa a costa de las conclusiones presentadas por el Abogado General en el procedimiento que se está dirimiendo ante él sobre la eventual consideración de ayuda de Estado de las exenciones fiscales de la Iglesia Católica en España -el procedimiento gira entorno al ICIO; sin embargo, a costa de él se analiza la naturaleza jurídica de la exención subjetiva a favor de la Iglesia Católica en general, en el entorno del ordenamiento jurídico de la Unión Europea-.

Según destaca, y conocemos bien dentro de nuestras fronteras, un Acuerdo entre España y el Vaticano de la época anterior a la adhesión de España a la UE -el Acuerdo con la Santa Sede de 3 de enero de 1979 sobre asuntos económicos - establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica. Invocando dicho Acuerdo, la Iglesia Católica solicita en el presente asunto, en su condición de entidad responsable de un colegio religioso cerca de Madrid, la devolución de un impuesto municipal -el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO- por importe de más de 23.000 euros que tuvo que abonar con motivo de unas obras realizadas en el edificio del colegio, edificio que utiliza fundamentalmente para impartir enseñanza obligatoria, equivalente a la enseñanza que se imparte en colegios públicos, cuya mayor parte se financia con cargo a fondos públicos. Ahora bien, también utiliza el edificio para impartir formación voluntaria, por la cual cobra contribuciones escolares.

Selección de jurisprudencia. Febrero 2017 (1ª quincena)

El mero hecho de que un no residente haya percibido unos ingresos en el territorio del Estado miembro donde ejerce su actividad en condiciones más o menos similares a las de los residentes de dicho Estado no basta para hacer que su situación sea objetivamente comparable a la de estos últimos, sino que es preciso además que, debido a la obtención por ese no residente de lo esencial de sus ingresos fuera del territorio de su Estado miembro de residencia, este Estado no pueda concederle las ventajas resultantes de la toma en consideración de todos sus ingresos y de su situación personal y familiar. Por todo ello, el art. 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE debe interpretarse en el sentido de que prohíbe que un Estado miembro cuya legislación tributaria permite la deducción de los «rendimientos negativos» correspondientes a una vivienda deniegue esta deducción a un trabajador por cuenta propia no residente cuando éste percibe en el territorio de este Estado miembro el 60% de sus ingresos totales y no percibe en el territorio del Estado miembro donde se encuentra su vivienda ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente, prohibición que  se aplica a todo Estado miembro de actividad en cuyo territorio perciba el trabajador por cuenta propia ingresos que le permitan invocar allí un derecho a deducción equivalente, en proporción a la parte de estos ingresos percibida en el territorio de cada uno de los Estados miembros de actividad.

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 9 de febrero de 2017, asunto nº C-283/15)

Las liquidaciones provisionales pueden ser modificadas o integradas por una liquidación posterior, al contrario de lo que sucede con una liquidación definitiva. Así, la liquidación derivada de un procedimiento de verificación de datos –como en el caso de autos-, en caso de producirse nuevos hechos o circunstancias, podría desde luego rectificarse, pero también cabe "sustituirla" por una nueva liquidación que sin afectar al elemento comprobado afecte a otro u otros. Por tanto, resulta correcto -tal y como ha sucedido en el presente caso-, que la liquidación provisional resultante de un procedimiento de verificación de datos, pueda ser "sustituida" por la posterior liquidación derivada de un procedimiento de rectificación de la autoliquidación, integrando aquella en la nueva. De todo ello, se desprende que caben sucesivas liquidaciones provisionales sobre una concreta obligación tributaria, viniendo la posterior a modificar o integrar a la anterior y a "sustituirla". Y cabría también, que la anterior liquidación se hubiera ejecutado, por lo que la posterior liquidación provisional o, en su caso, definitiva "sustituiría" a aquella teniendo necesariamente en cuenta a efectos de su confección las consecuencias derivadas de dicho cumplimiento, bien para su modificación en caso de incidir sobre el elemento determinante de aquella liquidación anterior, bien mediante su integración teniendo en cuenta, en su caso, el ingreso ya realizado, como sucede en este caso.

(Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2017, recurso n.º 3972/2015)

La sentencia del Supremo repasa el conflicto en la aplicación de la norma que tiene lugar en sede de los Tribunales Superiores de Justicia que, a partes iguales, reconocen y niegan el derecho a la aplicación de los correspondientes beneficios fiscales cuando no se dispone, en el momento del devengo del Impuesto -la elevación de la escritura pública-, de la calificación de la explotación como prioritaria. Dirime la cuestión el Alto Tribunal, decantándose por que la calificación debe ser previa a la operación, entendiéndose que la misma no deriva de ella y que puede adquirirse con posterioridad.

(Tribunal Supremo, de 19 de enero de 2017, recurso n.º 3676/2015)

Una vez más la Audiencia Nacional nos brinda un argumento en aras de defensa de la buena fe de los contribuyentes, señalando que el hecho de que exista una unidad de criterio en la actuación de la Administración Tributaria en relación con un tipo de operaciones, y que la doctrina administrativa al respecto sea sobradamente conocida, no empece para que el sujeto pasivo pueda legítimamente discrepar de la misma por entender más acertada jurídicamente otra distinta, sin que por ello deba ser ineludiblemente sancionado. A la vista está, una muy útil argumentación a tener presente frente a eventuales procedimientos sancionadores.

(Audiencia Nacional, de 7 de diciembre de 2016, recurso n.º 299/2013)

La falta de aceptación por parte del interesado de la valoración previa comunicada por la Administración no conlleva que ésta se desvincule de la referida valoración, de tal manera que dicha información no impedirá la posterior comprobación administrativa de los elementos de hecho y circunstancias manifestados por el obligado tributario cuando el sujeto pasivo o, en su caso, el solicitante no hayan expuesto de manera veraz los elementos de hecho y las circunstancias comunicadas a la Administración si bien, en ese caso deberá atenerse en principio al importe de la valoración que ella misma comunicó a la actora.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de noviembre de 2016, recurso n.º 580/2015)

No apareciendo Orden Ministerial aplicable el modelo concreto del vehículo adquirido, la Administración acudió a otro vehículo, de la misma marca pero no del mismo modelo sino a uno similar. Pues bien, a juicio del Tribunal, la Administración debió acudir a otro método de valoración dado que el de precios medios recogidos en la Orden Ministerial resultaba inaplicable al no aparecer el litigioso entre los vehículos que en ella se valoran. La Administración tributaria no puede alegar que la actora ha incumplido con las normas de la carga de la prueba que imponen al administrado la necesidad de desvirtuar los informes y pericias llevadas a cabo por el técnico de la Administración, y ello por la sencilla razón de que no obra en el expediente administrativo ninguna pericial efectuada por el personal de la Administración tributaria tendente a valorar concretamente el modelo adquirido. Para que la interesada viniera obligada a proponer una contraprueba en relación a la valoración del vehículo, la Administración debía haber realizado antes una valoración pericial del mismo dado que, insistimos, el vehículo en cuestión no se encuentra incluido en la Orden Ministerial.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 4 de noviembre de 2016, recurso n.º 328/2015)

Se aprecia un atisbo de desviación de poder en el inicio de actuaciones inspectoras, esto es, la selección de los obligados tributarios fue individualizada, lo que determina la anulación de los acuerdos de liquidación y sancionador. Esto es así por el pertinaz propósito de presentar unas actuaciones como realizadas en fechas que no se corresponden con la realidad. Se dictaron hasta tres comunicaciones de inicio y el procedimiento se inició de oficio sin orden de carga en plan puesto que esta orden tenía por fecha un día posterior al acuerdo de inicio; además, no era posible la subsanación de ese defecto mediante el acto de liquidación dictado por el Jefe de la Dependencia de Gestión, precisamente por ese atisbo de arbitrariedad y por un comportamiento contradictorio e inmotivado en el rechazo de la causa de recusación del actuario con el representante de la entidad.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede en Valladolid), de 2 de noviembre de 2016, recurso n.º 338/2015)

Si el procedimiento inspector se inicia con posterioridad al acto de supuesta colaboración para una enajenación u ocultación de bienes que eludan el pago de la deuda tributaria, en este caso, la donación de bienes, no existe responsabilidad solidaria alguna, cualquiera que sea la fecha del devengo del tributo. Así lo ha declarado el Tribunal Superior de Justicia de Las Islas Canarias, puesto que una deuda tributaria sólo existe cuando se ha determinado una cantidad a ingresar.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas), de 13 de septiembre de 2016, recurso n.º 151/2014)

No se puede entender una equiparación entre la anualidad por alimentos a los hijos que menciona el art. 75 Ley 35/2006 (Ley IRPF) y los destinados estrictamente al sustento de los hijos, toda vez que aquel concepto engloba los gastos médicos, de transporte, vestuario, material escolar o deportivo, y cualesquiera otros gastos indispensables para atender al sostenimiento y educación de los descendientes.

(Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de enero de 2017, recurso n.º 498/2015)

Una vez más sale a la palestra una sentencia en materia de responsabilidad contractual del asesor fiscal respecto de sus clientes. Es el caso del abogado de turno en esta sentencia, quien descuidó hasta el extremo su deber de diligencia a la hora de atender los diferentes requerimientos u oportunidades procesales puestos a disposición de su cliente, argumentando tarde y mal su razón de ser, demostrando con ello un desconocimiento de las más elementales normas en materia de procedimiento administrativo, inteligibles para quien incluso no lo es.

(Audiencia Provincial de Madrid, de 14 de noviembre de 2016, recurso n.º 527/2016)

Es necesario el examen personal del bien a valorar por parte del perito para entender correctamente realizada la valoración

La cuestión relativa a la necesidad de efectuar una visita al inmueble ha sido analizada con detalle por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en múltiples sentencias como la de 8 de marzo de 2016, recurso n.º  151/2014, dictadas a la vista de la STS de 26 de noviembre de 2015, recurso n.º 3369/2014. En estas sentencias se expone que la nueva sentencia del Tribunal Supremo ha obligado a la Sala a reformular su criterio sobre el requisito de la visita personal del perito y la justificación de la adecuación de los testigos empleados en el método de comparación.  En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 24 de noviembre de 2016, además de seguir este nuevo criterio se incluye un voto particular de uno de sus magistrados.

Ganancias patrimoniales derivadas de indemnizaciones de seguro: el valor de reparación del daño no equivale necesariamente al valor de adquisición

Pocos pronunciamientos podemos encontrar sobre la cuestión de la tributación de las indemnizaciones obtenidas de las compañías aseguradoras en supuestos de siniestros contra bienes patrimoniales. Por ello, es de interés la recientemente dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, con fecha 21 de diciembre de 2016.

Selección de jurisprudencia. Enero 2017 (2ª quincena)

En efecto, según el TJUE, cuando en el seno de una persona jurídica, uno de sus empleados, que no es su representante legal, ocasiona la introducción irregular de una mercancía en el territorio aduanero de la Unión, puede ser considerada deudora de la deuda aduanera generada por dicha introducción cuando dicho empleado introdujera la mercancía de que se trata respetando el marco de la misión que su empresario le confió y ejecutando las órdenes que le dio a tal fin otro empleado de éste, facultado al efecto en el ejercicio de sus propias funciones, actuando así dentro de sus atribuciones, en nombre y por cuenta de su empresario. Asimismo, entiende que, para caracterizar respecto de un empresario, persona jurídica, una maniobra fraudulenta, no hay que atenderse exclusivamente al propio empresario, sino que procede imputar también a éste el comportamiento del empleado o empleados que, respetando el marco de la misión que su empresario les confió, causaron la introducción irregular de mercancías.

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 25 de enero de 2017, asunto nº C-679/15)

Si bien es cierto que el art. 241 del Código Aduanero Comunitario señala que la devolución por parte de las autoridades aduaneras de derechos de importación no da lugar al pago de intereses, el Tribunal -asumiendo los postulados del Abogado General-, señala que ese artículo debe ser entendido como aplicable al supuesto en que una vez que la autoridad aduanera ha concedido el levante de las mercancías de que se trate, posteriormente se ponga de manifiesto que debe reducirse el importe de la liquidación inicial de los derechos de importación. Sin embargo, esa norma no resulta aplicable, y por tanto sí hay derecho al interés, en el caso en que la devolución deriva de una exacción realizada con infracción del Derecho de la Unión, como es el caso, en que se recauda con fundamento en una norma posteriormente declarada contraria a la ley.

(Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero de 2017, asunto nº C-365/15)

El Supremo reprocha a la Audiencia Nacional su desatención al carácter y naturaleza jurídica del art. 174.5 Ley 58/2003 (LGT) como norma declarativa de derechos y no procedimental. Se trata de una norma sobre el derecho de los declarados responsables a solicitar la revisión de las liquidaciones de las que trae origen su declaración de responsabilidad que, en su redacción original, reconoció a los responsables solidarios, pero que les fue privada a raíz de la reforma operada en el citado artículo por la Ley 36/2006. Pues bien, señala el Supremo que estamos ante un derecho adquirido, que no pierden los responsables con la reforma, al tratarse ésta de una norma declarativa de derechos que, por definición, sólo puede producir efectos hacia el futuro, a partir de su entrada en vigor.

(Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, recurso nº 2629/2015)

No es la primera vez que lo dice el Tribunal Supremo, aunque bien es cierto que en esta sentencia lo hace de un modo más rotundo y teniendo en cuenta un comportamiento más reprochable tanto en sede de la Administración como del Tribunal de instancia a raíz de la falta de consignación en su declaración del Impuesto sobre el Patrimonio de la existencia de un préstamo, no concedido a título personal para el sujeto pasivo, sino para que se constituyera una fianza por responsabilidades civiles de las sociedades.

(Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de 2016, recurso nº 348/2016)

El Tribunal estima el recurso contra la denegación de la aplicación de la Reserva para Inversiones en  Canarias (RIC) a una entidad que aportó fincas rústicas a una junta de compensación sin haber iniciado aun las obras de urbanización. Mientras el TEAC consideró que al no haberse llevado a cabo obras de urbanización en las parcelas transmitidas no podían considerarse afectas a una actividad económica y, en consecuencia, los rendimientos obtenidos en la transmisión no se incluían en la base de la RIC, la Audiencia Nacional, aplicando doctrina consolidad del Tribunal Supremo, entiende que no se precisa el inicio de la ejecución material de la urbanización para que pueda hablarse de actividad de promoción inmobiliaria, pues la aportación de las fincas a la junta entraña la realización de una actividad de promoción. Sin embargo, en la sentencia se rechaza que los dividendos percibidos por la participación en el capital de una entidad puedan incluirse en la base de la RIC, dado que la inversión no procedía de la gestión ordinaria de excedentes de tesorería.

(Audiencia Nacional, de 27 de octubre de 2016, recurso nº 534/2015)

Nos encontramos con una sola licencia que afecta a todos los adosados, pero lo esencial no radica en la técnicamente posible fragmentación de la edificación, sino que juntamente con la construcción se exigía a la actora la realización de una obra urbanizadora, que afectaba necesariamente a todo el conjunto por lo que, la terminación del mismo, no puede entenderse materialmente realizada hasta tanto y cuanto la obra urbanizadora esté terminada y aceptada de forma expresa o tácita por la Administración. La obra urbanizadora, formada por el alcantarillado, la red de agua potable, la electrificación, el alumbrado y la telefonía y comunicación, esta Sala entiende que estaba integrada en la licencia, en la medida en que condicionaba la edificación, que no podía jurídicamente ser ocupada hasta que esa obra estuviera concluida. Por otra parte, la obra urbanizadora no es separable de la edificación de los adosados; forman un todo, hasta el punto de que la edificación carece de sentido si la obra urbanizadora no está hecha y tiene una manifiesta vocación de permanencia como el edificio mismo. Por la Sala entiende que el importe de la obra urbanizadora si debe formar parte de la base imponible. Por otro lado,  deben ser excluidos de la base imponible los siguientes conceptos: beneficio empresarial del contratista, gastos generales, seguridad y salud, control de calidad, muebles de baño,  de cocina y electrodomésticos, termos eléctricos y cajas fuertes.

(Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 7 de octubre de 2016, recurso nº 1224/2011)

El tributo sobre el juego debe excluirse para el cómputo de la cifra neta de negocios, dado que se ha de considerar que es un impuesto directamente relacionado con ésta ya  que en el juego del bingo la base imponible estará constituida por el importe del valor facial de los cartones adquiridos descontada la cantidad destinada a premios. En la modalidad de juego del bingo electrónico, la base imponible estará constituida por el importe jugado descontada la cantidad destinada a premios. Por tanto estamos ante un impuesto directamente relacionado con dicha cifra, que viene a su vez a ratificar la consideración de que la cifra neta ha de computarse atendiendo al valor facial de los cartones descontada la cantidad destinada a premios, por todo lo cual se ha de concluir, que procede declarar la exención de la recurrente del IAE para los ejercicios 2006 a 2009, si bien respecto a la procedencia de la devolución de los ingresos indebidos correspondientes a los dos ejercicios reclamados, la competencia para la devolución, en virtud de la declaración de aplicación de exención declarada en esta sentencia, corresponde al Ayuntamiento.

(Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede en Burgos), de 16 de septiembre de 2016, recurso nº 215/2015)

Los gastos fiscalmente deducibles, la existencia de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles y la valoración de operaciones vinculadas pueden ser objeto de impugnación, aunque la regularización se hubiere efectuado mediante acta de conformidad. El Tribunal contencioso corrige el criterio del tribunal económico-administrativo que no admitió que se impugnasen esas cuestiones porque al no haberse acreditado que se hubiera incurrido en error de hecho, los hechos a los que se prestó conformidad deben darse por ciertos. El TSJ considera, en cambio, que las cuestiones anteriores (gastos deducibles, existencia de actividad económica y valoración de operaciones vinculadas) constituyen operaciones netamente jurídicas en cuanto comportan la subsunción del hecho de la realidad en el presupuesto de hecho de la norma. En relación con la valoración de las operaciones vinculadas, el tribunal acepta la alegación de la entidad de que no se advirtió de su derecho a plantear la tasación pericial contradictoria, únicamente se le informó de su derecho a presentar los recursos de reposición y reclamación económico-administrativa, por lo que se estimó el recurso.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Santa Cruz de Tenerife), de 22 de julio de 2016, recurso nº 185/2015)

La actividad de producción de energía eléctrica fotovoltaica desarrollada a través de planta solar cuya gestión y explotación se realiza mediante una Agrupación de Interés Económico (AIE), se considera ejercida individualmente por los socios de la AIE, como actividad de naturaleza económica, pues supone la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, sin que sea óbice la ausencia de desplazamiento físico de los socios al lugar de explotación, a tenor del hecho de que el proceso se fundamenta en un sistema de telemetría incorporado en el proyecto del parque solar. La sentencia se aparta del criterio de la DGT que en consulta vinculante había calificado los rendimientos obtenidos como del capital mobiliario.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas), de 7 de junio de 2016, recurso nº 107/2015)

La nueva Ley de procedimiento administrativo eleva a la categoría de norma la jurisprudencia sobre el cómputo de los plazos en meses-años

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 9 de noviembre de 2016 destaca, no por su previsible conclusión jurídica, pero sí por la fundamentación que conduce a la misma.

El tema a debate es el del cómputo de los plazos fijados en meses o en años, del que destaca que ha generado una abundante jurisprudencia que nació del Tribunal Supremo y que ha sido aceptada unánimemente por los tribunales, en el sentido de que el cómputo de esos plazos termina el mismo día hábil del mes/año siguiente al que se ha recogido la notificación.

El carácter reparador del canon digital le sitúa fuera del hecho imponible del IVA

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero de 2017, recoge la visión del tribunal europeo sobre la tributación de uno de los instrumentos “recaudatorios” más polémicos de los últimos años, el canon digital.

Como bien es conocido, el concepto de canon digital responde a un gravamen sobre la producción e importación de soportes vírgenes y de aparatos de grabación y de reproducción, que será posteriormente distribuido entre los autores, productores o editores de las obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, al objeto de compensarles por la pérdida de ingresos potenciales que sufrirán por la reproducción no controlada de sus obras a través de esos soportes o aparatos.

Tras una sucesión de errores, un ayuntamiento gira 87 liquidaciones por el IIVTNU por la permuta de una finca

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Las Palmas) en su sentencia de  9 de mayo de 2016, anula las ochenta y siete liquidaciones que se giraron al transmitente de una finca que fue objeto de permuta, por el Ayuntamiento, el que probablemente suponiendo que había prescrito su derecho a liquidar, no se limitó a sustituir las liquidaciones previamente anuladas por otra/s referida a los mismos terrenos, sino que giró ochenta y siete en las que da la impresión,  pues nada se explica, están referidas a cada uno de los inmuebles construidos en la finca permutada, lo cual poco tiene que ver con el hecho imponible del IIVTNU. Con independencia del grado de nulidad de las liquidaciones declaradas nulas, lo decisivo en el caso es que estamos ante una sucesión de errores - difícilmente imaginable-- que entran en abierta contradicción con los elementales principios de buena administración, que no debe soportar el obligado tributario y que rompen el principio de proporcionalidad que debe presidir la aplicación del sistema tributario.

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