Jurisprudencia

Selecci贸n de jurisprudencia. Febrero 2016 (2.陋 quincena)

La plusval铆a del muerto tampoco se grava en caso de pacto sucesorio

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2016, somete a an谩lisis, m谩s all谩 del caso concreto de los autos 鈥搎ue tiene que ver con la instituci贸n de Derecho Civil Foral de Galicia denominada apartaci贸n- la naturaleza jur铆dico-tributaria de los pactos sucesorios para, en consecuencia, determinar cu谩l es su tributaci贸n no s贸lo en lo que tiene que ver con el Impuesto sobre Sucesiones sino, en especial, con el Impuesto sobre la Renta de las Personas F铆sicas por la coloquialmente conocida como 鈥減lusval铆a del muerto鈥.

Los pactos sucesorios son acuerdos hechos en vida del futuro causante que suponen actos de disposici贸n sobre sus bienes, con cargo y en adelanto de la que ser谩 su herencia. En nuestro territorio nacional convive la aplicaci贸n de diferentes tipos de Derecho Civil: el com煤n, el especial y el foral. Por ello, instituciones como el pacto sucesorio, prohibido en Derecho Civil Com煤n, no est谩 en contradicci贸n con la permisibilidad de esta figura en las otras categor铆as del Derecho Civil.

La falta reiterada de beneficios no lleva aparejada necesariamente la consideraci贸n de la inexistencia de actividad econ贸mica

La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016, a pesar de su concisi贸n, encierra una serie de consideraciones interesant铆simas en lo que tiene que ver con el ejercicio de actividades econ贸micas. Adem谩s, el hecho de haber sido dictada en recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina, le da un valor a帽adido.

La primera y gran aportaci贸n tiene que ver con si las p茅rdidas econ贸micas reiteradas en el desarrollo de una concreta actividad econ贸mica pueden hacer perder a 茅sta su objeto, al considerarse no rentable.

ICIO: Instalaci贸n de planta fotovoltaica (ampliaci贸n o reducci贸n del Proyecto inicial)

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Tenerife) en su Sentencia de 20 de noviembre de 2015 entendi贸 que se hab铆a producido la prescripci贸n del derecho del Ayuntamiento a liquidar la obra correspondiente a la primera fase del proyecto ya que pudo girar la correspondiente liquidaci贸n desde que tuvo constancia de la terminaci贸n de esas obras que es el hecho que determina el inicio del plazo de la prescripci贸n. En el caso de autos, la liquidaci贸n impugnada se refiere a un聽 Proyecto de instalaci贸n de planta fotovoltaica ejecutado en dos fases.

La licencia inicial autoriz贸 un proyecto de 2.5 MW y se gir贸 liquidaci贸n provisional. El聽 18 de septiembre de 2008 se solicit贸 licencia de ocupaci贸n respecto de la fase 1陋 que es la parte de la obra que se hallaba terminada aportando el certificado final de obras, que fue otorgada posteriormente sin objeci贸n alguna y el 1 de octubre de 2008 se autoriz贸 la licencia de actividad. El 1 de diciembre de 2008 la entidad solicit贸 una modificaci贸n del proyecto para su ejecuci贸n en dos fases: una primera de 1.2 MW que ya se hab铆a terminado; y la segunda de 1.3 MW correspondiente al resto de las instalaciones previstas en el proyecto inicial. La ejecuci贸n en dos fases obtuvo autorizaci贸n municipal el 5 de marzo de 2009.

El TSJ de La Rioja confirma sanci贸n por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en su sentencia de 3 de diciembre de 2015 confirma la sanci贸n que se impone al reclamante por el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo que impone la Ley 7/2012 (Modificaci贸n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci贸n de la normativa financiera para la intensificaci贸n de las actuaciones en la prevenci贸n y lucha contra el fraude), por importe de 13.249,50 euros.

La Universidad termina en el Supremo la batalla legal contra la Administraci贸n por la deducibilidad del IVA soportado en la actividad de investigaci贸n b谩sica

La confrontaci贸n a la que pone fin (al menos principio del fin, puesto que estamos ante un primer pronunciamiento del Tribunal Supremo en la materia) la sentencia de 16 de febrero de 2016, anunciada ayer, pero a煤n no publicada, por el propio Consejo General del Poder Judicial- viene de muy atr谩s y enfrenta a Administraci贸n tributaria y la Universidad, entendida 茅sta como colectivo.

Algunos aspectos del r茅gimen h煤ngaro de tarjetas a empleados no son compatibles con el Derecho de la Uni贸n

Constituyen un obst谩culo a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci贸n de servicios

La legislaci贸n tributaria h煤ngara ofrece a los empresarios la posibilidad de conceder a sus trabajadores, en condiciones fiscalmente ventajosas, instrumentos que les permiten tener acceso a trav茅s de terceros, y sin tener que abonar a 茅stos una remuneraci贸n, a diversas prestaciones en especie en forma de determinados servicios y productos. No obstante, esa misma legislaci贸n establece tambi茅n que 煤nicamente la tarjeta de ocio SZ脡P (en lo que respecta a las prestaciones de alojamiento, actividades de ocio y de restauraci贸n) y los vales de comida Erzs茅bet (para la compra de comida lista para el consumo) pueden dar acceso a esas ventajas fiscales.

El TC anula un art铆culo de la Ley Gallega de medidas fiscales por invadir la competencia del Estado en relaci贸n con dos impuestos cedidos: ISD e ITP y AJD

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra dos art铆culos de la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. El Tribunal declara la inconstitucionalidad, 聽y聽 consiguiente 聽nulidad, 聽del聽 art. 聽27.5 聽de 聽la 聽norma 聽recurrida 聽por entender que invade competencias del Estado en la regulaci贸n de dos tributos cedidos; por el contrario, considera que el art. 84, referido a la caducidad de concesiones mineras, es acorde 聽con 聽la 聽Constituci贸n 聽y聽 con 聽el 聽Estatuto 聽de 聽Autonom铆a. 聽Ha 聽sido 聽ponente 聽de 聽la sentencia el Magistrado Juan Jos茅 Gonz谩lez Rivas.

El Supremo anula la norma que regula el diferimiento de la recaudaci贸n del IVA relativo a las importaciones en el inciso que permite exclusivamente optar por 茅l a quienes tributan para la Hacienda del Estado

A煤n pendiente de su publicaci贸n en el BOE, la sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2016, anula inversamente 鈥揳 trav茅s de la norma que le dio redacci贸n- el contenido del art. 74.1 RD 1624/1992 (Rgto IVA) en su redacci贸n actual.

Efectivamente, se anula el apartado diecinueve del art铆culo primero del RD 1073/2014 [Modifica el RD 1624/1992 (Rgto IVA), el RD 1065/2007 (Rgto de gesti贸n e inspecci贸n tributaria), y el RD 1619/2012 (Obligaciones de facturaci贸n)] en cuanto da redacci贸n a ese art. 74.1 del siguiente modo:

Art铆culo 74.Recaudaci贸n del Impuesto en las importaciones.

1.聽La recaudaci贸n e ingreso de las cuotas tributarias correspondientes a este Impuesto y liquidadas por las Aduanas en las operaciones de importaci贸n de bienes se efectuar谩n seg煤n lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudaci贸n.

El TS establece que el Estado deber谩 indemnizar a los perjudicados por las cantidades abonadas durante la vigencia del "c茅ntimo sanitario"

En las dos primeras sentencias (350/2016 y 351/2016) dictadas sobre esta materia -cuyo fallo estimatorio se avanz贸 el pasado 26 de enero-, el Supremo recoge otras tres bases para fijar las indemnizaciones, las dos primeras para evitar un enriquecimiento injusto

El Supremo establece que las indemnizaciones por el 鈥榗茅ntimo sanitario鈥 que debe pagar la Administraci贸n General del Estado son la suma, en relaci贸n a cada perjudicado, de todas las cantidades que abon贸 durante la vigencia de dicho impuesto contrario al derecho de la Uni贸n Europea, que entr贸 en vigor en 2002, y que reclam贸 en su recurso contencioso-administrativo.

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