TSJ

Las acciones y fondos de inversi贸n no pignorados. No se tendr谩n en cuenta a la hora de calcular la reducci贸n de la base imponible en el ISD

El 聽Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n (Sede en Valladolid), en su sentencia de 30 de noviembre de 2011, rechaza el c贸mputo de acciones y fondos de inversi贸n que no han sido pignorados en el activo a efectos de calcular la reducci贸n del 95 por ciento de la base imponible para determinar la liquidable, porque no constituyen en s铆 mismos, y en principio, una actividad econ贸mica, pues no suponen la ordenaci贸n por cuenta propia de los medios de producci贸n y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producci贸n o distribuci贸n de bienes, ni son medios necesarios para la obtenci贸n de los rendimientos derivados de una actividad que pueda calificarse como econ贸mica.

La interesada intent贸 acreditar la afecci贸n de las acciones con cotizaci贸n y los fondos de inversi贸n a la actividad econ贸mica de la empresa alegando que los dividendos que producen las acciones se ingresan en cuentas bancarias de la sociedad, por lo que contribuyen a la obtenci贸n de rendimientos de la misma, y porque los fondos de inversi贸n constituyen un excedente financiero de la sociedad y se utilizan para financiar o afianzar sus inversiones, como lo evidencia, a su entender, que a fecha 22 de diciembre de 2004 la totalidad de los fondos de inversi贸n estaban pignorados.

El TSJ de Andaluc铆a no admite el valor asignado de tasaci贸n como valor comprobado si no se adjunta el informe de tasaci贸n en el expediente

El 聽Tribunal Superior de Justicia de Andaluc铆a, en su sentencia de 3 de noviembre de 2011, declara no conforme a Derecho la liquidaci贸n girada por la Administraci贸n auton贸mica utilizando el valor asignado para la tasaci贸n de las fincas hipotecadas.

No puede admitirse como justificada la comprobaci贸n del valor en la cantidad de tasaci贸n, pues el documento de valoraci贸n de la sociedad de tasaci贸n no se encuentra en el expediente administrativo, de ah铆, que su ausencia no pueda ser suplida por el contendido te贸rico de los preceptos referidos, antes al contrario la inexistencia del documento es determinante de la falta justificaci贸n de la comprobaci贸n.

Esta liquidaci贸n no est谩 motivada y no puede obtener su respaldo legal en el art. 57.1.g) de la Ley 58/2003 (LGT), en la medida en que en el expediente no consta el documento de valoraci贸n de la sociedad de tasaci贸n a efectos de la garant铆a hipotecaria del pr茅stamo para su financiaci贸n.

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La nulidad del expediente de contrataci贸n, al ser posterior al devengo del ICIO no afecta a la obligaci贸n tributaria

El 聽Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha declarado en su sentencia de 13 de diciembre de 2011, que la nulidad del expediente de contrataci贸n no afecta a la obligaci贸n tributaria, puesto que la nulidad se produce en un momento posterior al devengo del Impuesto y adem谩s se realizaron una serie de obras que dieron lugar a una posterior liquidaci贸n entre empresa y Administraci贸n.

Los impuestos y tributos se configuran como obligaciones legales y no como prestaciones personales voluntarias contractuales. Producida la nulidad de un acto administrativo o de un procedimiento, habr谩 que estar a cada caso concreto y en materia impositiva, al hecho imponible en cuesti贸n.

El TSJ de Galicia no admite el valor asignado para la tasaci贸n de las fincas hipotecadas como valor comprobado

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en su sentencia de 26 de diciembre de 2011, declara no conforme a Derecho la liquidaci贸n girada por la Administraci贸n auton贸mica utilizando el Valor asignado para la tasaci贸n de las fincas hipotecadas.

En este caso el valor declarado sobrepasa ampliamente el informado por la Administraci贸n a efectos del art. 90 LGT, sin que pueda aceptarse la tesis de la resoluci贸n recurrida en orden a que dicha valoraci贸n s贸lo es vinculante para la Administraci贸n en el plazo de tres meses.

En definitiva, la cuesti贸n no se suscita en orden al car谩cter vinculante de la valoraci贸n, sino a la ineficacia como medio de comprobaci贸n, pese a manejar, seg煤n expresamente reconoce, las valoraciones a efectos hipotecarios lo que exige entonces acreditar que el valor del bien transmitido se ha elevado entre el fin del per铆odo de vinculaci贸n a la Administraci贸n y la fecha del devengo, en el modo que defiende el criterio de comprobaci贸n elegido.

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Ganancia patrimonial en la disoluci贸n de una comunidad de bienes por la compensaci贸n en importe superior a la cuota de participaci贸n

La sentencia de 25 de noviembre de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le贸n se帽ala que en la disoluci贸n de una comunidad de bienes habiendo sido compensado el sujeto pasivo en met谩lico por un importe superior a la cuota de participaci贸n en la misma se produce una ganancia patrimonial al haberse producido una actualizaci贸n del valor de los bienes que integraban dicha comunidad.

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Los TSJs se lanzan a inaplicar la norma interna en base a CDIs con cl谩usula de no discriminaci贸n

De ello es buen ejemplo la sentencia, de 14 de septiembre de 2011, del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, que haci茅ndose eco de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en la materia, aplica la cl谩usula de no discriminaci贸n de los Convenios para evitar la doble imposici贸n, en este caso el de EE.UU, para situar al contribuyente no residente protegido por un Convenio que contiene ese tipo de cl谩usula en una situaci贸n equivalente a la del contribuyente residente, a costa de inaplicar la norma interna correspondiente.

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Los gastos generales y el beneficio industrial de los proveedores del contratista no deben incluirse en la base imponible del ICIO

Los gastos generales y el beneficio industrial de los proveedores del contratista no deben incluirse en la base imponible del ICIO aunque no se hubieran incluido o no aparecieran desglosados en el presupuesto inicial aportado al Ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la liquidaci贸n girada por un Ayuntamiento en la que en la base imponible del Impuesto incluy贸 los gastos generales y el beneficio industrial de los proveedores del contratista, no debiendo ser incluidos en la base imponible del impuesto, porque en el momento de la declaraci贸n inicial no fueron incluidos en el presupuesto aportado al Ayuntamiento para efectuar la oportuna declaraci贸n, ni ven铆an desglosados de las cantidades de tales presupuestos. No puede admitirse la afirmaci贸n del Ayuntamiento que sostiene que si en el presupuesto no aparece partida alguna referida a los citados conceptos de gastos generales y de beneficio industrial, no procede realizar ninguna deducci贸n en la base imponible del impuesto por dichas partidas, pues dif铆cilmente se puede deducir algo que no est谩 especificado y consignado en el presupuesto de ejecuci贸n material. Esto no puede admitirse ya que en un documento mercantil como las facturas, exhaustivamente regulado por los efectos tributarios y mercantiles que comporta, el 煤nico desglose que se estima necesario que aparezca es el de las cuotas de los impuestos retenidos o repercutidos y no se dice nada entre los requisitos exigibles a las facturas acerca de que deba consignarse el importe de los gastos generales o del beneficio industrial, en el sobreentendido de que tales conceptos se hallan ya incluidos en los importes finales facturados.

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La Administraci贸n est谩 obligada a notificar telem谩ticamente si se elige este medio como preferente para recibir notificaciones

La sentencia de 7 de junio de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contiene una importante aclaraci贸n sobre la redacci贸n del art. 27.2 Ley 11/2007 (Acceso electr贸nico de los ciudadanos a los servicios p煤blicos), el cual establece que 鈥渓as Administraciones P煤blicas utilizar谩n medios electr贸nicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que as铆 lo hayan solicitado o consentido expresamente鈥.

El Tribunal se帽ala que de la dicci贸n literal de este art铆culo se concluye que la notificaci贸n electr贸nica ser谩 obligatoria cuando los ciudadanos opten por este medio como preferente para recibir comunicaciones.

De esta forma, a partir de la fecha de alta del contribuyente en el Servicio de Notificaciones Telem谩ticas de la Agencia Tributaria, la Administraci贸n no podr谩 elegir el medio de notificaci贸n, que necesariamente ser谩 por v铆a telem谩tica y s贸lo se聽 emplear谩 otro distinto cuando no sea posible utilizar el medio preferente.

En definitiva, los t茅rminos 鈥渦tilizar谩n medios electr贸nicos" empleados por la norma son, a juicio del Tribunal, los que determinan que este sistema de notificaci贸n responda a la naturaleza jur铆dica de una obligaci贸n y no de una opci贸n, en cuyo caso los t茅rminos "podr谩n utilizar" habr铆an sido los m谩s adecuados.

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Los 贸rganos de gesti贸n no pueden oponerse a que la inspecci贸n compruebe la contabilidad

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, en sentencia de 1 de junio de 2011, analiza el caso de un contribuyente que est谩 siendo sometido a un procedimiento de comprobaci贸n limitada sobre una autoliquidaci贸n de IVA en la que se aprecian discrepancias respecto a ciertas cantidades deducidas en sectores diferenciados. El contribuyente aporta e invoca la contabilidad para explicar por qu茅 sus sectores de actividad deben considerarse sectores diferenciados pero, da la impresi贸n de que la Administraci贸n, al hallarse en un 谩mbito de mera gesti贸n y no de inspecci贸n, quiera zanjar la cuesti贸n sobre la base exclusiva de los libros del IVA. Ante esta situaci贸n, el Tribunal concluye que si los datos que constan en dichos libros no son suficientes para establecer la imputaci贸n de facturas a un sector u otro, la Administraci贸n tributaria no puede hacer o铆dos sordos a la documentaci贸n que le presenta el contribuyente y, si necesita abrir un procedimiento de inspecci贸n para verificar la realidad de esta imputaci贸n, as铆 deber铆a haberlo hecho y no negarse a su examen.

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Procedencia de la aplicaci贸n de la reducci贸n por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda cuando el arrendatario es persona jur铆dica

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia de 5 de julio de 2011 considera que en un contrato de arrendamiento de vivienda que fue suscrito por una entidad como parte arrendataria y en el que se manifiesta expresamente que la finalidad del contrato es para su destino como vivienda permanente y exclusiva de una persona empleada de dicha entidad, procede la aplicaci贸n de la reducci贸n por arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda en IRPF.

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