España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido reclaman iniciativas legales contra la planificación fiscal agresiva
El G-5 ha reforzado su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal y el intercambio de información tributaria, en una reunión de alto nivel celebrada en París. Al término de la misma, los ministros de Finanzas y/o Economía de los cinco países han suscrito un comunicado conjunto sobre fraude y evasión fiscal, y una declaración conjunta sobre intercambio de información tributaria.
En relación al comunicado, el G-5 muestra su apoyo al proyecto BEPS -Base Erosión and Profit Shifting, en inglés- de la OCDE, ratificado por el G-20, para evitar la erosión de bases imponibles a escala internacional y la transferencia artificial de beneficios empresariales.
El G-5 entiende que deben incluirse en el proyecto una serie de propuestas:
- Economía digital. Los países en donde las empresas relacionadas con la economía digital desarrollan sus actividades deben poder obtener una parte proporcional de la recaudación fiscal ligada a las mismas.
- Precios de transferencia. Los llamados 'precios de transferencia' establecen la valoración de las transacciones realizadas entre entidades vinculadas en diferentes países. El G-5 cree necesario revisar las normas sobre precios de transferencia para asegurar que los beneficios se gravan donde se produce la creación de valor. Una parte del trabajo se llevará a cabo sobre los llamados intangibles que, dado su elevado valor, su difícil valoración y el hecho de ser fácilmente deslocalizables, pueden ser utilizados para desviar bases imponibles y minimizar la tributación.
- Híbridos. El G-5 está de acuerdo en acordar reglas contra los efectos de ciertos instrumentos que, dada su naturaleza de híbridos (tienen un tratamiento distinto en un país de otro), pueden dar lugar a situaciones de "doble no imposición" –desimposición-.
- Abuso de tratados. El G-5 considera que los beneficios de los convenios para evitar la doble imposición entre dos países deben ser denegados en los casos en los que se demuestre que los contribuyentes estén abusando de los mismos. El objetivo es evitar que se consigan indebidamente los beneficios contenidos en un convenio y, por tanto, reducir la carga impositiva sin que la transacción tenga motivos económicos válidos.
- Foro de Prácticas Fiscales Perjudiciales. El G-5 cree necesario que continúe el trabajo del Foro, especialmente sobre regímenes preferenciales y en materia de transparencia.
- Información "país por país". El G-5 considera relevante realizar este tipo de informes, que incluyan tanto información fiscal como otro tipo de información necesaria para poder realizar análisis de riesgos. Se trata de que los Estados reciban la información de las multinacionales sobre cómo reparten su carga tributaria en distintos países. El objetivo es detectar los casos en los que una empresa realiza un reparto de su carga impositiva desviándola artificialmente de donde se crea valor.
El G-5 considera que todo este tipo de iniciativas relacionadas con la erosión de bases imponibles deben extenderse especialmente en el ámbito de la Unión Europea por ser un espacio en el que tiene limitada la fiscalidad sobre los pagos trasfronterizos. De esta forma, el G-5 reclama expresamente a la Comisión Europea, que inicie cambios legislativos sobre las directivas comunitarias relacionadas con la fiscalidad empresarial, con el ánimo de evitar esquemas de planificación fiscal agresiva.
El G-5 además, refuerza su compromiso a favor de la extensión a nivel internacional de un modelo de intercambio de información tributaria, de forma automática y estandarizada. El compromiso parte del proyecto piloto puesto en marcha precisamente hace un año por el G-5, siguiendo el modelo de acuerdo FATCA adoptado por estos cinco países con EEUU. Hasta el momento otras 39 jurisdicciones de todo el mundo han hecho público ya su compromiso con este modelo, que sigue también los estándares de la OCDE.
Los 44 países y jurisdicciones que, hasta ahora, han alcanzado el compromiso de intercambio de información automático y estandarizado son los siguientes: Argentina, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, México, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia y Reino Unido. Asimismo, las dependencias de la Corona del Reino Unido de Isla de Man, Guernsey y Jersey, y los territorios de ultramar del Reino Unido de Anguila, Islas Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Gibraltar, Montserrat e Islas Turcas y Caicos.
Fuente: La Moncloa