Estatal

Los ámbitos afectados son los relativos a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales, incluyendo las obligaciones de expedición, remisión, recepción y conservación de facturas electrónicas, las condiciones de interoperabilidad e interconexión entre plataformas, la comunicación de estados de las facturas, el control de los plazos de pago en operaciones comerciales, así como la implantación y funcionamiento de la solución pública de facturación electrónica gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la modificación del Reglamento de facturación.

El 31 de marzo de 2026 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, por el que se desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales y por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Los impuestos afectados son los siguientes: IRPF, IVA, IS, ITP y AJD, Impuesto sobre Hidrocarburos, Impuesto Especial sobre la Electricidad, Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, IAE, IBI, ICIO, Régimen Local y Tasas.

El 21 de marzo de 2026 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El conflicto militar iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel frente a Irán ha generado importantes efectos económicos globales, especialmente en los mercados energéticos, debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz y a la afectación de infraestructuras estratégicas de gas y petróleo. Como consecuencia, los precios del crudo y del gas han experimentado fuertes subidas y elevada volatilidad.

El Gobierno de España, en línea con actuaciones adoptadas en crisis anteriores como la guerra de Ucrania, ha aprobado un Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Este plan incluye medidas coyunturales -reducción de la fiscalidad energética, refuerzo del bono social, prohibición de cortes de suministro y ayudas a sectores afectados- y medidas estructurales destinadas a acelerar la transición energética, impulsar las renovables y aumentar la capacidad de almacenamiento. El objetivo es mitigar los efectos económicos y sociales inmediatos del conflicto y reforzar la resiliencia energética a largo plazo, protegiendo especialmente a los hogares y sectores más vulnerables.

Directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026: refuerzo de la asistencia al contribuyente, ampliación de la información fiscal y nuevas estrategias de prevención e investigación del fraude tributario en el marco del Plan Estratégico 2024-2027 de la Agencia Tributaria.

El 12 de marzo de 2026 se ha publicado en el BOE la Resolución de 11 de marzo de 2026, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) tiene como función principal aplicar el sistema tributario y aduanero estatal, con el objetivo de garantizar los ingresos públicos necesarios para financiar los servicios públicos. Desde su creación, uno de sus objetivos estratégicos fundamentales es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de la ciudadanía.

Se aprueba el Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, de ampliación del reconocimiento e indemnizaciones a víctimas por su defensa de la Democracia entre 1968 y 1978 y modificación de la Ley del IRPF para declarar exentas las nuevas compensaciones previstas en la Ley de Memoria Democrática.

El 4 de marzo de 2026, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

El real decreto-ley analizado tiene por finalidad actualizar y ampliar las medidas de reconocimiento y reparación previstas en la Ley 20/2022, en favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978.

Al no haberse alcanzado el acuerdo necesario para su convalidación en el Congreso de los Diputados queda derogado el Real Decreto Ley 2/2026 que prorrogaba medidas fiscales que se habían adoptado por las sucesivas crisis de los últimos años.

El 28 de febrero de 2026, se ha publicado en el BOE la Resolución de 26 de febrero de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, en materia tributaria y relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Las medidas en materia tributaria contenidas en esta norma que quedan derogadas son las siguientes:

Ya está disponible la publicación anual de valores negociados por el Ministerio de Hacienda a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio y del modelo 189 de información sobre valores, seguros y rentas para garantizar la correcta determinación de la base imponible y la transparencia tributaria.

En el BOE del 27 de febrero de 2026, se ha publicado la Orden HAC/132/2026, de 24 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2025, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2025 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

El Impuesto sobre el Patrimonio fue creado por la Ley 19/1991, de 6 de junio, y estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2008, fecha en la que la Ley 4/2008 lo eliminó. Esta supresión incluyó una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto y la derogación de las obligaciones formales de autoliquidación, declaración y pago. Sin embargo, la crisis económica motivó su restablecimiento temporal mediante el Real Decreto-ley 13/2011, inicialmente para los ejercicios 2011 y 2012, y posteriormente prorrogado hasta que la Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del Estado para 2021, decidió mantenerlo de manera indefinida con efectos a partir del 1 de enero de 2021.