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Esta consulta tributaria se refiere al Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

La DGT considera que una entidad pública empresarial estatal puede tener la condición de entidad excluida del Impuesto Complementario y se analiza si la sociedad participada al 50% por dicha entidad, puede quedar fuera por realizar actividades auxiliares para la entidad pública.

La consulta de la Dirección General de Tributos V5057-26, de 23 de junio de 2026, analiza, en primer lugar, si la entidad X, una entidad pública empresarial íntegramente participada por el Estado y dedicada principalmente a funciones relacionadas con la navegación aérea y la gestión del espacio aéreo, puede calificarse como entidad excluida del Impuesto Complementario. El art. 7 de la Ley 7/2024 establece que las entidades públicas quedan excluidas de este impuesto, mientras que el art. 5.16 exige que concurran acumulativamente varios requisitos: pertenencia o propiedad íntegra de una Administración pública, ausencia de actividad comercial o empresarial y desarrollo principal de funciones de administración pública o gestión de activos públicos, rendición de cuentas ante la Administración y atribución de sus activos a esta en caso de disolución.

Al no haberse alcanzado el acuerdo necesario para su convalidación en el Congreso de los Diputados queda derogado el Real Decreto Ley 26/2026 que recogía medidas fiscales respecto a una vivienda asequible.

En boletín extraordinario del BOE de 2 de octubre de 2026 se ha publicado la Resolución de 2 de octubre de 2026, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

De acuerdo con la resolución y teniendo en cuenta el art. 86.2 de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en su sesión de 2 de octubre de 2026, acordó derogar el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, publicado el 30 de septiembre de 2026.

TEAC

• Los efectos de la suspensión de las sanciones objeto de derivación de responsabilidad no se extienden a los restantes responsables que no hayan recurrido individualmente la sanción
• El TEAC extiende al ámbito de las subvenciones el criterio sobre la responsabilidad del representante persona física del administrador societario
• La ausencia de devengo de intereses de demora durante un procedimiento amistoso no impide reconocer los intereses legales vinculados al reembolso del coste del aval
• Infracción muy grave por utilización de medios fraudulentos: no basta con acreditar que la llevanza incorrecta de los libros supera el 50% de la base de la sanción, sino que la AEAT debe justificar la elusión de impuestos
• El TEAC rechaza la deducción de la amortización de un fondo de comercio no acreditado y fija el criterio sobre errores contables y ejercicios prescritos

DGT

• Tributación en el IRPF de las pérdidas patrimoniales por créditos no cobrados en concurso de acreedores
• Tratamiento fiscal de las costas procesales como pérdida patrimonial en el IRPF
• Determinación del empleador en caso de trabajadores desplazados temporalmente a España, cuando las retribuciones son satisfechas íntegramente por la entidad extranjera
• Tratamiento fiscal en el IVA y el IRPF del alquiler de viviendas de uso turístico por una comunidad de bienes
• Imputación temporal en el IS y devengo del IVA por servicios continuados de plataforma informática con precio pactado semestralmente
• Tratamiento contable y fiscal en el IS de la apropiación indebida de fondos por un trabajador

TS

• Una “comunicación de pago de devolución” de la AEAT puede ser objeto de reclamación económico-administrativa por el contribuyente, si la Administración aplica una deducción sobre la cuantía por hacer efectivo un embargo
• El Tribunal Supremo declara inembargable el saldo procedente de anteriores mensualidades de sueldos, salarios o pensiones consideradas inembargable, aunque no haya sido consumido y se vaya acumulando en la cuenta bancaria
• Improcedencia de la devolución de ingresos indebidos por falta de acreditación de la efectiva repercusión e ingreso de las cuotas en el Tesoro, pese a la condena penal por estafa

AN

• La notificación en el domicilio designado a efectos de notificaciones permite inadmitir la revisión de oficio, aunque exista un domicilio fiscal distinto
• La falta de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de una entrada y registro exige examinar la posible vulneración de la inviolabilidad del domicilio y tramitar la nulidad de pleno derecho
• Nulidad de la resolución por defectuosa delimitación del objeto del procedimiento especial de revisión
• La Audiencia Nacional considera que la falta de acreditación del incremento del precio no basta para aplicar la agravante de ocultación

TSJ

• Queda acreditada la residencia efectiva en Madrid, pese a los vínculos familiares en Valencia y a la alegación de un traslado motivado por el ahorro fiscal
• Insuficiencia de una motivación global para excluir la reducción por adquisición de explotaciones agrarias en el ISD respecto de distintos sucesores y fincas adquiridas
• La inexistencia de herederos del fiduciario no permite trasladar al fideicomisario el derecho a la devolución del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

[Esta norma ha sido derogada por la Resolución de 2 de octubre de 2026, del Congreso de los Diputados al no haberse alcanzado el consenso necesario para aprobar su convalidación.]

Las modificaciones afectan principalmente al IRPF, IVA, IBI, Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y régimen fiscal de las SOCIMI, además de incorporar nuevos incentivos vinculados a productos de ahorro e inversión.

Las medidas fiscales persiguen orientar el tratamiento tributario de la vivienda hacia el uso residencial y asequible, mediante incentivos al alquiler y la rehabilitación y, paralelamente, mediante una mayor carga fiscal sobre determinados usos considerados incompatibles con ese objetivo, como determinados alojamientos turísticos, viviendas vacías o beneficios no distribuidos de las SOCIMI vinculados al arrendamiento residencial.

El 30 de septiembre de 2026 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible.

El paquete de medidas tributarias está orientado a incentivar fiscalmente el alquiler residencial asequible, favorecer la rehabilitación de viviendas, movilizar inmuebles vacíos hacia el mercado residencial y reforzar la vivienda pública.

Estas medidas tributarias mantienen y adaptan las reducciones fiscales sobre los productos energéticos respecto al último trimestre de 2026, incorporando mecanismos para recuperar los tipos reducidos del IVA y del Impuesto Especial sobre la Electricidad si empeoran los precios y eliminanando determinadas obligaciones formales del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a partir de 2028.

El 30 de septiembre de 2026 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

El real decreto-ley tiene por finalidad prorrogar, adaptar y retirar de forma gradual las medidas extraordinarias aprobadas por el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, publicado en el BOE el 30 de junio de 2026.

El precepto impugnado se refería concretamente a la deducción para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En Nota de informativa nº 88/2026 del 24 de septiembre de 2026, se informa de la sentencia del Tribunal Constitucional aprobada por unanimidad de la que ha sido ponente la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. Se había estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno contra un precepto por el que La Rioja establece una nueva deducción autonómica en el IRPF “para fomentar la fijación de población ocupada en el medio rural”. En síntesis, la deducción se aplica a quienes, siendo residentes en La Rioja, inicien una nueva actividad económica de tipo agrícola, aunque no se exige que esta se localice en dicho territorio.

La Sala de lo Contencioso considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos presentados por el Ayuntamiento de Madrid contra varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del pasado mes de marzo, que declararon la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza Fiscal 8/2024, reguladora de la Tasa por prestación del servicio de gestión de residuos de competencia municipal, aprobada por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 23 de diciembre de 2024.

Las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon la nulidad de pleno de derecho de la ordenanza fueron dictadas al estimar los recursos de varias organizaciones, fundaciones y entidades, entre ellas el Grupo Municipal de Mas Madrid.

El Supremo considera que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia respecto de tres cuestiones referidas al trámite de información pública de las ordenanzas fiscales que regulen las tasas previstas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, cuando incorporen sistemas de pago por generación.

Esta modificación del modelo 595 sirve para incorporar la autoliquidación rectificativa como vía general de rectificación, completar o modificar autoliquidaciones anteriores y adaptar el modelo a los nuevos requisitos de identificación y regularización.

Se ha publicado en el BOE el 24 de septiembre de 2026, la Orden HAC/988/2026, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Orden EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos, plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaración-liquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria.

Nueva autoliquidación rectificativa en el Impuesto Especial sobre el Carbón

La regulación incorpora al Impuesto Especial sobre el Carbón el sistema de autoliquidación rectificativa previsto por la normativa tributaria. La Ley 13/2023 modificó el art. 120 de la Ley General Tributaria para permitir que los obligados tributarios rectifiquen una autoliquidación anterior mediante un modelo normalizado, con independencia del resultado de la rectificación. Posteriormente, el Real Decreto 117/2024 introdujo esta figura en el Reglamento de los Impuestos Especiales mediante el nuevo art. 140 bis, configurándola como vía general para rectificar, completar o modificar una autoliquidación previamente presentada.

En el caso concreto del Impuesto Especial sobre el Carbón, la implantación efectiva de este sistema exige modificar el modelo 595, de declaración-liquidación. La nueva regulación incorpora al modelo las casillas necesarias para identificar que se trata de una autoliquidación rectificativa, indicar el número de justificante de la autoliquidación anterior y señalar la causa de la rectificación. El nuevo sistema será aplicable a las autoliquidaciones correspondientes a períodos de liquidación que se inicien a partir del 1 de enero de 2027, por lo que las autoliquidaciones correspondientes a períodos anteriores no podrán rectificarse mediante este procedimiento.

El TEAC determina que, para acogerse al régimen de diferimiento del IVA a la importación, el requisito de tener un período de liquidación mensual debe cumplirse en el ejercicio en que la opción produce efectos, y no necesariamente en el momento de su ejercicio, aunque el contribuyente debe acreditar anticipadamente que cumplirá dicha condición, admitiéndose como vía de acreditación la solicitud simultánea de inscripción en el Registro de Devolución Mensual.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, RG 1021/2025, de 18 de junio de 2026, analiza cuándo deben cumplirse los requisitos necesarios para optar por el régimen de declaración e ingreso de las cuotas de IVA a la importación previsto en el art. 167.Dos de la Ley del IVA. Este régimen permite que determinados sujetos pasivos, en lugar de ingresar las cuotas de IVA a la importación en el momento correspondiente conforme a las reglas generales, las incluyan en la autoliquidación del período en el que reciben el documento en el que consta la liquidación practicada por la Aduana. Su desarrollo reglamentario se encuentra en el art. 74 del Reglamento del IVA, que exige, entre otros requisitos, que el importador sea empresario o profesional y que tenga un período de liquidación coincidente con el mes natural. La opción debe ejercitarse mediante declaración censal durante el mes de noviembre anterior al año en que vaya a producir efectos.