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La Audiencia Nacional confirma la aplicación del art. 43.2 LGT cuando una sociedad mantiene su actividad y presenta de forma recurrente y sistemática autoliquidaciones sin ingreso, sin verdadera voluntad de cumplimiento, como mecanismo dirigido a evitar la responsabilidad de sus administradores. La continuidad de la actividad se acredita pese al cese formal.

La sentencia de la Audiencia Nacional n.º 486/2026, de 27 de julio de 2026, recaída en el recurso 288/2022, resuelve la impugnación de una derivación de responsabilidad subsidiaria del art. 43.2 LGT, correspondiente al supuesto de presentación recurrente y sistemática de autoliquidaciones sin ingreso, realizada con la finalidad de evitar la responsabilidad de los administradores de hecho o de derecho de la sociedad. En particular, se examina la concurrencia de este presupuesto, la continuidad de la actividad societaria, la declaración de fallido y la existencia de un crédito litigioso, así como la condición de administrador de uno de los recurrentes y la posibilidad de dirigir la acción frente a otros administradores.

Anudar una sanción relativa a una conducta reiterada con la finalidad de obstruir la labor inspectora, al no atender unos requerimientos cuyo contenido desconoce la recurrente por no haber accedido a su DEH ni recibir aviso de notificación informando de los mismos, vulnera el principio de culpabilidad que es exigible en el procedimiento sancionador.

La Audiencia Nacional en su sentencia n.º 564/2026, de 29 de junio de 2026, recaída en el recurso n.º 667/2020, se centra en decidir si la falta de envío de los avisos de notificación afecta a la validez de las notificaciones y si se puede considerar que la parte actuó con negligencia al desatender tres requerimientos de información.

Cuando una transferencia bancaria realizada en período voluntario supera el importe de la autoliquidación, pero cubre íntegramente la deuda, esta debe considerarse pagada y extinguida en período voluntario, debiendo devolverse únicamente el exceso, por lo que no procede iniciar el período ejecutivo ni dictar providencia de apremio.

El TEAC, en su resolución RG 10131/2022, de 17 de julio de 2026, analiza si resulta conforme a Derecho una providencia de apremio cuando el obligado tributario presentó en plazo su autoliquidación y, dentro del período voluntario, ordenó una transferencia bancaria por un importe superior al de la deuda, siendo posteriormente rechazada y devuelta la transferencia.

Tener pérdidas en una empresa y tener que pagar impuestos es algo que a muchos les cuesta entender. Por ello, es conveniente explicarlo con algunos ejemplos.

Supongamos que una empresa cerró el ejercicio 2025 con pérdidas y además atraviesa dificultades de tesorería. Como su base imponible del Impuesto sobre Sociedades es negativa, no tiene que ingresar ninguna cantidad por este impuesto. Sin embargo, al preparar la liquidación del IVA del segundo trimestre de 2026, el modelo 303 arroja un importe elevado a ingresar.

Ante esta situación, el gerente pide explicaciones. ¿Cómo puede ser que la empresa pierda dinero y tenga que pagar tantos impuestos?

Aunque pueda parecer contradictorio, la explicación es sencilla. El IVA no grava el beneficio empresarial. El resultado contable, la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y la liquidación del IVA se calculan a partir de magnitudes y reglas diferentes. Por ello, una empresa puede registrar fuertes pérdidas y, al mismo tiempo, tener que ingresar una cantidad importante de IVA.

Modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/194 para adaptar los regímenes especiales del IVA a las nuevas reglas europeas, incorporar el régimen de transferencias de bienes propios y actualizar los procedimientos de registro, declaración e intercambio electrónico de información entre los Estados miembros.

Se ha publicado en el DOUE de 28 de julio de 2026, el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1869 de la Comisión, de 27 de julio de 2026, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/194, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo en lo que respecta a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, a las ventas a distancia de bienes y a determinadas entregas nacionales de bienes.

En la web del Ministerio de Hacienda se ha publicado el Informe 1/2026 elaborado por el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

El Informe 1/2026 analiza si debe perderse la reducción del artículo 188.3 de la Ley General Tributaria (LGT), conocida como reducción por ingreso o pago, cuando un contribuyente ha prestado conformidad a una regularización y ha obtenido un aplazamiento o fraccionamiento para pagar la sanción, pero se produce un retraso puntual en el pago de una de las fracciones, que posteriormente se abona junto con el correspondiente recargo, sin que la Administración declare incumplido o resuelva el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento. El informe parte de una queja analizada por el Pleno del Consejo de Defensa del Contribuyente.

En la web del Ministerio de Hacienda se ha publicado la Propuesta 2/2026 del Consejo para la Defensa del Contribuyente de reforma normativa.

La propuesta de reforma parte de un caso en el que la aplicación de las reglas del IRPF sobre la imputación, integración y compensación de ganancias y pérdidas patrimoniales puede provocar la tributación de una renta que finalmente no ha supuesto un incremento económico real para el contribuyente, planteándose su posible incompatibilidad con el principio constitucional de capacidad económica.

El supuesto se refiere a la venta, en 2021, de títulos de una sociedad no cotizada por 100.000 euros. Aunque la compraventa generó fiscalmente una ganancia patrimonial de 100.000 euros, que debía integrarse en la base imponible del ahorro, el comprador nunca abonó el precio. Por ello, el contribuyente tuvo que tributar por una ganancia que se materializó fiscalmente pero que no se tradujo en liquidez efectiva. La deuda tributaria derivada del IRPF de 2021 ascendió a 20.627,69 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado nuevas rebajas fiscales para facilitar la recuperación de los vecinos de los municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste. Así, se bonificarán al 100% las donaciones hasta los 10.000 euros cuyo fin sea la reparación de daños provocados por el fuego, y se eximirá su elevación a documento público para su aplicación.

Según la iniciativa de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentada en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, la nueva bonificación se aplicará a las donaciones entre particulares, sin distinción de parentesco, siempre que las mismas sean destinadas única y exclusivamente a subsanar o reponer los daños originados por los incendios.

El Tribunal Supremo fija doctrina y declara que la imputación a los socios de una base imponible incorrectamente determinada por una UTE constituye una infracción del art. 196 de la LGT, al considerar que la determinación y la imputación de la base imponible forman parte de un único proceso tributario y no de actuaciones independientes.

El Tribunal Supremo analiza en la sentencia nº 829/2026, de 1 de julio de 2026, con nº recurso 4894/2023 el régimen sancionador aplicable a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que presentó su autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades declarando una base imponible negativa, la cual fue íntegramente imputada a sus socios residentes. Posteriormente, la Inspección comprobó la declaración y concluyó que diversos gastos habían sido indebidamente deducidos y que determinados ajustes contables eran incorrectos, lo que provocó que la base imponible real no fuera negativa, sino positiva.

La Dirección General de Tributos confirma la aplicación del régimen especial de neutralidad fiscal a una fusión inversa destinada a simplificar la estructura del grupo.

La consulta V0644-26, de 20 de marzo de 2026, de la DGT, analiza una operación de reestructuración societaria en la que una persona física residente en España (PF1) es titular del 100% de la sociedad A, que a su vez posee el 100% de la sociedad B. La sociedad A actúa únicamente como sociedad holding, mientras que B tampoco desarrolla una actividad económica, ya que su patrimonio está compuesto exclusivamente por participaciones en fondos de inversión, consideradas activos no afectos a una actividad económica.

Con el fin de simplificar la estructura del grupo, se proyecta una fusión inversa mediante la cual B absorbería a A. Como resultado, PF1 pasaría a ser titular directo de las participaciones de B, eliminándose la sociedad holding intermedia.