2. La Constitución
Distintos artículos de la Constitución establecen la forma de organización territorial, que sirven para delimitar las competencias estatales, autonómicas y locales en materia tributaria.
Del mismo modo se recogen en la Constitución la capacidad y potestad para establecer y exigir tributos.
En otro orden, la LGT establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. Dicha ley será de aplicación a todas las Administraciones tributarias en virtud y con el alcance que se deriva del artículo 149.1 de la Constitución, ordinales 1.ª, 8.ª, 14.ª y 18.ª.
De la totalidad de los títulos competenciales previstos en el apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, la LGT basa su aplicación a todas las Administraciones tributarias, al amparo de las siguientes materias:
«1.ª En cuanto regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el cumplimiento del deber de contribuir;
8.ª En cuanto se refiere a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas y a la determinación de las fuentes del derecho tributario;
14.ª En cuanto establece los conceptos, principios y normas básicas del sistema tributario en el marco de la Hacienda general;
18.ª En cuanto adapta a las especialidades del ámbito tributario, la regulación del procedimiento administrativo común, garantizando a los contribuyentes un tratamiento común ante todas las Administraciones tributarias.»