Nuevo conjunto de medidas adoptadas por el RDLey 8/2024 para la reconstrucción, recuperación y vuelta a la normalidad de las zonas golpeadas por la DANA de la Comunitat Valenciana

RDLey 8/2024; medidas para la reconstrucción, recuperación tras la DANA. Imagen de bandera valenciana con lazo negro en señal de luto

El Gobierno aprueba un nuevo conjunto de medidas que para reforzar el Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunitat Valenciana dirigidas a la reconstrucción, acelerando la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por la DANA.

En el BOE de hoy 29 de noviembre de 2024 se ha publicado el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para aprobar un nuevo conjunto de medidas que profundicen y complementen las ya adoptadas, reforzando la respuesta del Estado en el marco del propio Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunitat Valenciana, y, en concreto, de la segunda fase del mismo, de reconstrucción, acelerando la vuelta a la normalidad y la recuperación de las zonas golpeadas por la DANA.

Entre ellas encontramos:

  • subvenciones directas dirigidas a la renovación y compra de vehículos (PLAN REINICIA AUTO+)
  • préstamos a interés cero para financiar nuevos proyectos de inversión industrial (Plan REINICIA+)
  • alzamiento de la suspensión de los plazos procesales
  • carácter inembargable de todas las ayudas que se hayan concedido o sean concedidas
  • medidas en el ámbito societario, que dilatan los plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales, ejercicio del derecho de separación, o reintegro de aportaciones a los socios cooperativos y en materia concursal
  • otras medidas referidas a la transición enrgética, educación, cultura, gestión de residuos y la aprobación de un nuevo permiso laboral retribuido, de hasta cuatro días

Entre las medidas que se aprueban por esta norma encontramos las subvenciones directas dirigidas a la renovación y compra de vehículos tras el devastador impacto que ha provocado la DANA en estos bienes, mediante el denominado Programa de Renovación del parque circulante afectado por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024, en adelante PLAN REINICIA AUTO+, la adquisición de distintos tipos de vehículos nuevos y seminuevos que puedan sustituir a aquéllos que fueron destruidos durante la catástrofe. A propósito de los vehículos se modifica la exención establecida en el Real Decreto-ley 6/2024 de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico PARA la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos por la DANA a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley, los cambios de titularidad del permiso de circulación de los vehículos adquiridos para reemplazar a otros dados de baja por esta causa, cuando dicha adquisición se realice desde el 29 de octubre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, y la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por la misma causa, siempre que la persona titular del vehículo acredite disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño. Además, las personas domiciliadas en los municipios afectados estarán exentas de las tasas de expedición o renovación del Documento Nacional de Identidad.

El segundo grupo de medidas es el de apoyo al sostenimiento de la actividad productiva en el sector industrial, turístico y de apoyo al comercio internacional con el fin de recuperar la actividad económica y productiva en esos territorios a través de la puesta en marcha de mecanismos que permitan, al mismo tiempo, impulsar la modernización, la competitividad y resiliencia de empresas de las zonas afectadas para que cuenten con mejores condiciones en el futuro. Todo ello, acompañado de incentivos para facilitar y estimular la inversión empresarial en esas áreas que se incluyen en el Plan REINICIA+ que facilitará préstamos a interés cero para financiar nuevos proyectos de inversión industrial que se realicen en las zonas afectadas por la DANA.

Con el fin de reforzar la actividad comercial internacional de las empresas afectadas por la DANA podrán participar en las ferias u otras actividades de promoción de comercio internacional organizadas por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., que tengan lugar hasta el 31 de diciembre de 2025, sin abonar cuotas, ya que se establece una exención de las mismas.

Se recogen también distintas medidas de carácter procesal y societario.

Habiéndose reanudado de la actividad judicial ordinaria en los Juzgados de los municipios afectados por la DANA en la provincia de Valencia, se acuerda alzar la suspensión de los plazos procesales que fue acordada en el Real Decreto-ley 6/2024, de 5 noviembre, y el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, estableciéndose unas reglas generales para el cómputo de los plazos que fueron suspendidos, optándose por el reinicio del cómputo de los plazos y por no tomar en consideración, por tanto, el plazo que hubiera transcurrido previamente. Además, para garantizar que la vuelta a la normalidad, una vez se reactiven los plazos y el servicio de notificaciones, no suponga un colapso de las plataformas para presentación de escritos y demandas, y que los juzgados y tribunales puedan dar respuesta a todos ellos, así como que los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia tengan el tiempo necesario para preparar los escritos procesales, en aras a proteger el derecho de defensa de sus clientes y representados, se acuerda la ampliación de los plazos para la presentación de recursos contra sentencias y otras resoluciones que ponen fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos acordada, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de los plazos procesales suspendidos.

Se declaran preferentes en su tramitación determinados procedimientos, una vez levantada la suspensión de los plazos procesales; ya que debe garantizarse una respuesta pronta, ágil y adecuada a las reclamaciones que las personas afectadas puedan formular ante los tribunales de justicia en relación con necesidades derivadas de los daños causados por la DANA.

Se extiende al ámbito de los procesos judiciales el carácter inembargable de todas las ayudas que se hayan concedido o sean concedidas por cualquier administración o entidad pública que tengan por objeto paliar los daños causados por la DANA y se establecen las condiciones en que las personas deudoras y licitadoras podrán solicitar que queden sin efecto las subastas judiciales y notariales por causa relacionada con los efectos de la DANA y se prevé la posibilidad de solicitar la devolución de la tasa correspondiente al anuncio de la subasta en el «Boletín Oficial del Estado», cuando esta no pudiera celebrarse por los daños sufridos en el bien a subastar.

Por otro lado, se establecen medidas en el ámbito societario, que tratan de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en las actuales circunstancias de las normas generales sobre trámites y plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales, ejercicio del derecho de separación, o reintegro de aportaciones a los socios cooperativos; de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y recuperarse, ya sea por el restablecimiento de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas. Aunque los estatutos de estas entidades no lo hubieran previsto, se permite celebrar los órganos de gobierno y de administración mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, hasta el 30 de marzo de 2025, siempre que cuenten con los medios necesarios. Asimismo, se permite hasta esa fecha la adopción de acuerdos por escrito y sin sesión.

Se adoptan otras tres importantes medidas que evitarán una descapitalización de las sociedades y contribuirán a que las relevantes decisiones que los órganos de gobierno y administración de aquellas han de tomar no estén guiados por circunstancias imprevistas y sobrevenidas.

  • se suspende hasta el 30 de junio de 2025 la obligación del órgano de gobierno o de administración de estas entidades de formular las cuentas anuales y demás documentos exigibles en el plazo previsto en la legislación societaria y contable de aplicación; reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.
  • se permite modificar la propuesta de aplicación del resultado a aquellas sociedades mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas, convoquen la junta general ordinaria a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, previa justificación de esta la situación de catástrofe.
  • el plazo fijado en la legislación concursal para que el deudor que se encuentre en estado de insolvencia actual solicite la declaración de concurso, la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de restructuración o de continuación, o la homologación de un plan de reestructuración, se amplía a 31 de diciembre de 2025.

También encontramos una serie de medidas relacionadas con la transición energética para mejorar la modernización y competitividad del tejido industrial y empresarial. Entre ellas, encontramos medidas para la ampliación de los plazos de amortización de los préstamos otorgados dentro de los programas de apoyo a la transición energética, así como para aumentar el plazo de ejecución de los proyectos en marcha más allá del horizonte temporal, junto a la ampliación de plazos para el cumplimiento de determinados requisitos por parte de los beneficiarios de las ayudas y de los plazos de ejecución de proyectos ya iniciados, para atender las necesidades derivadas de los efectos de la DANA.

Finalmente se aprueban un conjunto de medidas complementarias dirigidas a distintos ámbitos y colectivos en los que la DANA ha tenido una especial incidencia en materia educativa y universitaria entre las que se prevé la exención de la tasa por los anuncios publicados en el «Boletín Oficial del Estado» como requisito previo para la expedición de duplicados de títulos universitarios oficiales en los casos en que como consecuencia de los daños causados por la DANA se haya producido extravío, robo o destrucción total o parcial del original. También se incluyen medidas de apoyo al sector cultural, en forma de subvenciones a las salas de exhibición cinematográfica y librerías ubicadas en los municipios afectados por la DANA y a entidades de las artes escénicas y la música y a otras entidades del ámbito de la creación contemporánea y del patrimonio cultural. También se establecen ayudas a entidades deportivas y actuaciones en materia de personas con discapacidad.

Se exceptúa del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, a las personas peticionarias de las ayudas previstas en este real decreto-ley y se establece el carácter inembargable de dichas ayudas.

Además de estas se introduce diferentes novedades en el ordenamiento jurídico laboral para dotar a empresas y personas trabajadoras de un permiso con reglas claras, que cubra situaciones en las que resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo (nuevo permiso retribuido, de hasta cuatro días) y se mejora el régimen de ayudas destinadas a paliar daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y por prestaciones personales o de bienes de personas físicas o jurídicas, garantizando una mayor celeridad en la gestión y provisión de ayudas económicas a los solicitantes y se agiliza la dotación de ayudas para identificar actuaciones prioritarias en los Planes de Acción Local de la Agenda Urbana, estableciéndose la exención de la exigencia de autorización ambiental integrada, para las actuaciones que se lleven a cabo en materia de residuos y vertederos.