2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación

A) Naturaleza

El artículo 1 de la LIP señala que es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas.

• Es un impuesto estrictamente individual sobre las personas físicas, en el que se excluye cualquier alternativa de imposición familiar conjunta.
• Se trata de un impuesto de carácter directo que grava exclusivamente aquellos bienes o derechos de los que el sujeto pasivo sea titular.
• Es personal, puesto que se tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo, si bien para aquellos que tributen por obligación real se trata de un impuesto de carácter real.
• Es un impuesto periódico con devengo anual.
• Es un impuesto general en tanto que grava el patrimonio neto de las personas físicas, todos sus bienes y derechos de contenido económico.
• Es un impuesto que recae únicamente sobre las personas físicas, no grava bienes o derechos de personas jurídicas.
• Es un impuesto progresivo por tramos, si bien los tipos aplicables a estos son muy bajos, ya que el efecto recaudatorio de este impuesto está dirigido a obtener la contribución de un número relativamente reducido de contribuyentes, con una especial capacidad económica.

B) Objeto

El objeto de este impuesto lo constituirá el patrimonio neto de la persona física, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

C) Ámbito de aplicación

El IP se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio económico vigentes en los territorios históricos del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente, y de lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de acuerdo con el artículo 2 de la LIP. Debemos destacar que en el territorio histórico de Guipúzcoa se ha optado por no reimplantar de nuevo el IP. Mediante la Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, se ha creado un nuevo impuesto que persigue subsanar las carencias que tenía el IP precedente. Tiene por objeto la imposición sobre la riqueza de las personas físicas, entendida esta como el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de las que sean titulares, deducidas las deudas y obligaciones. Este impuesto guipuzkoano ha sido objeto de reforma mediante la Norma Foral 6/2015, de 23 de diciembre, de reforma del impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas, en la que se sustituye la bonificación del 75 % por la exención en el impuesto de los elementos afectos y participaciones mencionados, cuando se cumplan determinados requisitos, se sustituye la regla de valoración de los inmuebles por otro sistema en el que se va a tener en cuenta un único valor, el catastral, y se revisa la tarifa del impuesto, acercándola a las vigentes en Bizkaia y Álava, aunque se mantiene el mínimo exento de 700.000 euros. A pesar de esta reforma, se anuncia la futura aprobación en este territorio de un nuevo IP.

En el resto de los territorios forales del País Vasco se han aprobado nuevas normas que regulan este impuesto, ya que la coyuntura económica aconseja su exigencia y no se prevé su eliminación. Así, tenemos que el territorio histórico de Bizkaia ha aprobado la Norma Foral 2/2013, de 27 de febrero, del territorio histórico de Bizkaia, del IP y en el caso de Álava encontramos la Norma Foral 9/2013, de 11 de marzo, del territorio histórico de Álava, del IP. Con respecto a estos dos territorios habría que apuntar únicamente que el mínimo exento es de 800.000 euros únicamente.

En la Comunidad Foral de Navarra, este impuesto se encuentra regulado en la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del IP, y al igual que en Gipuzkoa ha sido objeto de reforma mediante la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, pero al contrario que en Gipuzkoa los bienes y derechos afectos a una actividad empresarial o profesional, así como de las participaciones en entidades que realicen actividades empresariales y en las que el sujeto pasivo realice funciones de dirección, que pasan a estar sujetos y no exentos en la base imponible, si bien podrá aplicarse sobre ellos una deducción en la cuota íntegra del 100 % de la parte proporcional que corresponda al primer 1.000.000 de euros del valor de esos bienes, derechos y participaciones, y del 80 % de la cuota que corresponda al importe que exceda de 1.000.000 de euros y se reduce el mínimo exento del importe actual de 800.000 euros hasta 550.000 euros y el llamado escudo fiscal.

El IP se aplica en función del principio de territorialidad, estableciéndose como punto de conexión la residencia habitual del sujeto pasivo, conforme a los criterios establecidos en el IRPF (art. 5 de la LIP).

Los residentes en territorio español tributan por obligación personal, exigiéndose la tributación por la totalidad de su patrimonio neto con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. Incluso si el residente en territorio español pasa a tener su residencia en otro país, puede optar por seguir tributando por obligación personal en España.

Sin embargo, mediante la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de no residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, con el fin de garantizar la equiparación tributaria entre los contribuyentes residentes en España y los que lo son en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo se establece que a los contribuyentes residentes en el territorio de la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo les será de aplicación, no como hasta ahora la regulación estatal del impuesto, sino la establecida por la comunidad autónoma en que radique el mayor valor de los bienes y derechos de que sean titulares y que estén sometidos al impuesto.

Tributará por obligación real cualquier otra persona física por los bienes y derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español.

Hay que tener en cuenta los correspondientes convenios de doble imposición, que prevalecen sobre la normativa interna de cada Estado. Conforme a dichos convenios, los residentes en Alemania o en el Reino Unido que posean propiedades  en España deberán pagar en España el IP por los bienes inmuebles que posean, pero no por otros bienes que puedan, como por ejemplo el dinero en cuentas bancarias españolas o acciones o participaciones de sociedades españolas.