IIVTNU: El Supremo analizará si la interpretación dada por el Juzgado C-A n.º 1 de Cartagena sobre la carga de la prueba de la minusvalía es o no un exceso interpretativo de la STC 59/2017
La sentencia de 30 de mayo de 2017 del Juzgado de Cartagena fue objeto de una enorme difusión mediática hace unos meses, y ahora lo será el auto del Tribunal Supremo que admite a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de esa localidad al respecto.
La cuestión en el aire: si el juzgador de instancia cometió un exceso interpretativo del contenido de la STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017, y extendió sus efectos más allá de su espíritu al señalar que los Ayuntamientos cuyos contribuyentes les discutan la existencia de un incremento de valor en las operaciones sometidas al Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana están obligados a probarla.
Esto es, ante la inexistencia de norma alguna sobre cómo valorar si existe o no hecho imponible en el TRLRHL y ante las inconstitucionalidades contenidas en esa sentencia, en tanto que presumía su existencia en todo caso, no es ya que el contribuyente tenga que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia.
La cuestión a abordar en sede del Supremo es, en definitiva, si la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 RDLeg. 4/2004 (TRLHL) declarada en la citada sentencia cierra el paso a cualquier presunción de existencia de incremento de valor de los terrenos, de modo que corresponde a la Administración tributaria probar su existencia, cuando el sujeto pasivo declare que no se ha producido.
(Tribunal Supremo, de 21 de diciembre de 2017, recurso n.º 5114/2017)