La AN considera no ajustada a Derecho la calificación de conflicto en la aplicación de la norma tributaria conforme a la cual se eliminó el gasto financiero derivado de la operación de reestructuración de la deuda de un grupo multinacional
Si no existe norma jurídica que lo imponga, la forma de hacer la restructuración no puede condicionar su legalidad; menos aún si la legalidad sólo se acomoda a la forma que a la Administración le parece más adecuada, sin tener en cuenta las consideraciones empresariales que la entidad recurrente ha aducido, y sólo por el hecho de que de la forma que estima la Administración como no artificiosa ni impropia se generaría una mayor deuda tributaria en España. Por otro lado considera la Sala que no puede juzgarse una situación económico empresarial internacional sólo desde la perspectiva nacional.
La Audiencia Nacional en su sentencia de 28 de noviembre de 2024, determina que no concurren los elementos sobre los que afirmar que en la operación de reestructuración de la deuda que nos ocupa, se hayan dado las condiciones para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma, y, por ende para llevar a cabo la regularización, que tampoco es ajustada a Derecho. A juicio de la Inspección, fue la forma impropia en que se hizo lo que determinó su calificación como constitutiva de un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, porque la operativa usual de la financiación del Grupo discurría por otros derroteros, y de haber utilizado el mismo modus operandi, se habrían minorado las deducciones de gastos de la base imponible que, de esta manera, resultó erosionada en la declaración consolidada del Grupo en España. Considera la Sala que la forma de hacer la restructuración no puede condicionar su legalidad; menos aún si la legalidad sólo se acomoda a la forma que a la Administración le parece más adecuada, sin tener en cuenta las consideraciones empresariales que la entidad recurrente ha aducido, y sólo por el hecho de que de la forma que estima la Administración como no artificiosa ni impropia se generaría una mayor deuda tributaria en España; planteamiento cercano al concepto de economía de opción inversa a que se refiere la jurisprudencia, y señaladamente la STS 16 de noviembre de 2022, recurso n.º 89/2018, es decir que sólo es legítima aquella opción, entre las posibles, que se decanta por la mayor carga fiscal.
La demanda considera que el informe de la Comisión Consultiva incurre en nulidad radical por tener un contenido imposible por la contradicción interna que supone no cuestionar los préstamos, y sin embargo deducir consecuencias tributarias (negativas para sus intereses) del gasto financiero derivado de ellos. Según la liquidación son artificiosas o impropias aquellas operaciones porque se apartan del esquema habitual de financiación del Grupo y provocan la minoración de la deuda tributaria en España, y no en el país de residencia de la sociedad operativa refinanciada (IBUSA). Para la liquidación es lícita (y se acepta) la finalidad de la recolocación de la deuda por las emisiones de bonos de IBUSA en IIIBV, que la sustituye como deudora, para evitar perjudicar la calificación crediticia del Grupo IBERDROLA. También se admite que IBUSA remunerara a IIBV la sustitución, y la necesidad de financiación para hacer frente a este pago; incluso admite la licitud del préstamo de IIBV a IBSA, -aunque lo regulariza-, si con este préstamo IBSA hubiera prestado, a su vez, a IBUSA y le hubiera trasladado la carga financiera. Para la liquidación, aun admitiendo que sea cierto que la operación de reestructuración de la deuda consigue un efecto económico al permitir mantener el rating del Grupo Iberdrola, no es menos cierto que estos efectos se producen con la asunción de la deuda por parte de IIBV, pero no con su traslación a la entidad IBSA, traslación que no añade efectos económicos adicionales. Por tanto (concluye) es la conjunción de la colocación de la deuda en IBSA juntamente con la minoración de la base imponible de esta entidad, lo que determina la consideración del conflicto de aplicación de la norma.
La liquidación sostiene que el hecho de que SPW haya tenido unos mayores ingresos fiscales en Reino Unido, por intereses asociados a la reestructuración, no implica necesariamente que la tributación allí haya sido equivalente a la reducción de la española. Los menores tipos del IS (es de suponer que en UK), unido al tratamiento de los gastos financieros deducibles vía compensación con ingresos financieros, pudieran (es decir, una mera posibilidad) ser la justificación de la forma en que se ha instrumentado la reestructuración de la deuda. La conclusión es que las operaciones han determinado la ruptura de las reglas de localización de los ingresos y gastos en las jurisdicciones tributarias que correspondan, lo cual no debe ser aceptado.
Considera la Sala que el conflicto ha de aplicarse a actos o negocios que, tras la calificación a través de la potestad del art. 15 LGT, resulten contrarios al ordenamiento jurídico, no siendo, necesariamente y en todo caso, impropios los negocios que no sigan los esquemas habituales. Sostener lo contrario es condicionar las decisiones empresariales, sin ninguna justificación, y, probablemente, sin ningún criterio, y petrificar prácticas comerciales o financieras, en definitiva, empresariales, impidiendo avanzar en el camino para alcanzar una mayor eficacia o un mayor rendimiento, en definitiva, una mayor creación de riqueza, y con ello la creación o el mantenimiento del empleo, que, junto con la obtención del mayor beneficio, son los ejes centrales de la actividad empresarial, sustentada en el principio constitucional (art. 38 CE) de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
Sobre la necesidad de acometer una reestructuración de la deuda para evitar perjudicar la calificación crediticia del Grupo Iberdrola no existe duda, ni la ha planteado la Administración Tributaria, lo que, además, corrobora el informe pericial aportado, lo cual excluye conceptualmente que la operación de reordenación de la deuda no tuviera un fin distinto al ahorro fiscal, y, por tanto, no concurrirían los presupuestos del art. 15 LGT, ya que existen efectos económicos y financieros relevantes asociados a la restructuración de deuda de IBUSA, y desde una perspectiva empresarial, máxime de un Grupo multinacional, mantener una calificación crediticia adecuada es básico por múltiples factores y no puede juzgarse una situación económico empresarial internacional sólo desde la perspectiva nacional, que es la que ha tomado en consideración la resolución recurrida. Alcanzar una remuneración de plena competencia por saldos acreedores no solamente no es artificioso ni impropio, sino lo deseable, y no hacer lo necesario, dentro del ordenamiento jurídico, es impropio de un buen empresario. A juicio de la Inspección, fue la forma impropia en que se hizo lo que determinó su calificación como constitutiva de un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, porque la operativa usual de la financiación del Grupo discurría por otros derroteros, y de haber utilizado el mismo modus operandi, se habrían minorado las deducciones de gastos de la base imponible que, de esta manera, resultó erosionada en la declaración consolidada del Grupo en España. El carácter impropio por inusual no se construyó sobre conceptos, sino sobre situaciones fácticas anteriores aportadas por la propia representación de la entidad recurrente. Si no existe norma jurídica que lo imponga, la forma de hacer la restructuración no puede condicionar su legalidad; menos aún si la legalidad sólo se acomoda a la forma que a la Administración le parece más adecuada, sin tener en cuenta las consideraciones empresariales que la entidad recurrente ha aducido, y sólo por el hecho de que de la forma que estima la Administración como no artificiosa ni impropia se generaría una mayor deuda tributaria en España; planteamiento cercano al concepto de economía de opción inversa a que se refiere la jurisprudencia, y señaladamente la STS 16 de noviembre de 2022, recurso n.º 89/2018, es decir que sólo es legítima aquella opción, entre las posibles, que se decanta por la mayor carga fiscal. Como sostiene el informe pericial, teniendo IBSA activos denominados en libras esterlinas y un pasivo denominado en dólares redundaba en su mejor interés protegerse de las fluctuaciones de ambas divisas, lo que poco tiene que ver con ninguna finalidad fiscal que haya de atajarse a través del art. 15 LGT. Por tanto, procede la anulación de la liquidación recurrida, porque no concurren los elementos sobre los que afirmar que en la operación de reestructuración de la deuda que nos ocupa, se hayan dado las condiciones para la declaración de conflicto en la aplicación de la norma.