La Administración Foral no puede negar la deducibilidad de las cuotas de IVA ya que la Audiencia Provincial excluyó, expresamente, la existencia de una cadena de facturas emitidas con la finalidad de disminuir la carga tributaria
Se anula la regularización llevada a cabo por la Hacienda Foral, habida cuenta de que parte de la falsedad de unas facturas que ya se dieron por buenas en la vía penal en la que se analizó la posibilidad de sancionar al administrador de la mercantil por, supuestamente, utilizar una sociedad interpuesta para disminuir su carga tributaria. Sin embargo en la vía penal se descartó que se hubiera incurrido en ningún ilícito penal precisamente porque las facturas tenían contenido económico real y por tanto no existían anotaciones ficticias en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los balances de situación o en los libros registro a efectos de IVA que servirían de soporte a las autoliquidaciones presentadas.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en una sentencia de 29 de noviembre de 2024, recaída en el recurso n.º 340/2023 anula la regularización llevada a cabo por la Hacienda Foral, habida cuenta de que parte de la falsedad de unas facturas que ya se dieron por buenas en la vía penal, en la que se analizó la posibilidad de sancionar al administrador de la mercantil por, supuestamente, utilizar una sociedad interpuesta para disminuir su carga tributaria, pero fue finalmente absuelto, descartando que se hubiera incurrido en ningún ilícito penal. Las sentencias dictadas por la jurisdicción penal reconocieron que tales servicios se habían efectivamente prestado, por lo que no cabe admitir tal y como la administración argumenta que la regularización deriva del hecho de que la recurrente utilizaría una estructura, conformada por diversas sociedades vinculadas, con la finalidad de eludir el pago de la deuda tributaria que realmente le correspondería.
La sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 2 de Bilbao, confirmada por la Audiencia Provincial de Vizcaya ya señaló que la perspectiva tributaria y la penal no serían coincidentes. La resolución niega que los hechos enjuiciados constituyeran una cadena de facturas sin contenido económico real; o que hubiera anotaciones ficticias en la cuenta de pérdidas y ganancias, en los balances de situación o en los libros registro a efectos de IVA que servirían de soporte a las autoliquidaciones presentadas. De este modo, descarta que se haya cometido un delito de falsedad documental, así como un delito contable del art. 310 del Código Penal.
La demanda considera que la inspección no podía entender que las sociedades vinculadas no intervenían en la realización de las operaciones documentadas en las facturas ya que tanto el Juzgado de lo Penal n.º 2 como la Audiencia Provincial entendieron que los trabajos se habían realizado por quien así lo había declarado y en la sentencia absolutoria se habría dejado claro que no habría anotaciones ficticias en los libros registro a efectos de IVA que sirvieron de soporte a las autoliquidaciones presentadas. Por consiguiente, la interesada considera que la administración no podría cuestionar la deducibilidad de las cuotas de IVA, en la medida en que las facturas emitidas tendrían un contenido económico real.
La Sala estima que la Administración no desarrolla motivadamente cómo habría funcionado, para este tributo concreto, la supuesta utilización de una persona jurídica interpuesta. Lo que parece desprenderse es que la Diputación Foral considera que las sociedades vinculadas emitían sucesivas facturas que no siempre se correspondían con trabajos reales. De este modo, se generaría IVA soportado irreal, pero existe una sentencia penal firme absolutoria cuyo fundamento es que las facturas se correspondían con trabajos que realmente se habían llevado a cabo. Es más, la Audiencia Provincial excluyó, expresamente, la existencia de una cadena de facturas emitidas con la finalidad de disminuir la carga tributaria. Asimismo, se rechazó que se hubiera cometido un delito de falsedad documental o un delito de falsedad contable. De hecho, se afirmaba expresamente que las anotaciones recogidas en los libros a efectos de presentar las autoliquidaciones por el IVA se correspondían con la realidad.
Partiendo de estos hechos (que, tal y como resulta de la STS de 14 de julio de 2023, recurso n.º 7409/2021, no podemos contradecir), no podemos asumir la regularización llevada a cabo por la Hacienda Foral, habida cuenta de que parte de la falsedad de unas facturas que ya se dieron por buenas en la vía penal. Debemos tener en cuenta que en esta se analizó la posibilidad de sancionar al administrador de la mercantil por, supuestamente, utilizar una sociedad interpuesta para disminuir su carga tributaria. Sin embargo, se descartó que se hubiera incurrido en ningún ilícito penal. Y no podemos ahora, en la vía administrativa, sancionar unos hechos que se declaró que no habían existido, por lo que se debe anular la resolución impugnada.