Resolución del Parlamento Europeo sobre la propuesta de un nuevo Código Aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea para superar las deficiencias del vigente
Ante la insuficiencia e ineficacia del actual Código Aduanero de la Unión frente a evolución de los patrones del comercio mundial y con el fin de proporcionar medios eficaces para alcanzar los objetivos de la Unión Aduanera conviene su derogación y sustitución por el contenido en esta propuesta. Entre otras medidas, destaca la simplificación y armonización de las normas y procedimientos que regulan el modo en que las mercancías entran en el territorio aduanero de la Unión o salen de él, el régimen de operadores de confianza por control («Trust and Check»), el pasaporte digital de productos, establecer un entorno de ventanilla única para las aduanas, la creación del Centro Aduanero de Datos y de una Autoridad Aduanera de la Unión Europea.
En el Diario Oficial de la Unión Europea de hoy, 27 de febrero de 2025 se ha publicado la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2024, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el Código Aduanero de la Unión y la Autoridad Aduanera de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 952/2013 (COM (2023) 0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD)) P9_TA(2024)0151
El Código Aduanero de la Unión vigente resulta insuficiente e ineficaz para garantizar la protección de la Unión y de sus ciudadanos contra los riesgos no financieros aplicables a las mercancías, así como también lo es la capacidad de las autoridades aduaneras para gestionar eficazmente el creciente volumen de mercancías importadas de terceros países a través de la venta a distancia (operaciones de comercio electrónico); y la capacidad de la arquitectura de los sistemas informáticos creada por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 para digitalizar los procesos aduaneros a fin de adaptarse al ritmo del progreso tecnológico, en particular con tecnologías basadas en la explotación de datos. Por otro lado, también resulta necesario dotar de estructuras de gobernanza eficaces de la Unión Aduanera, que da lugar a prácticas divergentes y a una aplicación no uniforme de las normas en los Estados miembros, removiendo así los obstáculos al buen funcionamiento de la Unión Aduanera y, por ende, del mercado interior, debido a los riesgos y amenazas internos y externos.
Para ello sería necesario introducir un gran número de modificaciones en el Reglamento (UE) n.o 952/2013, pero en aras de una mayor claridad, conviene su derogación y sustitución.
En este nuevo reglamento, con el fin de proporcionar medios eficaces para alcanzar los objetivos de la Unión Aduanera, deben revisarse, simplificarse y armonizarse varias normas y procedimientos que regulan el modo en que las mercancías entran en el territorio aduanero de la Unión o salen de él. Es necesario disponer de un conjunto moderno e integrado de servicios electrónicos interoperables para la recogida, el tratamiento y el intercambio de información pertinente para la aplicación de la legislación aduanera (Centro Aduanero de Datos de la Unión Europea, en lo sucesivo, «Centro Aduanero de Datos de la UE»). Debe crearse una Autoridad Aduanera de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Autoridad Aduanera de la UE») como capacidad operativa central para la gobernanza coordinada de la Unión Aduanera en ámbitos específicos.
Han de introducirse nuevas herramientas, como el pasaporte digital de productos, para garantizar que otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras en relación con los productos siga respondiendo a estas expectativas., ya que un volumen significativo de las mercancías gestionadas en los principales puertos y aeropuertos, procedentes de otros continentes y con destino a estos, son objeto de transbordo sin entrar en el mercado de la Unión.
Es necesario describir con mayor precisión la misión que deben cumplir indicando con mayor exactitud los objetivos y tareas de las autoridades aduaneras, así como deben incluirse nuevas definiciones en la legislación aduanera para aclarar las funciones y responsabilidades de determinados agentes en los procesos aduaneros como «sujeto pasivo considerado importador», así como nuevas definiciones en relación con la ampliación del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la vigilancia aduanera, la gestión de riesgos y los controles aduaneros «otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras», incluidos entre otros los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, con el fin de crear un marco eficaz para regular la aplicación y vigilancia de estos requisitos particulares sobre las mercancías.
Con el fin de reforzar la claridad jurídica, deben modificarse determinadas normas relativas a las decisiones aduaneras, subsanando la falta de un control uniforme del cumplimiento de los criterios y obligaciones establecidos en las decisiones aduaneras, reforzando las disposiciones pertinentes, tal y como señaló el Tribunal de Cuentas Europeo. Además de las decisiones relativas a las informaciones arancelarias vinculantes (decisiones IAV) o las decisiones relativas a las informaciones vinculantes en materia de origen (decisiones IVO), se han introducido en la legislación aduanera las decisiones relativas a las informaciones vinculantes en materia de valoración (decisiones IVV).
Deben definirse con mayor claridad los derechos y las obligaciones de las personas responsables de las mercancías que entran en el territorio aduanero de la Unión y salen de él y las obligaciones de los sujetos pasivos considerados importadores, que son diferentes de las obligaciones aplicables a los [demás] importadores. El sujeto pasivo considerado importador no solo debe facilitar a las autoridades aduaneras los datos necesarios para el despacho a libre práctica de las mercancías vendidas, sino también la información que el sujeto pasivo considerado importador debe recoger a efectos del IVA.
La nueva Autoridad Aduanera de la UE deberá supervisar el cumplimiento de las condiciones y criterios exigidos para que los operadores económicos sean considerados operadores conformes y fiables por parte de las autoridades aduaneras pueden obtener el estatuto de OEA y beneficiarse de facilidades en los procesos aduaneros.
Los cambios en los procesos aduaneros y en el modo en que operan las autoridades aduaneras requieren una nueva asociación con los operadores económicos, es decir, el régimen de operadores de confianza por control («Trust and Check»). Estos cambios también requieren aclarar el papel de los representantes aduaneros.
A fin de garantizar un nivel uniforme de digitalización y crear unas condiciones de competencia equitativas para los operadores económicos en todos los Estados miembros, debe crearse un Centro Aduanero de Datos de la UE consistente en un conjunto de servicios y sistemas electrónicos centralizados, seguros y ciberresilientes a efectos aduaneros. De acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, este intercambio automatizado de información entre los operadores económicos y las autoridades aduaneras a través del Centro Aduanero de Datos de la UE y por parte de este no exime a dichas autoridades u operadores de su responsabilidad en relación con los procesos aduaneros de que se trate. Este Centro Aduanero de Datos de la UE debe fomentar la interoperabilidad transfronteriza e intersectorial en Europa. Debe aprovechar el potencial de las fuentes existentes de información sobre riesgos disponibles a escala de la Unión, como los sistemas de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF) y para productos peligrosos no alimentarios (Safety Gate), el sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) y el portal de observancia de los derechos de propiedad intelectual (IP Enforcement Portal). Paralelamente al Centro Aduanero de Datos de la UE, los Estados miembros pueden desarrollar sus propias aplicaciones para utilizar los datos del Centro.
Para garantizar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pueda ejercer sus competencias de investigación en relación con actividades fraudulentas que afecten a los intereses de la Unión, es conveniente que esta tenga un acceso a los datos del Centro Aduanero de Datos de la UE muy similar al acceso de que disfruta la Comisión. La protección de los datos personales y de otro tipo en el Centro Aduanero de Datos de la UE también debe incluir normas sobre la limitación de los derechos de los interesados. Las autoridades aduaneras competentes informarán sin demora indebida a la Fiscalía Europea de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia.
A fin de establecer un marco común para la Unión Aduanera, es necesario que el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las aduanas (en lo sucesivo, «entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas») se integre en el Código Aduanero de la Unión y el Centro Aduanero de Datos de la UE debe permitir el intercambio de información con los sistemas no aduaneros de la Unión, de conformidad con el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas. El intercambio de información digital a través del EU CSW-CERTEX debe abarcar las formalidades no aduaneras de la Unión previstas en la legislación de la Unión distinta de la legislación aduanera cuyo cumplimiento corresponde a las autoridades aduaneras y debe facilitar el intercambio de información entre el Centro Aduanero de Datos de la UE y los sistemas no aduaneros de la Unión y a fin de prestar servicios de ventanilla única adecuados, armonizados y normalizados a escala de la Unión respecto de las formalidades no aduaneras de la Unión, la Comisión debe conectar cada uno de los sistemas no aduaneros de la Unión con el EU CSW-CERTEX.
Es fundamental introducir una instancia de gestión de riesgos aduaneros a escala de la Unión para garantizar la aplicación armonizada de los controles aduaneros en los Estados miembros. Las infracciones graves o reiteradas de otras disposiciones aplicadas por las autoridades aduaneras y detectadas por estas u otras autoridades competentes deben repercutir en el perfil de riesgo de los importadores, exportadores o sujetos pasivos considerados importadores.
El proceso de inclusión de las mercancías en un régimen aduanero debe revisarse para reflejar las nuevas funciones y responsabilidades de las personas que intervienen en el régimen. Para simplificar el proceso aduanero de entrada de mercancías en el territorio aduanero de la Unión, garantizando al mismo tiempo que exista una única persona responsable de las mismas. Las mercancías no pertenecientes a la Unión que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión deben considerarse en depósito temporal desde el momento en que el transportista notifique su llegada hasta su inclusión en un régimen aduanero, a menos que ya estén incluidas en el régimen de tránsito. Esta situación debe quedar limitada en el tiempo. No debe extenderse durante más de diez días, salvo en casos excepcionales. Una vez que las autoridades aduaneras dispongan de la información necesaria para el régimen en cuestión, han de decidir, sobre la base de un análisis de riesgos, si someten las mercancías a controles adicionales, conceden, rechazan o suspenden su levante, o dejan pasar el tiempo para que las mercancías se consideren despachadas. En la medida en que los operadores de confianza por control («Trust and Check») concedan a las aduanas pleno acceso a sus sistemas, registros y operaciones y se les consideren fiables, deben poder proceder al levante de sus mercancías bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras, pero sin esperar a su intervención.
Conviene establecer medidas para regular la transición de un sistema basado en las declaraciones en aduana a otro basado en el suministro de información al Centro Aduanero de Datos de la UE. Al final del período transitorio, todas las autorizaciones han de dejar de ser válidas, ya que las declaraciones en aduana desaparecerán.
El proceso de salida de mercancías del territorio aduanero de la Unión debe racionalizarse y simplificarse, en consonancia con el proceso de entrada. La aduana responsable de la exportación debe estar obligada a llevar a cabo un análisis de riesgos de la información sobre las mercancías y a adoptar o solicitar las medidas apropiadas antes de la salida de estas.
Para garantizar que los regímenes suspensivos sean también transparentes, conviene racionalizar las disposiciones relativas a los requisitos aplicables a las autorizaciones de los regímenes especiales. Conviene reforzar el mecanismo destinado a vigilar de manera más eficiente la aplicación de las medidas restrictivas sobre el flujo de mercancías y debe establecerse un mecanismo de gestión de crisis para hacer frente a posibles crisis de la Unión Aduanera.
El actual marco de gobernanza de la Unión Aduanera carece de una estructura de gestión operativa clara y no refleja la evolución de las aduanas desde su creación en 1968. Ante esta situación es crucial la creación de una Autoridad Aduanera de la UE para garantizar un funcionamiento eficiente y adecuado de la Unión Aduanera, coordinar de forma centralizada la actuación aduanera y prestar apoyo a las actividades de las autoridades aduaneras que debe estar dotada de un presupuesto autónomo, con ingresos procedentes del presupuesto general de la Unión y cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros. Este órgano ha de trabajar estrechamente y cooperar con la Comisión, la OLAF, otras agencias y organismos pertinentes de la Unión, como Europol, la Fiscalía Europea y Frontex, así como con agencias y redes especializadas en los ámbitos políticos respectivos, como la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos. Debe establecerse un marco común que recoja un núcleo mínimo de infracciones aduaneras y de sanciones no penales. Las sanciones y las responsabilidades impuestas a los operadores económicos deben ser proporcionadas a su papel en el proceso de transacción, garantizando la equidad y la claridad en su aplicación. La Comisión, los Estados miembros y la Autoridad Aduanera de la UE deben intercambiar regularmente las mejores prácticas en materia de auditoría y sanciones, con el fin de mejorar la coherencia en la aplicación de las sanciones.