Vulnera la libertad de circulación de capitales la normativa por la que solo los organismos de inversión colectiva constituidos en otro Estado miembro pueden no cumplir el requisito de gestión externo y no pueden acogerse a la exención del IS
Vulnera la libertad de circulación de capitales la normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de manera externa.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 27 de febrero de 2025, en el asunto n.º C‑18/23, resuelve que la norma polaca vulnera la libertad de circulación de capitales al establecer que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo, ya que al establecer ese requisito no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado porque la Ley de Fondos de Inversión polaca que excluye de manera absoluta la creación en Polonia de un fondo de inversión gestionado internamente, de forma que con tal requisito tan sólo se excluyen organismos de inversión colectiva constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro. Este requisito establece una diferencia de trato no en función del Estado de residencia del organismo de inversión colectiva, sino en función de su modo de gestión.
En el caso planteado, un fondo que opera de conformidad con el derecho luxemburgués bajo la forma de fondo de inversión especializado ha sido autorizado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero, Luxemburgo (CSSF) y está directamente sometido al control de esta última como fondo de inversión regulado. Este fondo es gestionado internamente por un consejo de administración, que también ha sido incluido en la lista de gestores de fondos de inversión alternativos de la CSSF y su objeto exclusivo es la inversión colectiva de fondos, obtenidos en el marco de una oferta no pública de adquisición de participaciones del fondo, en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros derechos patrimoniales, por lo que puede invertir en acciones de sociedades cotizadas, incluida la Bolsa de Varsovia, Polonia, en obligaciones emitidas por sociedades de capital, incluidas aquellas que tengan su domicilio social en Polonia, y en obligaciones del Estado, entre ellas las emitidas por la República de Polonia.
La cuestión que se plantea en este caso es si el Derecho de la Unión se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de forma externa. Constituye un tratamiento menos favorable la exclusión de las rentas percibidas por un organismo de inversión colectiva no residente del disfrute de una exención, a diferencia de las rentas percibidas por un organismo de inversión colectiva residente.
En el presente asunto, de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende, en primer término, que las rentas de los fondos de inversión cuyo domicilio se encuentra en Polonia disfrutan de la exención del impuesto sobre sociedades. Existe igualdad de trato entre los organismos de inversión colectiva con domicilio en otro Estado miembro o en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y los fondos que tienen su domicilio en Polonia, sin embargo, la Ley de Fondos de Inversión excluye de manera absoluta la creación en Polonia de un fondo de inversión gestionado internamente, por lo que este requisito establece una diferencia de trato no en función del Estado de residencia del organismo de inversión colectiva, sino en función de su modo de gestión.
El Tribunal señala que una normativa nacional que es indistintamente aplicable a los operadores residentes y a los operadores no residentes puede constituir una restricción a la libre circulación de capitales. Sin embargo, en el caso de autos la consecuencia ineluctable y no aleatoria de este requisito es que solo los organismos de inversión colectiva constituidos en otro Estado miembro pueden no cumplir el requisito relativo al modo de gestión externo y no pueden, por esta razón, acogerse a la exención de sus rentas y por tanto la libre circulación de capitales se vería privada de sus efectos si un organismo de inversión colectiva no residente, que ha adoptado un modo de gestión autorizado por la normativa del Estado miembro en el que está domiciliado y que opera conforme a dicha normativa, se viera privado de una ventaja fiscal aplicable a las rentas obtenidas de su inversión en otro Estado miembro por el mero hecho de que su modo de gestión no se corresponde con el exigido para los organismos de inversión colectiva establecidos en este último Estado miembro.
Esta diferencia de trato, de acuerdo con el art. 65.1puede permitirse solo cuando no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general. En relación con una normativa nacional que tiene por objeto eximir las rentas de los organismos de inversión colectiva y que pretende asimilar fiscalmente las inversiones efectuadas a través de tales organismos a las inversiones efectuadas directamente, un organismo de inversión colectiva dotado de un modo de gestión interno no se encuentra en una situación objetivamente diferente de la de un organismo de inversión colectiva dotado de un modo de gestión externo, por tanto, esta restricción establecida por la normativa controvertida en el litigio principal puede estar justificada por razones imperiosas de interés general. Ciertamente, no cabe excluir que un Estado miembro prevea que, para garantizar un nivel de protección de los inversores que considere adecuado, solo puedan crearse en su territorio fondos de inversión gestionados de forma externa. El Gobierno polaco no ha expuesto de qué manera el hecho de conceder la exención del impuesto sobre sociedades a un organismo de inversión colectiva con domicilio en otro Estado miembro, gestionado internamente, pondría en peligro el objetivo de protección de los inversores perseguido por las autoridades nacionales.
Si bien puede considerarse que un tratamiento fiscal más favorable de las rentas de un organismo de inversión colectiva dotado de gestión externa puede incitar a los inversores a recurrir a tales organismos, de ello no cabe deducir, a contrario, que un tratamiento fiscal menos ventajoso, en forma de una negativa a eximir del impuesto sobre sociedades las rentas percibidas por un fondo dotado de gestión interna, permite proteger a los inversores frente a las inversiones efectuadas en tales fondos. Por consiguiente, una medida fiscal que tiene por objeto hacer menos atractivas las inversiones realizadas por un organismo de inversión colectiva que tiene su domicilio en otro Estado miembro y que está sometido en este al control de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero, pero que tiene un modo de gestión interno, no puede considerarse adecuada para alcanzar el objetivo perseguido de protección de los inversores.
El Tribunal de Justicia concluye que el art. 63.1 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de manera externa.