El Gobierno analiza un plan de lucha contra el fraude fiscal y la situación del sector público

• El Consejo de Ministros ha analizado esta mañana las directrices generales que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012.
• Además, ha estudiado diversas medidas que se impulsarán a lo largo del ejercicio con la finalidad de estrechar el cerco contra el fraude fiscal.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la lucha contra el fraude fiscal.

Las directrices que próximamente se publicarán y que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012, se estructuran en tres grandes apartados:

• Comprobación e investigación del fraude fiscal.
• Control de fraude en fase recaudatoria.
• Colaboración con las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas.

En el primer apartado se engloban las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en las que existe una mayor percepción del fraude, actuaciones de fiscalidad internacional, investigación de la economía sumergida y control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales.

En el ámbito de la fiscalidad internacional interesa subrayar, por su carácter novedoso, la explotación de la información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios. De extraordinaria relevancia para el ejercicio 2012 es la posibilidad de obtener información de países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, información de la máxima relevancia en la lucha contra el fraude fiscal.

En relación con la economía sumergida, las actuaciones se dirigirán a la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas o parcialmente declaradas en determinados sectores productivos. Se reforzarán los mecanismos de colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y se intensificarán las actuaciones de carácter presencial. Además, se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas: consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito.

En cuanto al control del fraude en fase recaudatoria, se comprueba cómo, a través de diversos mecanismos, en numerosas ocasiones se elude finalmente el pago de la deuda tributaria y aduanera. Por ello, en el presente ejercicio se adelantará la intervención de los órganos de recaudación al momento en que se inicien los procedimientos de gestión tributaria, se impulsará la adopción de medidas cautelares y de derivaciones de responsabilidad. Para detectar la ocultación de bienes o actividades se prevé la colaboración de Vigilancia Aduanera. Asimismo, se potenciará la utilización de las normas antiabuso disponibles, tales como la responsabilidad por ocultación de bienes y por levantamiento del velo y, para los supuestos más graves, la acusación por delito de insolvencia punible.

En el tercer apartado, se considera imprescindible la colaboración y el intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatutos de Autonomía para la lucha contra el fraude en los tributos cedidos. Por ello, se va a promover la adopción de acuerdos para el intercambio de aquella información de la que disponen ambas Administraciones por el ejercicio de las competencias que constitucionalmente tienen atribuida y que resulta trascendente en el ámbito tributario y de utilidad para los dos niveles de administración. En 2012 también se avanzará en el establecimiento de cauces permanentes de intercambio de información tributaria entre el Estado y las Haciendas Forales.

Además, el Gobierno ha analizado diversas medidas que serán objeto de estudio, modificaciones normativas o adaptaciones operativas a lo largo de 2012. Entre ellas se incluyen actuaciones dirigidas a fomentar el cumplimiento voluntario y la prevención del fraude, en cuanto permitirán liberar recursos para dedicarlos a las labores de lucha contra las formas de fraude más complejas o sofisticadas:

• Autoregularización voluntaria.
• Autocorrección de incidencias censales.
• Ampliación del ámbito del borrador del IRPF.
• Potenciación de la Administración electrónica.
• Foros empresa - Administración.
• Obtención on line de información tributaria personalizada.
• Formulación de consultas a la Administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica.

También en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, se estudiará la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, medidas tendentes a limitar el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades y actuaciones de lucha contra las manifestaciones más graves de fraude fiscal (delitos contra la Hacienda Pública). Asimismo, en el ámbito internacional, considerando prioritarias las actuaciones que contribuyan al cerco y erradicación de los paraísos fiscales, se van a firmar nuevos Acuerdos de Intercambio de Información e incluir cláusulas en este sentido en los Convenios de Doble Imposición, se apoyarán los trabajos que el Foro Global está realizando por encargo del G-20 y España será parte muy activa del Foro para el Intercambio de Buenas Prácticas entre las Administraciones Tributarias.

Finalmente, y con el propósito de consolidar un sistema de reacción frente a los fraudes en la acción de cobro, se estudiará la modificación de la normativa vigente con el fin de introducir mejoras en la exigencia de responsabilidades tributarias, en la adopción de medidas cautelares y en el sistema sancionador.

INFORME SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Publicas sobre la situación del sector publico empresarial en España.

La evolución de las cuentas públicas en España refleja el impacto de la crisis económica que afecta de forma generalizada a los países del entorno comunitario, pero que se muestra especialmente profunda en el caso de nuestro país. El estancamiento de la actividad económica, unido a la dificultad para la financiación de la actividad pública, pone de manifiesto la necesidad de racionalizar la dimensión y estructura del sector público empresarial con el fin de garantizar la eficiencia de la actividad pública.

En este informe se incluyen una serie de medidas tendentes a la reordenación del sector público desde una perspectiva amplia, puesto que no sólo se persigue reducir la dimensión del sector público empresarial, sino controlar su actividad y racionalizar su organización, todo ello en el marco de la necesaria disciplina en la que tiene que desarrollarse la actividad de las Administraciones públicas sin menoscabo de la calidad de los servicios que prestan.

Las medidas de racionalización, que afectarían al sector público dependiente de la Administración Central, Autonómica y Local se plantean en torno a tres ejes de actuación:

• Medidas de reducción del gasto público.
• Medidas de control del gasto gestionado por el sector público empresarial.
• Medidas de racionalización en la gestión de la actividad empresarial pública.

El desarrollo y concreción de estas medidas en el ámbito autonómico y local se realizará en el marco de colaboración interadministrativa, instrumentada a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de la Administración Local, respectivamente.

Medidas de reducción del gasto público

En este grupo se incluyen medidas que pretenden la reducción del gasto público vinculado al funcionamiento del sector público, a través de la supresión de entidades y del control de los gastos de dirección.

Propuestas

• Reducción del sector público empresarial dependiente tanto de la Administración central como Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Por lo que se refiere a las Comunidades Autónomas, el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 22 de marzo de 2010 aprobó un Acuerdo Marco sobre sostenibilidad de las finanzas públicas 2010-2013 en el que las Comunidades se comprometieron a elaborar, en el plazo de tres meses, planes de racionalización y eficiencia del gasto público. En los Planes aprobados hasta el momento está prevista la eliminación, en términos netos, de 514 entidades, si bien, de acuerdo con los datos disponibles, sólo se han suprimido 69, lo que representa un grado de ejecución del 13,4 por 100 de las medidas contempladas en los Planes. En la próxima sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteará a las Comunidades Autónomas la necesidad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
• Reducción de los cuadros directivos de las sociedades públicas y limitación del número de miembros de los consejos de administración.
• Promover la elaboración de un marco común, en cada Administración, que unifique las condiciones de las distintas entidades estableciendo límites a las estructuras directivas, personal, indemnizaciones, gastos de representación, etc. con la finalidad de recortar el gasto público y otorgar la necesaria uniformidad al sector público empresarial.

Medidas de control del gasto gestionado por el sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden frenar y reconducir la "huida del derecho administrativo" que se ha producido en la gestión de los servicios públicos, en los últimos años.

Propuestas

• Reorientar la organización del sector público hacia fórmulas jurídicas sometidas en su gestión al derecho administrativo y control presupuestario, en todas aquellas actividades en las que su naturaleza lo permita sin menoscabo de la necesaria agilidad y eficiencia. Este sometimiento al régimen jurídico-económico público abarcaría aspectos como la aplicación de los procedimientos propios del régimen de contratación de las administraciones públicas, la fiscalización de los actos de contenido económico, el carácter limitativo y vinculante de sus presupuestos y el registro de su actividad con arreglo a los principios y normas propios de la contabilidad pública.
• Establecimiento de un mecanismo de control/información previo de los gastos gestionados mediante encomiendas de gestión y fórmulas de asociación público-privadas.

Medidas de normalización de la actividad del sector público instrumental

En este grupo se incluyen medidas que pretenden organizar y ordenar la regulación y funcionamiento del sector público.

Propuesta

• Adopción de medidas para garantizar el suministro de información con periodicidad, mensual o trimestral en función del nivel de cada una de las Administraciones, y contenido necesario para cumplir con las exigencias de la normativa europea y nacional en materia de estabilidad presupuestaria. Todo ello conforme al marco general establecido en la Directiva 2011/85 UE.
• Desarrollo de una normativa que regule de manera unificada y concreta el régimen presupuestario, contable y de control aplicable a las distintas fórmulas de cooperación interadministrativa, en especial a los consorcios, como principal figura elegida para instrumentar la necesaria colaboración entre administraciones públicas a fin de evitar duplicidades en la prestación de servicios.