La propuesta de la Comisión Europea para la mejora de los procedimientos de retención a cuenta estimulará la inversión transfronteriza y contribuirá a la lucha contra el fraude fiscal

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para que los procedimientos de retención a cuenta en la UE sean más eficientes y seguros para los inversores, los intermediarios financieros (por ejemplo, los bancos) y las administraciones tributarias de los Estados miembros. Esta iniciativa, que es un elemento clave de la Comunicación sobre la fiscalidad de las empresas para el siglo XXI y del Plan de acción de la Comisión Europea para la unión de los mercados de capitales de 2020, promoverá una fiscalidad más justa, combatirá el fraude fiscal y sustentará las inversiones transfronterizas en toda la UE.

El término de «retención a cuenta» se refiere, por ejemplo, a la situación en la que un inversor residente en un Estado miembro de la UE está obligado a pagar impuestos sobre los intereses o dividendos obtenidos en otro Estado miembro. Este es el caso a menudo de los inversores transfronterizos. En tal situación, a fin de evitar la doble imposición, numerosos Estados miembros de la UE han firmado convenios de doble imposición que evitan que una misma persona o empresa tribute dos veces. Estos convenios permiten a un inversor transfronterizo presentar una solicitud de devolución por cualquier exceso de impuestos pagado en otro Estado miembro.

El problema es que estos procedimientos de reembolso son a menudo largos, costosos y engorrosos, lo que genera frustración para los inversores y desanima la inversión transfronteriza e internacional en la UE. En la actualidad, los procedimientos de retención a cuenta aplicados en cada Estado miembro son muy diferentes. Los inversores tienen que tratar más de 450 formularios distintos en toda la UE, la mayoría de los cuales únicamente en las lenguas nacionales. Los escándalos «Cum/Ex» y «Cum/Cum» también han demostrado cómo se pueden abusar de los procedimientos de reembolso: las pérdidas fiscales derivadas de esas prácticas se han calculado en 150 000 millones de euros en los ejercicios comprendidos entre 2000 y 2020.

Las acciones clave propuestas hoy facilitarán la vida a los inversores, los intermediarios financieros y las autoridades tributarias nacionales:

• Un certificado de residencia fiscal digital común de la UE hará que los procedimientos de reducción de la retención a cuenta sean más rápidos y eficientes. Por ejemplo, los inversores con una cartera diversificada en la UE solo necesitarán un certificado digital de residencia fiscal para reclamar varias devoluciones durante el mismo año civil. El certificado de residencia fiscal digital debe expedirse en el plazo de un día hábil a partir de la presentación de la solicitud. En la actualidad, la mayoría de los Estados miembros sigue recurriendo a procedimientos en papel.
• Dos procedimientos acelerados que complementan el procedimiento normal de devolución existente: un procedimiento de «reducción en origen» y un sistema de «devolución rápida», que harán que el proceso de reducción sea más rápido y armonizado en toda la UE. Los Estados miembros podrán decidir cuál utilizar y podrán combinar ambos.
• Con arreglo al procedimiento de «reducción en origen», el tipo impositivo aplicado en el momento del pago de dividendos o intereses se basa directamente en las normas aplicables de las disposiciones del convenio en materia de doble imposición.
• Con arreglo al procedimiento de «devolución rápida», el pago inicial se efectúa teniendo en cuenta el tipo de retención a cuenta del Estado miembro en el que se paguen los dividendos o intereses, pero la devolución de los impuestos pagados en exceso se concede en un plazo de cincuenta días a partir de la fecha de pago.

Se calcula que estos procedimientos normalizados permitirán ahorrar a los inversores alrededor de 5 170 millones de euros al año.

• Una obligación de notificación normalizada facilitará a las administraciones tributarias nacionales las herramientas necesarias para comprobar la admisibilidad del tipo reducido y detectar posibles abusos. Los intermediarios financieros certificados tendrán que notificar el pago de dividendos o intereses a la administración tributaria pertinente para que esta pueda rastrear la operación. En particular, se exigirá a los grandes intermediarios financieros de la UE que se adhieran a un registro nacional de intermediarios financieros certificados. Este registro también estará abierto, con carácter voluntario, a los intermediarios financieros de fuera de la UE y de menor tamaño.  Los contribuyentes que inviertan en la UE a través de intermediarios financieros certificados se beneficiarán de procedimientos acelerados de retención a cuenta y evitarán la doble imposición sobre los pagos de dividendos. Cuanto mayor sea el registro de intermediarios financieros, más fácil será para las autoridades tributarias tramitar las solicitudes de devolución, independientemente del procedimiento utilizado.

Próximas etapas

Una vez adoptada por los Estados miembros, la propuesta entrará en vigor el 1 de enero de 2027.  

Contexto

La propuesta es solo una de las iniciativas de la Comisión destinadas a simplificar los procedimientos para las empresas y luchar contra las prácticas fiscales abusivas. En diciembre de 2022, los ministros de Hacienda adoptaron la propuesta de la Comisión de Directiva del Consejo sobre el establecimiento de un nivel mínimo mundial de imposición para los grupos multinacionales de empresas y los grupos nacionales de gran magnitud en la UE. Además, en mayo de 2023 se alcanzó un acuerdo político sobre nuevas normas de transparencia fiscal para todos los proveedores de servicios que faciliten las operaciones con criptoactivos a clientes residentes en la UE. La propuesta de hoy es también un elemento clave del Plan de acción de la Comisión Europea para la unión de los mercados de capitales de 2020.