Reformas estructurales para el próximo semestre dentro de la Estrategia de Política Económica

• Más de cuarenta iniciativas legislativas, además del Plan de Emprendedores y las Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación, se pondrán en marcha hasta finales de marzo de 2013

El Consejo de Ministros ha analizado la Estrategia Española de Política Económica del Gobierno, coordinada por la vicepresidenta del Gobierno, en colaboración con la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y la participación de todos los Ministerios, en la que se recoge el balance de las principales medidas adoptadas hasta el momento; así como las principales reformas estructurales previstas para el próximo semestre, que supondrán la aprobación de más de cuarenta iniciativas con rango de Ley hasta el mes de marzo, entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Creación de una Autoridad Fiscal Independiente
• Reforma de la Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
• Ley de Garantía de la Unidad de Mercado
• Ley del Sector Eléctrico
• Ley de Medidas en el ámbito del ejercicio profesional
• Ley General de Telecomunicaciones
• Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas
• Ley de Medidas para la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria
• Ley de Evaluación Ambiental
• Ley de Jurisdicción Voluntaria

La Estrategia Española de Política Económica del Gobierno parte de un repaso de las dificultades y fortalezas con las que cuenta la economía española, y refleja las líneas estratégicas prioritarias de la acción del Gobierno para favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. Estas líneas se centran en la consolidación fiscal, la reforma del sistema financiero y las reformas estructurales necesarias para mejorar la flexibilidad y competencia de la economía española.

CONSOLIDACIÓN FISCAL

En el ámbito de la consolidación fiscal se define una mejora de la gobernanza económica, con un mayor control y disciplina presupuestaria, sobre la base de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el compromiso de todas las Administraciones Públicas en el estricto cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

En este terreno, se han puesto en marcha ya instrumentos fundamentales como el Plan de Pago a Proveedores o el Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas, que permiten a las Administraciones Territoriales hacer frente a sus deudas y necesidades financieras, siempre y cuando cumplan con unos requisitos de ordenación de sus cuentas.

Autoridad Fiscal Independiente

Además, para reforzar este compromiso se introducen nuevos mecanismos de control y transparencia presupuestarios. Por un lado, en el primer trimestre de 2013, se creará una Autoridad Fiscal Independiente que velará por el estricto cumplimiento de la normativa presupuestaria. Para ello, la Autoridad llevará a cabo un seguimiento continuo sobre el diseño, la implementación y la ejecución de los presupuestos, permitirá detectar de forma temprana las posibles desviaciones y, en su caso, realizar las advertencias convenientes. Por otro lado, y para incrementar la transparencia, se establece que a partir de ahora los datos de ejecución presupuestaria, en Contabilidad Nacional, de las Comunidades Autónomas se comunicarán de forma mensual.

La transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos quedarán reforzadas también con aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

Déficit público

Más allá de las nuevas reglas de gasto, se establecen también nuevas medidas para avanzar en la necesaria reducción del déficit público. Desde el punto de vista de los gastos, se avanzará en la austeridad y eficiencia de las Administraciones Públicas, de forma que la Administración General del Estado seguirá aplicando medidas para mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario, como un Plan de Enajenación de Inmuebles Rústicos, o extender las centrales de compras de bienes y servicios. Las Administraciones Territoriales, por su parte, deberán cumplir los ajustes previstos en sus respectivos Planes Económico-Financieros, entre los que se incluye la reducción del número de empresas y fundaciones públicas, en línea con el Plan de Redimensionamiento que está aplicando el Gobierno central en este ámbito.

Por lo que respecta a los ingresos, el Gobierno ha llevado a cabo ya una importante revisión de las figuras tributarias, incluyendo una nueva fiscalidad energética y medioambiental. Continuando con esta revisión, se recogen ahora nuevas medidas impositivas, como la modificación de la tributación por IRPF (para ajustar la tributación por plusvalías obtenidas a corto plazo, eliminar la deducción por compra de vivienda o establecer un nuevo gravamen para premios de Loterías y Apuestas del Estado superiores a 2.500 euros) y nuevas medidas en el Impuesto sobre Sociedades, para la reforma del régimen de amortización.

Además, para incrementar los ingresos, erradicar el fraude y favorecer la equidad, en este último trimestre del año se aprobarán la nueva Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, la Ley de lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal. Este paquete normativo contra el fraude aporta importantes novedades, como la limitación a 2.500€ de los pagos en efectivo en operaciones.

REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

Como segunda línea estratégica fundamental, la Reforma del Sistema Financiero continuará con la aplicación prevista en los Reales Decretos-Leyes aprobados, en lo que se refiere a los planes de reestructuración y resolución de entidades, y se verá reforzada con un nuevo marco normativo coherente con la Unión Europea, incluyendo el desarrollo reglamentario y puesta en marcha de la sociedad de gestión de activos, que se llevará a cabo antes de final de año.

REFORMA ESTRUCTURALES

La tercera gran línea de la Estrategia Española de Política Económica la constituyen las reformas estructurales previstas para el próximo semestre.

Mercado laboral y política de empleo

El Gobierno continuará avanzando en la implementación de la reforma del mercado laboral y la revisión de las políticas de empleo. En este ámbito, las principales novedades se centrarán en el impulso a la formación profesional, con el desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje y el establecimiento de las bases para la implantación de un modelo de formación profesional de carácter dual. Para favorecer la empleabilidad, también se reforzará la intermediación laboral, con una mayor colaboración público-privada en el ámbito de los Servicios Públicos de Empleo. Además, se llevará a cabo una amplia evaluación de las políticas activas de empleo -en la línea del seguimiento de los resultados de la reforma laboral que llevará a cabo el Gobierno-, para determinar los futuros objetivos prioritarios y concentrar los recursos en la inserción laboral de las personas con mayor dificultad para encontrar un empleo. En coherencia con este objetivo, se aprobará, antes de finalizar el año, la Estrategia de Empleo y Emprendimiento Joven.

Educación

En este sentido, además, se recoge como prioritaria la Reforma de la Educación, con base en la Ley Orgánica para mejorar la Calidad Educativa, que supone una reforma integral del sistema, para reducir el abandono, favorecer la capacitación y la empleabilidad de los jóvenes españoles.

Pensiones

Ambas reformas, laboral y educativa, determinan en gran medida la creación de empleo en nuestro país y, con ello, la sostenibilidad del sistema de pensiones, que constituye una prioridad fundamental para el Gobierno, más todavía en un entorno económico que provoca la caída de la ratio del número de cotizantes por pensionista. En este sentido, en este mismo trimestre se remitirá a la Comisión del Pacto de Toledo una propuesta de regulación del factor de sostenibilidad, en cumplimiento de la Ley 27/2011, para permitir una revisión de los parámetros del sistema de pensiones -como la esperanza de vida- para asegurar su viabilidad. Además, se incorporarán nuevas medidas para acercar la edad real a la edad legal de jubilación, modificando la regulación de la jubilación parcial y anticipada. Para contribuir a la sostenibilidad del sistema se reformará también la normativa sobre Mutuas de Accidentes de Trabajo y Accidentes Profesionales, modernizando su funcionamiento y gestión, para alcanzar un mayor nivel de eficacia.

Sector público

En el marco de la sostenibilidad de los servicios públicos, se avanzará también en las líneas prioritarias de la Reforma del Sector Público. A los instrumentos incorporados en la legislación estatal para racionalizar los servicios de sanidad, educación y dependencia o la gestión de las televisiones autonómicas, se sumarán las actuaciones previstas en los Planes Económico-Financieros aprobados para todas las Comunidades Autónomas, así como la aprobación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delimitará las competencias municipales y evitará duplicidades, al tiempo que reducirá las estructuras administrativas (Mancomunidades y Entidades Locales Menores), previendo además una limitación del número de concejales en la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General.

Unidad de Mercado

Desde el punto de vista de la mejora de la competitividad, la flexibilidad y la capacidad de crecimiento de la economía española, se plantea un amplio programa de reformas para el próximo semestre. En primer lugar, se mejorará el marco regulatorio y de supervisión sobre la base de dos grandes Leyes: la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, para asegurar la libre circulación de bienes y prestación de servicios en todo el territorio nacional, reduciendo los costes derivados de la fragmentación del mercado interior; y la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para unificar en una única instancia las funciones de los organismos supervisores, simplificando procedimientos y favoreciendo el correcto funcionamiento de los mercados.

Plan de Emprendedores

Para lograr una mayor competitividad, reducir el desempleo y dinamizar la economía, se aprobará en el próximo semestre un Plan de Emprendedores que favorezca la creación, desarrollo y expansión de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Así, se creará la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, se facilitará la segunda oportunidad en la creación de nuevos negocios y se impulsarán nuevas formas de financiación alternativa a la bancaria. Asimismo, se creará la Agencia de Internacionalización, que aprovechará las sinergias de los distintos instrumentos públicos para facilitar las exportaciones españolas y la captación de inversión extranjera, y se avanzará en la puesta en marcha el Plan Nacional e Integral de Turismo con su primera evaluación, así como otras medidas de potenciación de este sector estratégico.

Ciencia

En el ámbito de la Ciencia y la Innovación, se prevé una nueva planificación de las estrategias españolas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la creación de una Agencia Estatal para la Investigación, que gestionará, financiará y evaluará la actividad científica de carácter público.

Competencia

Con el fin de incrementar la competencia, se prevén también una Ley de Medidas en el ámbito del ejercicio profesional, en línea con lo establecido en las recomendaciones del Semestre Europeo 2012-2013; nuevas actuaciones para avanzar en la liberalización del sector de las telecomunicaciones, con una nueva Ley General de Telecomunicaciones; en el sector del transporte (liberalización del tráfico de viajeros nacional por ferrocarril y medidas para permitir la entrada de capital privado en AENA), y en el sector de la energía (con una nueva Ley del Sector Eléctrico).

Mercado inmobiliario

También se adoptarán medidas para la dinamización del mercado inmobiliario, sobre la base de dos nuevos instrumentos normativos: la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas o la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

Sector primario

Por último, en el próximo semestre se aprobarán medidas de apoyo al sector primario, que conduzcan no sólo el equilibrio y la transparencia en el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley de medidas para la mejora de la cadena alimentaria), sino también a impulsar el crecimiento y la internacionalización de este sector.

Seguridad jurídica

Otro factor fundamental para el correcto funcionamiento de la economía radica en la seguridad jurídica. Consciente de ello, el Gobierno aprobará en el próximo semestre un conjunto de medidas para aportar mayor agilidad y mayores garantías en el funcionamiento de la Administración de Justicia, a través de la revisión de las tasas judiciales, reforzando las garantías en la asistencia jurídica gratuita o aprobando una nueva Ley del Registro Civil.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE POLÍTICA ECONÓMICA (pdf)

Fuente: La Moncloa