El fraude fiscal inverso

El fraude fiscal inverso
AUTOR: Constantino Coco Naves

Traigo este asunto a colación porque, publicado en un blog, suscitó reacciones contrarias al entender los lectores que este comentario es una apología del fraude fiscal. Nada más contrario en mi intención: es una crítica del fraude de las Administraciones Públicas a los contribuyentes. Recabo la opinión de este foro especializado.
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El fraude fiscal es una realidad socio-económica de ida y vuelta y de diversa etiología, como puede ser la reacción del ciudadano a quien los excesos de las, a veces, prepotentes administraciones públicas le hacen sentirse súbdito expropiado del fruto de su trabajo; la objeción de conciencia ante la vista de ciertos destinos -la financiación del aborto puede ser un buen ejemplo- que a veces se dan a los caudales públicos; la emoción del reto a los poderes públicos, como la de quien juega a la ruleta rusa; la pura y dura sinvergonzonería ínsita en la condición humana...

Frente a él reacciona la Hacienda Pública, bien mediante normativa tributaria antifraude, bien poniendo en marcha sus aparatos de control; y proclama cada año, con orgullo, haber descubierto más fraude que el año anterior, como si esa progresión fuese signo de buena administración de la cosa pública, de eficiencia del aparato inspector.

Pero, bien al contrario, ese descubrimiento creciente revela la mala política fiscal seguida por los gobiernos, que gastan mucho, gastan mal, y, a veces, para el mal, despilfarran y no evitan que se abran vías de escape por las que el dinero público se va hacia paraderos más o menos desconocidos; la consecuencia es obvia: porque a más gasto-despilfarro, mayor presión fiscal, asfixia psico-física y económica del súbdito-contribuyente y consecuente reacción de éste.

Del mismo modo que un buen director de empresa no es aquel que resuelve muchos problemas, sino quien, con sentido de la anticipación, evita que se produzcan, una buena Administración Tributaria no es la que levanta cada año mayor número de actas y por mayor volumen de euros; más bien sería aquella que con su buena política fiscal buscara la tendencia a cero de las cantidades defraudadas, de manera que el ámbito de la investigación inspectora se redujera al mundo de la delincuencia y a algún que otro defraudador compulsivo.

Por eso, cuando los gobiernos gastan mucho, gastan mal, y, a veces, para el mal, despilfarran y no evitan que se abran vías de escape por las que el dinero público se va hacia paraderos más o menos desconocidos, en un movimiento de ida y vuelta, se produce una "defraudación fiscal inversa", lo que, usando el verbo defraudar en la acepción uno del DRAE ("Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho."), viene a significar que si bien el súbdito-contribuyente defrauda -en la acepción tres del DRAE: "Elude o burla el pago de los impuestos o contribuciones."- a la Hacienda Pública, ésta defrauda a su vez al súbdito-contribuyente.

Estúpido (necio, falto de inteligencia) proceder es éste que consume recursos en perjuicio de todos y en beneficio... iba a decir de nadie; pero no: en beneficio, entre otros, de quienes, en frase del periodista Enrique de Diego, conforman la "casta parasitaria", expresión ésta que va tomando carta de naturaleza en nuestra sociedad. Sin embargo, la solución, como siempre, está en lo sencillo; y, esta vez, lo sencillo, lo encontramos en el cumplimiento sin concesiones del artículo 31 de nuestra Constitución:

"1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto publico realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley."

Bastaría aplicarlo (¡aplicarlo bien, claro!). Pero para que arraigue en el tejido social -aquí la cosa ya no es sencilla- es previo infundir en todas las capas sociales y en la conciencia de cada persona grandes dosis de moral -tarea para varias generaciones- Pero, ¿quedarán aún genuinos servidores de la cosa pública capaces de emprender las políticas adecuadas?