La nueva ley antifraude será un pilar básico en la estrategia de control de la Agencia Tributaria en 2013

• Más de una decena de las prioridades de control están vinculadas con las nuevas herramientas de la Ley 7/2012, afectando a materias como los pagos en efectivo, módulos y medidas cautelares de recaudación
• La creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional y un ambicioso análisis del negocio del comercio electrónico guiarán dos grandes estrategias de control tributario para el futuro
• Se reforzará la lucha contra la economía sumergida con 17.000 personaciones de inspección y 2.600 de recaudación, y se comenzará a comprobar el juego ‘on line’

La Agencia Tributaria ha publicado hoy [12 de marzo de 2013] en el Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan de Control Tributario 2013, principal instrumento de planificación de la Agencia en la lucha contra el fraude. El objetivo presupuestario marcado para este ejercicio es obtener unos ingresos de 9.130 millones de euros de efecto recaudatorio directo, lo que supone un 11,7% más que la meta fijada para 2012.

En esta ocasión, el Plan de Control viene claramente marcado por la puesta en marcha de la Ley 7/2012 de intensificación de actuaciones para la prevención y lucha contra el fraude, incluyendo más de una decena de líneas de actuación directamente relacionadas con esta norma.

La Agencia Tributaria, por tanto, vigilará desde el primer momento el cumplimiento de las nuevas exigencias que marca la Ley 7/2012, y aprovechará las nuevas herramientas que ofrece para el control tributario. Entre otras prioridades del Plan de Control 2013 relacionadas con la ley antifraude, destacan las siguientes:

• Control de pagos en efectivo. Análisis de las denuncias que se reciban sobre el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo a 2.500 euros. También se prestará especial atención a la existencia de transacciones respecto de las que no pueda determinarse el medio de pago utilizado y, de igual forma, se hará un especial seguimiento de los movimientos de efectivo en aduanas para detectar cantidades que superen el límite autorizado.
• Limitación del régimen de módulos. Se comprobará la evolución de los contribuyentes que quedan excluidos del régimen de estimación objetiva a partir de la entrada en vigor de la ley antifraude para perseguir aquellas actuaciones dirigidas a permanecer artificialmente en el régimen. Habrá un especial seguimiento de los empresarios que facturen a otros empresarios una parte significativa de sus operaciones para, cuando proceda de acuerdo con la Ley 7/2012, promover su exclusión del régimen.
• Nueva información sobre bienes y cuentas en el extranjero. La Agencia comprobará la situación tributaria de contribuyentes que, no habiendo presentado la nueva declaración informativa, ofrezcan indicios de operaciones con el extranjero que permitan presumir la existencia de bienes y derechos ocultos fuera de nuestras fronteras. En el caso de contribuyentes deudores, la declaración informativa se aprovechará para impulsar peticiones de asistencia mutua a otros Estados miembros de la Unión Europea al efecto de adoptar medidas cautelares o embargar bienes.
• Aplicación de la inversión del sujeto pasivo en el IVA para la entrega de inmuebles y para subcontratistas. Para las operaciones previas a la entrada en vigor de la Ley 7/2012, continuará la persecución de tramas organizadas que pretenden devoluciones de IVA mediante la transmisión de inmuebles sin contenido económico real. En las nuevas operaciones, se vigilará el cumplimiento efectivo de la regla de inversión del sujeto pasivo, tanto en las entregas de inmuebles como en el ámbito de los subcontratistas.
• Impulso a las medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales. Los órganos de recaudación, en colaboración con las áreas de Gestión, Inspección y Aduanas, adoptarán las medidas cautelares necesarias para asegurar el cobro de la deuda ante cualquier sospecha fundada de impago. La meta marcada para 2013 es incrementar las medidas cautelares un 20% sobre el objetivo del año anterior, superando las 3.500. En casos de presunto delito fiscal se podrá actuar incluso antes del envío del expediente a la Fiscalía, según lo previsto en la Ley 7/2012, y se investigará el patrimonio de los imputados para detectar conductas de vaciamiento patrimonial o insolvencias punibles. Además, se potenciará la adopción de acuerdos de prohibición de disponer de inmuebles de una sociedad cuando se hayan embargado acciones del deudor.
• Derivaciones de responsabilidad. Las principales medidas a llevar a cabo para luchar contra el fraude en la fase recaudatoria se centrarán en las derivaciones de responsabilidad. En este ámbito, se enfatizarán las actuaciones tendentes a la aplicación de los supuestos de levantamiento del velo, administradores de hecho y responsables solidarios por ocultación de bienes, aprovechando las mejoras establecidas por la Ley 7/2012.
• Actuaciones fraudulentas en el ámbito concursal. Aprovechando los cambios normativos establecidos en la ley antifraude, se procederá a la inadmisión inmediata de las solicitudes de aplazamiento de deudas que sean consideradas créditos contra la masa (posteriores a la fecha de declaración del concurso) y se vigilará la necesaria declaración separada de las cuotas de IVA devengadas antes y después de la fecha del concurso, así como la total compensación de los saldos pendientes antes de dicha fecha.

Control de la fiscalidad internacional

Otra novedad es la puesta en marcha de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que prestará especial atención a la tributación de grupos empresariales multinacionales y la comprobación de precios de transferencia. También en el ámbito internacional, serán objeto de atención preferente las personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países.

Pero, junto a ello, se prestará también especial interés a las operaciones que se realicen con territorios o países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios o acuerdos. Al respecto, la Agencia Tributaria practicará requerimientos de información selectivos con objeto de evaluar el grado de efectividad de los acuerdos de intercambio de datos de alcance tributario suscritos con dichos territorios y, si fuera necesario, denunciar su incumplimiento.

Lucha contra la economía sumergida

Durante 2013, la Agencia Tributaria seguirá intensificando su lucha contra la economía sumergida y la presencia de los órganos de control en la calle para efectuar controles masivos y actuaciones de captación de información presenciales sobre actividades económicas abiertas al público, recintos aduaneros y establecimientos autorizados.

Continuarán las actuaciones presenciales dirigidas a la detección de alquileres no declarados y se ampliarán los controles sobre sectores y actividades más susceptibles de ocultar actividad opaca, al tiempo que se mantiene la persecución del empleo de facturas falsas.

En concreto, está previsto realizar 17.000 visitas de verificación del cumplimiento fiscal en el ámbito de inspección y 2.600 personaciones de recaudación en locales propiedad de deudores. En ambos casos la previsión supone elevar en un 19% las actuaciones efectuadas en 2012.

También seguirán siendo prioritarias las actuaciones de investigación contra las tramas organizadas de fraude fiscal o blanqueo de capitales, y muy especialmente las relacionadas con la introducción en territorio aduanero de mercancías procedentes de países asiáticos.

Igualmente, será objeto de especial atención el contrabando de tabaco, toda vez que la combinación de determinados factores, como la subida de precios y la crisis económica, ha provocado un aumento del contrabando de tabaco en general y de los cigarrillos en particular que ha supuesto una relevante sustracción de ingresos tributarios.

Además, se reforzará la presencia efectiva de los órganos de recaudación en locales en propiedad de deudores bajo ciertos supuestos, como la posibilidad de que hayan incumplido diligencias de embargo con una trascendencia recaudatoria relevante. De igual forma, se intensificarán los embargos de pagos realizados por terceros al deudor mediante tarjeta de crédito.

El comercio ‘on line’ como plan de futuro

El Plan de Control de 2013 contempla también las primeras actuaciones dirigidas de manera integral y ordenada al sector del comercio electrónico. Con idea de preparar el terreno para proyectos más amplios y complejos en los años siguientes, la Agencia Tributaria comenzará a catalogar las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red.

Se trata de determinar patrones de riesgo fiscal que deban ser objeto de control y de obtener información sobre la actividad económica de los contribuyentes en la red, contrastando las características de los servicios ofertados a través de páginas web con el perfil tributario de los contribuyentes de acuerdo con la información disponible en las bases de datos de la Agencia. También se investigarán distintas vías de obtención de información sobre los medios de pago empleados en la red.

Este año arrancará también la comprobación de las actividades del juego ‘on line’, tanto en lo que toca a la tributación de los premios en IRPF e IVA como en lo referente a la tributación directa en general de los operadores del juego en la web.

Planificación agresiva y comprobación

En paralelo a estos focos de actividad, la Agencia Tributaria prevé reforzar sus controles relacionados con la planificación fiscal agresiva y la comprobación de otras operaciones, regímenes y sectores de actividad específicos. En ese sentido, y entre otros campos de actuación, se reforzará la comprobación de la deducibilidad de gastos financieros, particularmente intragrupo, se fomentará la comprobación conjunta de grupos familiares y sociedades en que participan para impedir trasvases fraudulentos de rentas entre unos y otros, y se incrementarán un 25% las actuaciones sobre profesionales, para descubrir ingresos no declarados y gastos ficticios.

También será objeto de atención prioritaria el correcto cálculo e ingreso de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades determinado por el método de la base imponible del año en curso (el que deben utilizar las grandes empresas).

En el marco de sus planes de control, la Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos. Asimismo, la información obtenida en estos procesos será cedida a las CCAA cuando resulte de interés para la gestión de los tributos respecto de los que sean competentes.

Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria ha decidido incrementar la participación de Vigilancia Aduanera en las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal. De esta manera, la lucha contra el fraude tributario podrá contar en mayor medida con las técnicas de investigación y operativa policial, así como las estrategias de investigación patrimonial y localización de activos propias de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Fuente: AEAT (13/03/2013)