Jurisprudencia

Así lo entiende la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 17 de mayo de 2006. La Administración considera que constituye un período de interrupción justificada o suspensión del plazo de tramitación del procedimiento de inspección incoado contra el recurrente, el tiempo en que se tardó en desarrollar las actuaciones llevadas paralelamente contra las sociedades en transparencia fiscal en las que participaba el recurrente. No es posible mantener la postura anterior, porque este supuesto no está previsto en el art.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias de 14 de julio de 2006 trata el caso. En un procedimiento de inspección en relación al ejercicio IRPF 1997 se descubre la falta de declaración de un incremento patrimonial que, no obstante, debía imputarse al ejercicio 1999. Antes de que se notifique la ampliación del procedimiento de inspección al IRPF 1999, el contribuyente presenta una autoliquidación consignando dicho incremento e ingresando la cantidad correspondiente.

Y destacamos también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, de 14 de septiembre de 2006, en materia de IRPF, en concreto sobre individualización de los rendimientos de actividades empresariales.

El Pleno del Tribunal Constitucional, de 11 de octubre de 2006, dictó sentencia entendiendo que, aunque la titularidad de bienes inmuebles no arrendados exterioriza la existencia de una renta potencial, que no ficticia, lo que permite someterla a imposición en el IRPF, es evidente que la renta imputada necesariamente debe ser la misma ante bienes inmuebles idénticos (misma superficie, situación, valor catastral y valor de mercado), careciendo de una justificación razonable la utilización de un diferente criterio para la cuantificación de los rendimientos frente a iguales manifestaciones

Del Tribunal Supremo destacamos su sentencia de 5 de octubre de 2006, que respecto de la deducción por creación de empleo en el Impuesto sobre Sociedades señala que la finalidad de este beneficio fiscal es la de incentivar la creación de empleo con origen en la existencia de una nueva relación laboral para el empleador y no en una mera sucesión o subrogación legal, con asunción de obligaciones preexistentes, entre ellas la de la antigüedad de los trabajadores (sentencia publicada en N

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 4 de octubre de 2006, afirma que, en el supuesto de autos, no se ha producido la prescripción del derecho a la devolución de ingresos indebidos, teniendo en cuenta que se han producido actos fehacientes del obligado tributario tendentes a la devolución del ingreso efectuado en concepto de IS - no residentes- a través del modelo 210, ya que desde el escrito de alegaciones al acta de disconformidad solicitó la misma, si bien mediante la pretensión de que se dedujeran de la deuda liquidada por IRPF -no residentes- las cantidades ya ingresadas por aq

Destacamos también la sentencia de la Audiencia Nacional, de 19 de julio de 2006, respecto de la aplicación de la fórmula de la prorrata en el Impuesto sobre el Valor Añadido a una entidad dedicada a la prestación de determinados servicios financieros a empresas del grupo y a terceros, así como a la realización de operaciones de compra y venta con las participaciones en las mismas.

Igualmente, hacemos referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional, de 5 de julio de 2006, en materia de devoluciones a no establecidos también en el Impuesto sobre el Valor Añadido, que en el supuesto del impuesto soportado por una entidad no establecida con NIF-IVA alemán que, posteriormente, una vez solicitado el NIF en España para operar como no residente, solicita la devolución del IVA soportado con anterioridad, manifiesta que no puede alzarse como obstáculo para el ejercicio de su derecho a la devolución del IVA el hecho de q

Y curiosa nos parece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 15 de junio de 2006, sobre sociedades que ocultan su carencia de personalidad jurídica.

La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 12 de septiembre de 2006, sienta una importante doctrina a favor del libre establecimiento de las empresas en el seno de la Unión Europea, al establecer que los artículos 43 y 48 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la inclusión en la base imponible de una sociedad residente establecida en un Estado miembro de los beneficios obtenidos por una sociedad extranjera controlada por aquélla en otro Estado miembro cuando dichos beneficios estén sujetos en este último Estado a un nivel de tributa