Noticias

Como consecuencia de la modificación que el RD Ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, produjo en la regulación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias -modificación que respondió, básicamente, a la adecuación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, a la nueva regulación comunitaria en materia de ayudas estatales de finalidad regional-, se acomete ahora la modificación reglamentaria con este Real Decreto.

Este Real Decreto se estructura en un artículo único y tres disposiciones finales. Aquel modifica diversos artículos del vigente Reglamento, en tanto que estas regulan el título competencial, la habilitación para desarrollar esta norma y su entrada en vigor, respectivamente.

• El proyecto de ley no busca imponer una sanción adicional al defraudador, sino hacer más transparente y eficaz la lucha contra el fraude. Cuenta con el aval del Consejo General del Poder Judicial
• La publicación en el Boletín Oficial del Estado, que afecta a los delitos contra la Hacienda Pública, la insolvencia punible y el contrabando, es proporcionada al fin perseguido e incluirá sólo los datos imprescindibles de las sentencias
• Conforme a la recomendación del Consejo General del Poder Judicial, el condenado podrá evitar la publicidad si satisface la cuantía correspondiente al perjuicio causado a Hacienda antes de que la sentencia sea firme

Como se recordará el pasado 11 de mayo el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal,  avalando  la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública al considerar que “sirve a un interés general”, si bien nueve vocales han formulado votos particulares en los que sostienen que la publicación de estas resoluciones afecta a derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos; además de considerar que no es un instrumento eficaz de prevención general y que supone una pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución.

Con el fin de facilitar a los contribuyentes afectados los trámites en relación con la tributación de las rentas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes, la Agencia Tributaria ha incorporado un apartado denominado PREFERENTES que se encuentra ubicado tanto en el portal de Campaña Renta 2014 como en el de IRPF (IMPUESTOS) en la página inicial de este sitio web.

• Preferentes

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2015, la Agencia Tributaria puso, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2015.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de junio.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Reglas especiales de cuantificación de rentas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes:

El artículo 15 del Real Decreto-Ley añade, con efectos desde el 1 de de enero de 2013, una nueva disposición adicional cuadragésima cuarta en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por la que se establecen reglas especiales de cuantificación de rentas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes.

 

El Pleno aprueba con el voto de calidad del presidente del TS y del CGPJ el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto considera que la publicación de un extracto de esas resoluciones cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública “sirve a un interés general”.Los vocales que se han pronunciado en contra del informe formularán votos particulares

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el 11 de mayo el informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal. El texto avala la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tenga por perjudicado a la Hacienda Pública al considerar que “sirve a un interés general”.

• Se apuesta por una Administración Pública, íntegramente electrónica, con cero papel e interconectada.
  
• Se facilitan las relaciones electrónicas de los ciudadanos y las empresas con la Administración, así como las comunicaciones electrónicas entre las Administraciones.
  
• Se aumenta la transparencia al crear nuevos registros públicos administrativos.
  
• Se racionaliza la estructura administrativa y se establece por primera vez un régimen de supervisión, evaluación y extinción de los entes públicos.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de Régimen Jurídico del Sector Público, que implantarán una Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Ambos han sido informados por las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo de Estado.

El miércoles 6 de mayo se inicia el plazo de petición de cita previa para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones. Puede solicitar cita por Internet, en cualquier momento del día, o llamando al teléfono 901 22 33 44 de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas.

El plazo para solicitar cita previa finalizará el próximo 29 de junio.

• Preguntas frecuentes sobre cita previa
• Renta 2014

El Consejo de Ministros ha aprobado la firma "ad referéndum" del Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y de su Protocolo, y ha dispuesto su remisión a las Cortes Generales y su ratificación. Además, se solicita su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia.