La COVID-19, además de amenazar la vida de las personas, también supone un grave riesgo para la economía global, y puede ser letal para muchas empresas que no cuenten con los recursos suficientes para afrontar una crisis de esta magnitud.
Los gobiernos se encuentran, pues, ante el dilema de tomar medidas de calado que permitan a determinadas empresas y sectores sobrevivir, o aplicar solo cuidados paliativos que alivien un poco su sufrimiento pero que no sean suficientes para que estas puedan seguir con sus puertas abiertas.
Entre las medidas que recomienda el FMI se encuentran los estímulos fiscales, pero en un contexto en el que los gobiernos deben afrontar el refuerzo de los sistemas sanitarios, la reducción de la recaudación tributaria y el incremento del gasto público solo se puede hacer vía endeudamiento, incrementando el déficit público, o recortando gastos de otras partidas.
Según las autoridades chinas el virus está remitiendo, por lo que si las medidas de contención funcionan y se comporta como la gripe común, cuya principal incidencia se produce entre diciembre y marzo, puede que a partir de abril se reactive la economía mundial, suban las bolsas y nos gastemos lo que no nos hemos gastado antes, pero hasta entonces algo hay que hacer y las medidas fiscales son una baza que hay que jugar.