Artículos de Tributación

El objeto del presente artículo es analizar de una manera teórico-práctica las principales cuestiones relacionadas con los ingresos derivados del arrendamiento de inmuebles: a) Los tipos de rendimientos que podrán generar los inmuebles de que sea titular un contribuyente del IRPF, IRNR o del IS; b) la tributación derivada de la naturaleza de los inmuebles sobre los que recae el arrendamiento, incidiendo en el arrendamiento turístico, como submodalidad del arrendamiento para uso distinto de la vivienda; c) las medidas utilizadas por la AEAT para intentar aflorar las rentas no declaradas derivadas del alquiler, adoptadas a partir de los datos consignados en las autoliquidaciones del IRPF de los perceptores de las mismas o de terceros, o con base en la información suministrada en el ejercicio de la obligación contenida en el artículo 93 de la LGT (modelos 180, 347 y 179, fundamentalmente); y d) las formas de que dispone el no declarante para regularizar voluntariamente su situación tributaria y los procedimientos al alcance de la Administración tributaria en caso de no hacerlo (procedimiento de comprobación limitada y procedimiento inspector).

Palabras claves: arrendamientos de viviendas y para uso distinto de la vivienda; alquiler de locales y turístico; declaraciones informativas; regularización voluntaria; procedimientos de comprobación limitada e inspector.

La referida sentencia examina un conjunto de cuestiones concernientes a la tributación de los intereses intracomunitarios, planteadas en relación con las liquidaciones denegatorias de la aplicación de la exención prevista en la Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de interesas y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados, efectuadas por la autoridad fiscal danesa.

El objeto del presente comentario es analizar la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2019, en la que se analiza la conexión existente entre los actos de gestión catastral y los actos de liquidación, se recuerda que la regla general es la imposibilidad de impugnar los valores catastrales firmes con ocasión de la impugnación de la liquidación, pero se reconoce la posibilidad de admitir esa impugnación en supuestos excepcionales.

A la hora de exigir las diversas responsabilidades tributarias relacionadas con la actuación de los administradores de una persona jurídica, la presencia de un determinado sujeto que reúna la cua-lidad de tal viene a erigirse en presupuesto indispensable, habiéndose contemplado en la actual Ley General Tributaria la posibilidad de que dicha exigencia se produzca no solamente respecto de los administradores legalmente designados –de derecho–, sino también de los de hecho.

La presente sentencia se ocupa de abordar la problemática relativa a estos últimos y, más en concreto, la siempre espinosa cuestión de la prueba de referida condición, abordando asimismo, con carácter previo, otra cuestión de indudable importancia como es la insoslayable necesidad de motivar adecuadamente los acuerdos declarativos de la responsabilidad.

El presente trabajo tiene por objeto analizar en qué medida la nueva obligación de información con trascendencia tributaria exigida a las denominadas «plataformas colaborativas» que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos excede lo necesario y proporcional imponiendo una carga administrativa y operativa a ciertos modelos de negocio que podría resultar contraria a la normativa existente, tanto nacional como comunitaria, introduciendo un conjunto de trabas innecesarias y desproporcionadas a la competencia efectiva en el mercado.

Palabras claves: Real Decreto 1070/2017; Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo; obligación de información; alquiler turístico; libre competencia.

En los países miembros de la OCDE, la posibilidad de adhesión a los programas de cumplimiento cooperativo está limitada a las grandes empresas: las pequeñas y medianas empresas, aunque constituyan una parte fundamental de sus tejidos productivos, han sido casi siempre excluidas. Estos sistemas se caracterizan por tener consecuencias también bajo el perfil sancionador, puesto que permiten considerar de manera diferente la confianza legítima y la buena fe del contribuyente que coopera.
A partir de un análisis de los sistemas de cooperative compliance existentes en Italia y España, este artículo aspira a identificar las medidas aptas para mejorar el cumplimiento de las pequeñas y medianas empresas y explorar la posibilidad de extender los paradigmas cooperativos a las mismas, así como ya ocurre en el sistema neerlandés de horizontal monitoring.

Palabras claves: cumplimiento cooperativo; pymes; confianza legítima; buena fe; sanciones.

Este trabajo contiene el análisis de determinados componentes controvertidos de la base imponible consolidada, del régimen especial de consolidación fiscal, según la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Por un lado, se analizan la posible interpretación y la problemática existente en la práctica desde el punto de vista fiscal, motivado por la nueva redacción que ha introducido la Ley 27/2014 en la determinación de la citada base imponible consolidada.
Por otro lado, se examinan algunos ejemplos controvertidos, así como otros casos que pueden dar origen a diversas interpretaciones en la práctica.
Finalmente, se realiza un estudio detallado de la eliminación de las partidas intragrupo.
El trabajo se acompaña de cuadros y esquemas, así como de varios ejemplos.

Palabras claves: consolidación fiscal; Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades; base imponible consolidada; contabilidad; eliminación de partidas intragrupo.

Los impuestos de salida suponen la tributación de plusvalías latentes con ocasión del cambio de residencia fiscal. Se trata de una figura jurídica que entra en conflicto con las libertades comunitarias, en el seno de la Unión Europea. Igualmente, genera problemas de doble imposición. Todo ello hace necesario que se analice la manera de compatibilizar los impuestos de salida con ambas cuestiones.

Palabras claves: impuestos de salida; imposición directa; doble imposición; libertades comunitarias; Unión Europea.

El Tribunal Supremo (TS) anula un Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se pronuncia sobre un requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que solicitaba la información de los abogados y procuradores que hubieran intervenido en procesos judiciales en los años 2014, 2015 y 2016. La sentencia anula el acuerdo sobre la base de que el requerimiento era ilegal. En este comentario analizamos los problemas que planteaba el requerimiento desde la perspectiva de que el CGPJ fuese su destinatario y el extraordinario contenido de la petición que se le dirigió. También analizamos otras cuestiones relativas a los requerimientos que el TS no aborda en su sentencia, a saber, los límites a la cantidad de sujetos afectados por la información requerida, la trascendencia tributaria y el carácter desproporcionado del requerimiento.

La Sentencia del Tribunal Supremo 58/2019, de 29 de enero, analiza la cobertura de responsabilidad por actos realizados en el ejercicio de su cargo de administradores de empresas siendo las condiciones generales las que concretan qué actos quedan cubiertos y cuáles quedan excluidos, en un supuesto en que la póliza reflejaba la exclusión expresa de la indemnización por impago de impuestos, considerando que la responsabilidad cuyo contenido natural no se limita a la responsabilidad civil regulada en la Ley de sociedades de capital sino que alcanza también a la que se prevé en la Ley general tributaria. Concluyendo el tribunal que el contenido natural o propio del contrato de seguro de responsabilidad civil de consejeros y directivos incluye la cobertura de la responsabilidad civil en la que incurran los administradores y directores de sociedades mercantiles como consecuencia del ejercicio de su cargo, pero no limitando esta a la que resulta de la aplicación de las normas de la Ley de sociedades de capital, sino que también es extensiva a la que puede resultar de normas tales como la Ley general tributaria.
Pronunciamiento importante no solo en el ámbito de la siempre complicada distinción en la práctica entre cláusulas delimitadoras y limitativas de las pólizas de seguro, sino también en el concepto de daño, como presupuesto de la responsabilidad civil, el cual pasamos a analizar.