Artículos de Tributación

Es público y notorio que, desde ciertos núcleos sociales y políticos, se está cuestionando el régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva. Así lo indican, entre otras manifestaciones, los antiguos pactos de investidura PP-Ciudadanos o el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude de octubre de 2018, que han dado pie a un debate en el que se entremezclan elementos técnicos y políticos.
El presente estudio pretende, de una parte, ofrecer una visión sistemática del régimen fiscal de las instituciones de inversión colectiva y de sus socios o partícipes, prestando especial atención a su proyección internacional, y de otra, formular algunas consideraciones en relación con el aludido debate.

Palabras clave: inversión colectiva; Unión Europea; convenios bilaterales; fondos de inversión americanos; privilegio fiscal; principios básicos.

La regulación del delito fiscal presenta unas peculiaridades dirigidas a reforzar la posición de la Administración para recaudar las deudas defraudadas. ¿Resulta compatible este régimen con la posibilidad de denunciar un posible delito después de haberse dictado liquidación? El artículo 197 bis.2 del Reglamento de aplicación de los tributos permitía «apreciar» indicios delictivos «en cualquier momento». Tal precepto ha sido anulado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019. Esta postura se discute, con vehemencia, en un voto particular. Pensamos –siguiendo al tribunal– que el precepto era ilegal por infringir el régimen previsto en la Ley General Tributaria. En la actualidad, sigue existiendo un deber de denuncia (art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), pero este queda limitado a los supuestos en que aparezcan nuevas pruebas y no implica la potestad para iniciar un nuevo procedimiento de comprobación. Por otra parte, aunque ofrezca ciertas dudas, parece posible una interpretación finalista del artículo 305.4 del Código Penal que admita una regularización penal ante los órganos judiciales después de haberse dictado liquidación.

Palabras clave: delito fiscal; denuncia; liquidación; regularización.

La problemática de la subcapitalización o preferencia que muestran las empresas por los capitales ajenos frente a los propios, dada la deducibilidad de los primeros, es en cierta forma corregida por la regla del artículo 16 de la vigente Ley del impuesto sobre sociedades. En el caso concreto de los grupos de empresas, la erosión de la base imponible provocada por las financiaciones intragrupo también encuentra su encaje en dicho artículo, junto a la solución ofrecida por el artículo 15 h) del mismo texto normativo cuando la financiación tiene un destino concreto como es la adquisición de participaciones en el capital de otras empresas. Como caso particular objeto de este estudio destaca la operativa iniciada en el periodo 2000-2010 en el que determinados fondos europeos proceden a la adquisición de empresas españolas con poco capital y enormes cantidades de deuda con la finalidad de que la propia empresa que se adquiere financie su propia adquisición derivándose una serie de problemas como la pérdida de la base imponible nacional o del control de nuestras empresas. La actual redacción del artículo 16.5 de la Ley del impuesto sobre sociedades hace frente a dicha operativa, conocida como operaciones leveraged buyouts (LBO), el cual precisa en el futuro de determinados desarrollos y aclaraciones dada la inseguridad jurídica de la redacción actual y los interrogantes que a día de hoy suscita.

Palabras clave: Iimitación; gastos financieros; adquisición; fusión; deuda.

El proceso de digitalización de la economía ha empujado a los principales actores del panorama internacional a replantearse las reglas tradicionales de tributación.
Mediante la digitalización, las empresas multinacionales pueden acceder a la obtención de beneficios sin necesidad de contar con una presencia física. Se sigue ofreciendo el mismo bien o servicio, pero residenciando los beneficios en jurisdicciones que no tienen por qué participar en la cadena de valor.
Precisamente esta ausencia de recaudación en las jurisdicciones donde se desarrolla parte del negocio digital ha motivado la búsqueda de una solución que permita gravar sus beneficios de una manera justa. El deseo de que esta búsqueda termine en una solución global y consensuada justifica la participación de organismos supranacionales como la OCDE.
Mediante el presente estudio se persigue dar a conocer el estado actual de los trabajos llevados a cabo por la OCDE en materia de economía digital, toda vez que servirán de base para las futuras soluciones que deben alcanzar antes del término del 2020.

Palabras clave: economía digital; Pilar Uno (I); Pilar Dos (II); OCDE.

El Tribunal Económico-Administrativo Central considera que en aquellos supuestos en los que el deudor principal haya prestado conformidad a la sanción que se deriva, en los términos del artículo 41.4 de la Ley general tributaria, la exigencia al responsable de tal sanción quedará limitada al importe de la sanción reducida, sin que tal circunstancia quede condicionada ni a la conformidad del responsable respecto tanto a la sanción derivada como al propio acuerdo de derivación, ni tampoco a la posible impugnación por este del acuerdo derivativo.

El objeto del presente trabajo es el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de marzo de 2019, en la que el tribunal, apreciando motivo de interés casacional, sienta doctrina en relación con la interpretación conjunta de los artículos 8, 55 y 84 de la Ley Concursal (LC) y 164 de la Ley General Tributaria (LGT). El TS, en un análisis global de los citados artículos, así como de los principios concursales, asume la prohibición de ejecución separada del crédito tributario contra la masa una vez resulta abierta la fase de liquidación. Esta interpretación, que puede parecer contraria a lo dispuesto específicamente en la ley, se mantiene en la línea de lo interpretado en anteriores ocasiones por el TS y el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en atención a la legislación vigente con anterioridad a la reforma operada por la Ley 38/2011. El aspecto, verdaderamente innovador de esta sentencia, se sitúa en la interpretación de los artículos 164.2 de la LGT y 84.4 de la LC como insuficientes para permitir que la Administración tributaria emita y notifique la providencia de apremio por el crédito tributario contra la masa impagado a vencimiento. Esta providencia la consideramos necesaria para el devengo de los recargos en todo su potencial y la compatibilidad de estos con el interés de demora. Este último es el aspecto que nos parece más discutible del pronunciamiento jurisprudencial, pues se vulnera la interpretación literal de la norma por obtener lo que consideramos es un pobre beneficio para el interés del concurso.

La sentencia objeto del presente análisis trata de determinar si se debe reconocer o no la legitimación para recurrir los tributos locales en vía contencioso-administrativa a los sujetos que ostentan un interés legítimo por asumir, en virtud de pacto o contrato, la obligación tributaria principal de su pago, sin tener la condición de sujeto pasivo. En el caso concreto, el Ayuntamiento de Leganés, como recurrente en casación, considera que, en virtud de la Ley general tributaria, la asunción de obligaciones tributarias mediante actos o contratos privados solo tiene eficacia entre las partes, por lo que no puede ser oponible a la Administración tributaria. En contraposición, la sociedad recurrida se opone a dicho recurso con base en la posición mantenida por la Dirección General de Tributos. En consecuencia, el Tribunal Supremo estudia la legitimación activa de los citados sujetos tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa. La sentencia, por lo tanto, examina las previsiones de los recursos de reposición contenidas en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, en relación con la Ley general tributaria. Además, también se ocupa de la legitimación en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional.

2019 no ha sido un año en el que se hayan promulgado normas internas con trascendencia en materia de IVA. Ante esta ausencia normativa, el presente artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada a lo largo del año, que afecta a este impuesto.
Para una mayor comprensión y orden en la exposición se analizan las resoluciones más importantes de acuerdo con la propia estructura de la LIVA, de forma que el lector tenga así un conocimiento de esta jurisprudencia acorde con los títulos de la norma.

Palabras clave: IVA; hecho imponible; exenciones; lugar de realización; devengo; base imponible; tipo impositivo; deducciones; devoluciones a no establecidos; suministro inmediato de información; Haciendas forales.

Desarrollamos a continuación un caso práctico que consta de cuatro apartados correspondiente a la prueba 2 de las pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios, donde se plantean cuestiones relativas a aspectos de los tributos propios de la Generalitat de Catalunya sobre las estancias en establecimientos turísticos y sobre las viviendas vacías. También se tratan cuestiones relativas a aspectos de ISD, IP, IVA, ITP y AJD y procedimientos tributarios.

Palabras clave: Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat de Catalunya; tributos propios; ISD, IVA, ITP y AJD y procedimientos tributarios.

El Tribunal Supremo viene a reiterar en esta sentencia su jurisprudencia sobre el efecto interruptor de la prescripción de las actuaciones realizadas con posterioridad al vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento de inspección, aplicándola igualmente al caso en que dicha actuación posterior está constituida por un acuerdo de ampliación de las actuaciones inspectoras que devino ineficaz para el fin que perseguía por haber sido adoptado o notificado una vez expirado el plazo inicial de las mismas.
Introduce, sin embargo, una exigencia más, respecto de la jurisprudencia anterior, para que las actuaciones posteriores interrumpan la prescripción, y es que la Administración declare expresamente la caducidad del procedimiento de inspección, exigencia obviamente errónea al no estar el procedimiento de inspección sujeto a caducidad.
El Tribunal Supremo debe, a nuestro juicio, no solo corregir en el futuro el error cometido, sino fijar de una vez por todas, conforme a su propia jurisprudencia, que, una vez superado el plazo máximo de duración del procedimiento inspector, la interrupción de la prescripción por actuaciones posteriores solo puede producirse cuando sea la propia Inspección de los Tributos la que reconozca la superación de dicho plazo.