Artículos de Tributación

Este trabajo analiza el estado actual de la seguridad jurídica en la fiscalidad nacional e internacional, las fuentes de incertidumbre, sus efectos sobre las decisiones empresariales y su invocación legal. Concluye con una serie de recomendaciones prácticas para así modelar un modelo fiscal nacional, orientado hacia la seguridad jurídica, creando un medioambiente jurídico-fiscal atractivo. Demostraremos que el riesgo de incertidumbre jurídico-tributaria desincentiva la inversión y el comercio internacional de forma muy adversa e influye a la hora de decidir sobre la inversión y su localización. Se incluye asimismo un estudio de las distintas iniciativas internacionales dirigidas a la persecución de la seguridad jurídica (BEPS y ATAD). Por último, se analiza y propone un catálogo de los distintos medios que el contribuyente internacional posee para gestionar el riesgo fiscal derivado de la falta de seguridad jurídica: MAP, APA, tax rulings, arbitraje fiscal e ICAP.

Palabras claves: fiscalidad; OCDE; Unión Europea; seguridad jurídica; riesgo fiscal; BEPS; tax rulings; APA; procedimientos amistosos; arbitraje fiscal; ICAP.

El Tribunal Supremo establece en esta sentencia su doctrina sobre la retroacción de actuaciones en procedimientos de aplicación de los tributos sujetos a caducidad. Cuando la resolución estimatoria de los órganos económico-administrativos anula la liquidación por razones de forma que han provocado indefensión en el contribuyente, con la consiguiente orden de retroacción, las nuevas actuaciones no han de entenderse producidas en un procedimiento de ejecución de resoluciones previsto en el artículo 66.2 del Real Decreto 520/2005, por referirse este precepto solo a la anulación por razones de fondo, sino en el seno del mismo procedimiento de gestión en el que tuvo su origen el acto anulado, siendo el plazo para terminar este procedimiento el que restara en el procedimiento originario para dictar la correspondiente resolución desde el momento en que tuvo lugar el defecto formal determinante de la indefensión.

La finalidad del presente trabajo es verificar la hipótesis de si es posible obtener un equilibrio económico en la financiación de las pensiones, mediante la incorporación de diferentes figuras tributarias e impositivas, como factor de obtención de ingresos públicos que mantengan asegurado el sistema del bienestar de los mayores.
Se afronta el estudio partiendo de una situación demográfica y cultural de nuestro país en los que los sistemas de aportación a la Seguridad Social van a quedar mermados por la falta de contribuciones económicas de los trabajadores y el incremento de los gastos asociados a un incremento del volumen de población mayor, aparejada de un inferior volumen de recursos económicos con los que atender sus necesidades.
Después de una revisión detallada del funcionamiento sobre el sistema de la Seguridad Social española, se hace una descripción del verdadero peso que tienen los impuestos en la financiación de las pensiones en la actualidad conjuntamente con las cotizaciones sociales. El estudio de diversas propuestas comparadas obtenidas por otros países aplicando importantes reformas ha constituido experiencias exitosas, asimismo la fiscalidad interna como es el caso del IVA y los impuestos medioambientales pueden darle un cariz social para aportar recursos en nuestro país.

Palabras claves: pensión de jubilación; impuestos; tasa; financiación; bienestar social; Seguridad Social; contribución social; presupuesto; fiscalización.

El principal objetivo del artículo es explicar la evolución del problema surgido a raíz de los diferentes plazos de prescripción del derecho a liquidar la deuda tributaria y del delito fiscal, que permitieron que, en el año de diferencia, se presentasen y pagasen declaraciones por las que se obtenía la absolución penal, pretendiéndose posteriormente la devolución de los ingresos como indebidos. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2017 ha respaldado definitivamente los argumentos que tanto instancias administrativas como judiciales venían aportando para negar estas pretensiones.

Palabras claves: ingreso indebido; delito fiscal; prescripción.

La DGT ha considerado, en contestación a una consulta vinculante, que las prestaciones pagadas por MUGEJU con motivo de un parto múltiple no resultan exentas del IRPF al ser equiparables con las prestaciones periódicas de maternidad, no exentas de dicho tributo según la doctrina del TEAC, a pesar de la jurisprudencia contradictoria de diferentes Tribunales Superiores de Justicia, la cual será resuelta en breve por el Tribunal Supremo, quien ha admitido un recurso de casación al respecto. Se trata de una cuestión no aislada, pues en idéntica situación se encontrarían los mutualistas de MUFACE e ISFAS, así como los asegurados de la Seguridad Social en relación con partos o adopciones múltiples. En opinión de quien escribe estas líneas, ello constituye una doctrina errónea que debería ser corregida por la propia DGT o, eventualmente, por el TEAC o los tribunales de justicia. En efecto, las prestaciones periódicas por maternidad (sustitutivas del salario) o las licencias retribuidas de maternidad reconocidas al funcionariado no pueden equipararse con los pagos en cuantía única que suponen las prestaciones por parto o adopción múltiples previstas en la normativa de la Seguridad Social y de las mutualidades funcionariales. Consecuentemente, de una correcta interpretación de las letras h) y z) de la LIRPF debe inferirse que estas últimas prestaciones familiares han de considerarse exentas del IRPF.

Uno de los (pocos) instrumentos vigentes en España para coordinar el impuesto sobre sucesiones con elementos internacionales es la Convención bilateral firmada con Francia el 8 de enero de 1963, sobre cuya base se proponen sendos casos prácticos, para comparar las fiscalidades española y francesa y analizar dicha Convención.
En España rige la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, y en Francia el Código General de Impuestos, principalmente sus artículos 750 ter y siguientes, con un esquema similar en las fases de liquidación del impuesto.
La divergencia más notable se refiere al criterio de territorialidad cuando existe obligación personal de contribuir, ya que la legislación francesa tiene en cuenta el domicilio fiscal del difunto o, en su caso, la residencia en Francia de algún heredero, mientras que la ley española acude en todo caso a la residencia fiscal de los adjudicatarios.
Además, el derecho español añade otra cuestión territorial que es la competencia de sus diecisiete comunidades autónomas sobre el impuesto sobre sucesiones, una materia interregional revisada a nivel internacional por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014.

Palabras claves: impuesto sobre sucesiones; Convención bilateral hispano-francesa de 1963; criterio de territorialidad.

Nuestro sistema jurídico vive una situación de desbordamiento incontenible de producción normativa, en todos los rangos y niveles. El ámbito tributario puede señalarse como prototipo de sistema de producción normativa desbocada y descontrolada. En este marco conviene preguntarse si es posible establecer algún tipo de control sobre la potestad del legislador y regulador reglamentario para dictar normas. En el ámbito legal, dada la casi ilimitada libertad de configuración del legislador de la realidad, el único límite a la misma solo puede encontrarse en la Constitución y en el bloque constitucional. Y nuestra norma fundamental es esencialmente una constitución de valores y principios. Por tanto, una cuestión a determinar es la posible utilización de estos principios para controlar esa potestad. En concreto, debe precisarse qué son los principios generales del Derecho, cuáles son los principios legislativos y cuáles afectan a la producción normativa en el ámbito tributario, en particular la seguridad jurídica, sobre la que se hace mención a su importancia para la doctrina y su trascendencia para el mismo Tribunal Constitucional. En relación con ello, se resume la producción normativa, con datos y cifras, en materia tributaria desde 1990 hasta 2016 y las consecuencias que esa producción tiene sobre la seguridad jurídica. Se señalan, asimismo, posibles límites y controles a dicha potestad normativa.

Palabras claves: producción normativa; impuestos; principios constitucionales; seguridad jurídica; justicia tributaria; Tribunal Constitucional.

El multilateralismo fiscal está a la orden del día. Por ello, en este estudio trataremos de dilucidar cuál es la relación entre los principales problemas fiscales que afectan a la comunidad internacional –el fraude fiscal internacional como categoría conceptual amplia y, más específicamente, la erosión de las bases imponibles– y las soluciones fiscales multilaterales articuladas –principalmente, el instrumento multilateral BEPS de la OCDE y la reactivación de la iniciativa de BICCIS por la UE–, realizando una sucinta reflexión sobre el grado de responsabilidad que tienen, por un lado, los Estados y, por otro, las multinacionales en la erosión de las bases imponibles. Al mismo tiempo, se analiza si a raíz de las recientes líneas de actuación seguidas por los organismos líderes en la lucha frente al fraude fiscal internacional podría considerarse que existe de facto un nuevo principio de derecho internacional tributario basado en la multilateralidad de las soluciones fiscales.

Palabras claves: multilateralismo; convenios fiscales multilaterales; doble no imposición; Plan de Acción BEPS; instrumento multilateral; fraude fiscal; erosión de la base imponible; economía digital; armonización fiscal; descoordinación fiscal.

El objeto de este comentario es el análisis de la STJUE de 21 de septiembre de 2017 y de las condiciones exigidas para la exención del IVA en el caso previsto en el artículo 132.1 f) de la Directiva 2006/112/CE (sistema común del IVA), que persigue evitar que la persona que ofrezca determinados servicios quede sujeta al pago del IVA cuando colabora con otras a través de una estructura común que se hace cargo de actividades directamente necesarias para que se presten tales servicios.

En este artículo se realiza un estudio crítico de las medidas fiscales que han sido recientemente introducidas por la nueva Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, aplicables por empresarios o profesionales que sean contribuyentes del IRPF. La primera medida trata de determinar la deducción de los gastos de suministros de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones cuando una parte de la vivienda está afecta a los fines de una actividad empresarial o profesional. La segunda se refiere a los gastos de manutención realizados por el propio contribuyente en establecimientos de hostelería.

Palabras claves: IRPF; gastos deducibles; gastos de suministros de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones; gastos de manutención.