José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

El próximo 25 de julio es el último día para que la mayor parte de las empresas presenten el impuesto sobre sociedades, por lo que es conveniente saber qué cambia y qué no cambia con respecto al ejercicio anterior. En lo que respecta a las últimas novedades introducidas, el último año no ha sido muy pródigo en legislación en torno a esta figura tributaria, siendo las principales novedades tributarias las introducidas por el Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS).

Según datos del ICEX las exportaciones españolas no paran de crecer, incrementándose un 4,4 % en el periodo de enero-febrero de este año, con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el máximo histórico para este periodo. Por su parte, las importaciones subieron un 4,6 % hasta alcanzar los 51.522 millones de euros, también otro récord histórico.

En este contexto de incremento de las operaciones comerciales con el exterior, las empresas demandan cada vez más profesionales que dominen el inglés de negocios, que sepan realizar y analizar contratos en inglés y que entiendan y sepan interpretar las leyes en este idioma.

La Agencia Tributaria en el marco de una inspección puede tener acceso a los ordenadores de una empresa y extraer la información contable que precise. La Ley General Tributaria en su artículo 142.2 otorga al inspector de Hacienda el acceso a las empresas con la mera autorización administrativa del delegado de zona de la AEAT, aunque existen ciertas limitaciones para acceder a las zonas no abiertas al público, que los inspectores pueden solventar con una orden judicial.

Además, si se producen incoherencias en las declaraciones tributarias, la Agencia Tributaria también puede acceder a los movimientos bancarios en el marco de una inspección.

En la operativa comercial de las empresas, los precios suelen fijarse de manera que las empresas obtengan un margen de beneficio suficiente para realizar su ciclo de explotación, obtener rentabilidad para los accionistas y al mismo tiempo ser competitivas en el mercado.

Sin embargo, hay determinadas operaciones en las que los intervinientes pueden manipular los precios de venta de las mercancías o servicios que prestan, ya que estas transacciones se realizan entre entidades o personas vinculadas. En estos casos, una empresa puede vender a otra a un precio diferente al del mercado, bien sea superior o inferior, de manera que el precio de transferencia no seguiría las reglas del libre mercado, reguladas por la oferta y la demanda, pudiendo trasladarse beneficios o pérdidas de manera artificial de unas sociedades a otras.

La mejora en la eficiencia de los procedimientos administrativos, entre los cuales se incluye la presentación de impuestos en tiempo y forma, es una tarea que toda empresa busca optimizar para ahorrar tiempo y, por ende, dinero.

Esta optimización es especialmente importante para los asesores de empresas, para los cuales es vital conseguir minimizar el tiempo empleado en tareas rutinarias, lo cual consiguen en muchos casos mejorando su gestión administrativa y los flujos de información y de documentación con sus clientes.

La Agencia Tributaria continúa focalizando su atención en las operaciones vinculadas, tan es así, que en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 dedica un apartado a las operaciones vinculadas, especificando que se realizarán actuaciones de control relacionadas con el impuesto sobre sociedades relativas a este tipo de operaciones.

El pasado 28 de agosto, mediante la orden HFP/816/2017, ya se aprobó el modelo 232 de la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, pero la Agencia Tributaria recalca ahora, en su último Plan de Control Tributario, que realizará controles al objeto de verificar la correcta aplicación e inclusión de la información derivada de esta nueva declaración informativa.

Con el comienzo de la campaña de la renta el 4 de abril, rebajar la factura fiscal es una tarea con poco margen de maniobra si no se ha realizado una correcta planificación fiscal antes de finalizar el ejercicio 2017.

No serán pocos los contribuyentes que, a raíz del resultado a pagar de su declaración de la renta, se propondrán para el próximo ejercicio intentar reducir el pago de impuestos en el IRPF realizando una buena planificación fiscal patrimonial.

Todos aquellos que perdieron su trabajo en el 2017 deberán tener en cuenta determinados aspectos que afectan a su declaración del IRPF, si con ello quieren rebajar su factura fiscal.

En un mercado laboral en el que la temporalidad se encuentra enquistada, a pesar de que las empresas se van desperezando de la crisis y nuestra economía crece, son muchos los trabajadores que se ven abocados al paro, en muchos casos debido a la finalización de contrataciones temporales.

Según los últimos datos de empleo publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el periodo de enero-febrero de este año, de un total de 3.296.300 contratos registrados en este periodo, solo 347.200 se corresponden con contratos indefinidos, ascendiendo los contratos temporales a 2.949.100.

En la actual tesitura, la pérdida del empleo ocupa reiteradamente el primer lugar de las preocupaciones de los españoles en la encuesta del CIS, aunque si bien desde los máximos de febrero del 2012 en el que alcanzaba el 84 %, hasta el 65,5 % de febrero de este año, se ha producido una importante reducción.

El Intrastat es una estadística de intercambios de bienes entre los Estados miembros de la Unión Europea, que es requerida por las instituciones y organismos nacionales y de la UE, así como por las asociaciones empresariales y sectoriales e instituciones académicas, con el fin de poder realizar determinados análisis económicos que sirvan de ayuda para el fomento de la exportación.

La constitución del Mercado Único Europeo en 1993 trajo consigo la desaparición de las formalidades aduaneras entre los Estados miembros de la Unión Europea, lo que supuso la supresión de las declaraciones que proporcionaban la información necesaria para la obtención de los datos relativos al comercio de bienes entre los Estados miembros de la Unión Europea. Es por este motivo por el que se crea el Intrastat, que permite la obtención de los datos de tráfico de mercancías entre los países de los Estados miembros.

El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) se ha convertido en caballo de batalla entre los contribuyentes, los ayuntamientos y los tribunales, que se encuentran a la espera de que el Gobierno presente el proyecto de ley para modificar el impuesto sobre plusvalía.

La Sentencia de 11 de mayo de 2017 del Tribunal Constitucional, que anula los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, (TRLRHL) ha abierto la "guerra de la plusvalía", y algunos ayuntamientos ya han presentado recursos al Tribunal Supremo.

La sentencia del Tribunal Constitucional, lejos de traer seguridad jurídica, ha abierto una caja de Pandora, de la que emanan diferentes interpretaciones y posturas enfrentadas, que derivan en litigios entre los contribuyentes y los ayuntamientos.