José Ramón Fernández de la Cigoña Fraga

Se modifica la ley del IRPF para beneficiar a jóvenes agricultores que reciben ayudas públicas a la primera instalación previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España

Con la finalidad de evitar el abandono de las explotaciones agrarias y lograr el reequilibrio en el reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria, se ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero (BOE de 26 de febrero), por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

Por lo que al ámbito tributario se refiere la norma modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2020, el artículo 14 -imputación temporal- de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para permitir imputar en 4 años los importes recibidos en las ayudas públicas a la primera instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España (en el período impositivo que se obtengan y en los 3 siguientes).

En una nota de prensa del 5 de febrero de 2020, la Agencia Tributaria informa de que ha suscrito un convenio con el Consejo General del Notariado en virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real del Notariado.

Según Hacienda, esta información les será de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos.

Además, la Agencia Tributaria recibirá del Índice Único Informatizado, un suministro periódico de información de determinadas operaciones o grupos de operaciones contenidas en este índice, datos que serán analizados a través de tecnología big data con el objeto de detectar y analizar entramados societarios complejos.

La Agencia Tributaria se ha convertido en una especie de Gran Hermano, que pretende hacer aflorar la economía sumergida gracias a la utilización del big data aplicado a la información tributaria recogida en los diferentes modelos tributarios y, sobre todo, gracias al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

Pero el que avisa no es traidor, dice el refrán español, y la Agencia Tributaria acaba de hacer pública la resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.

En estas directrices se encuentran las líneas de actuación para la prevención y control del fraude tributario que la Agencia Tributaria considera más relevantes, las cuales giran en torno a cinco grandes pilares:

Este año tenemos una ironía tributaria, ya que en 2019 estuvimos a punto de presentar el modelo 347 del ejercicio 2018 en enero, según se recogió incluso en la Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, y resulta que este año tenemos de plazo para presentar el modelo 347 del ejercicio 2019 hasta marzo.

Pero no nos relajemos, ya que el plazo finaliza el 2 de marzo, puesto que este año el día 28 de febrero, fecha límite para la presentación de este modelo en un año normal, resulta que es año bisiesto, y el último día de febrero es el día 29, que cae en sábado, con lo que el plazo de presentación se prolonga hasta el 2 de marzo, según se detalla en el calendario fiscal de la Agencia Tributaria.

Conviene recordar que hay que agradecer a la presión de diferentes asociaciones que la Agencia Tributaria volviera a dejar el plazo de presentación de este modelo en el mes de febrero, rectificando su postura mediante la Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, que lo dejó de manera indefinida en este mes.

En el calendario fiscal de enero y febrero se incluye la presentación de una batería de declaraciones informativas, que aunque no tienen efecto recaudatorio, pues no se realizan liquidaciones a la Agencia Tributaria, tienen una notable importancia, ya que de su incorrecta cumplimentación pueden derivarse procedimientos de inspección por parte de la Agencia Tributaria.

Una vez presentadas las autoliquidaciones periódicas de IVA e IRPF, se puede pensar que las declaraciones informativas son un mero trámite, y en realidad así es, pero es un trámite que hay que cumplir sin cometer errores y en tiempo y forma.

A través de las declaraciones informativas los sujetos pasivos deben suministrar a la Agencia Tributaria resúmenes de información de autoliquidaciones presentadas o información de manera masiva, de manera que nos podemos encontrar con los siguientes tipos de declaraciones:

Digital es, según la RAE, un dispositivo o sistema que crea, presenta, transporta o almacena información mediante la combinación de bits, o aquello que se realiza o transmite por medios digitales.

Un ordenador es digital, pero también lo es un robot que combina la utilización de medios mecánicos, electrónicos y digitales para manipular objetos o realizar operaciones, con la finalidad de realizar una actividad, que en muchos casos sustituye a la realizada por un trabajador.

En el debate de su investidura, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dijo que impulsará la fiscalidad digital, pero… ¿qué pasa con los robots?, ¿deberían incluirse dentro de la fiscalidad digital y pagar impuestos por los puestos de trabajo que se suprimen?

El mes de enero es uno de los más dinámicos, estresantes y complicados para los contables, responsables de la presentación de impuestos y asesores externos, ya que a la operativa de trabajo habitual, se unen las presentaciones de impuestos periódicas de IVA e IRPF y la presentación de las declaraciones informativas anuales.

Con las 12 campanadas de fin de año, se acaba para muchas empresas su ejercicio contable y su año fiscal. Para algunos profesionales será un año más que acumular a su dilatada experiencia, realizando cierres contables y terminando toda la batería de modelos tributarios que se presentan durante el mes de enero, pero para otros profesionales este será su primer mes de enero y puede que sientan un poco de presión.

Los profesionales que se dedican a la asesoría fiscal tienen que saber en qué epígrafes se encuadran las actividades de sus clientes, tanto en lo referente al epígrafe del IAE como al de la CNAE, ya que entre ambos epígrafes existen notables diferencias que un asesor fiscal debe conocer.

El código de la CNAE se refleja en el impuesto sobre sociedades, en las cuentas anuales de las empresas que se depositan en el Registro Mercantil y en documentos relacionados con la Seguridad Social, pero, sin embargo, la CNAE no tiene ninguna repercusión a efectos fiscales, algo que sí sucede con el epígrafe del IAE.

Es conveniente tener claro qué es el IAE y la CNAE, conocer sus diferencias y utilidades y saber cómo localizarlos.

Los impuestos medioambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente. Su finalidad es gravar determinadas actividades para intentar combatir el cambio climático y promover un uso sostenible de los recursos.

Según una encuesta que publica El País, el 59 % de los españoles pide medidas "muy urgentes" contra el calentamiento, pero... ¿estaremos dispuestos a pagar más por la carne, los viajes en avión, por el combustible y la energía?

Los asesores fiscales generalmente provienen de grados en Derecho, Empresariales o Administración y Dirección de Empresas (ADE), pero todos ellos suelen tener una cosa en común: además de tener formación tributaria, tienen conocimientos contables y se han formado en derecho de sociedades mercantiles, formación que será clave para desempeñar determinadas tareas propias de la asesoría fiscal.

Una de las razones por las que los asesores tienen una formación multidisciplinar es que sus clientes suelen demandar un servicio integral de asesoramiento, contando con su asesor fiscal para la realización de todo tipo de operaciones societarias y mercantiles, ya que consideran que ellos son las personas idóneas para realizar este tipo de consultas, y generalmente no suelen equivocarse.