Artículos de Tributación

En el presente trabajo se analizan las especialidades en la tributación de los servicios por vía electrónica, de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, especialmente tras la reforma operada mediante la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017; incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, así como las novedades incluidas en la mencionada directiva y que están pendientes de transposición.

Palabras claves: concepto de servicios por vía electrónica, de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión; reglas de localización de los servicios por vía electrónica, de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión; régimen especial de los servicios por vía electrónica, de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión: régimen exterior de la Unión y régimen de la Unión.

El proceso de descentralización de competencias normativas en materia del ISD –culminado con la Ley 22/2009– ha ocasionado un grave desajuste en los principios de justicia y equidad relativos a este impuesto. La carga fiscal de los no residentes en España se encontraba desproporcionada respecto a quienes sí residían en el país y podían beneficiarse de las bonificaciones autonómicas. En 2014, el TJUE condenó a España con fundamento en la violación del principio de libre circulación de capitales.
El primer objetivo de este comentario es, precisamente, analizar el alcance del principio de libre circulación de capitales del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con la normativa tributaria nacional. Para realizar esta tarea proponemos una revisión de la jurisprudencia más relevante del TJUE, con especial atención a las sentencias en materia de impuesto sobre sucesiones.
En esta línea, observaremos como el propio TS resolvió recursos relativos a la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivada de las sentencias del TJUE comentadas. Estas resoluciones nos ofrecen la oportunidad de revisar los requisitos necesarios para apreciar responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la vulneración del derecho comunitario.

El presente trabajo pretende analizar la actual posición existente tanto en la Administración tributaria como en los órganos encargados del control en vía administrativa y judicial sobre un aspecto tan esencial como es el momento temporal para la aportación de documentos en cuanto elemento probatorio de la pretensión tributaria, así como los límites a los que se puede ver sometido. Partiendo del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución se aborda la línea evolutiva generada, a partir del análisis de distintas resoluciones administrativas y judiciales, en torno a la posibilidad de aportar documentos una vez finalizado el procedimiento de comprobación o investigación, en las posteriores y distintas fases de revisión.

Palabras claves: procedimiento tributario; prueba; aportación de documentos; tutela judicial efectiva.

La cuantía de las reclamaciones económico-administrativas incide en la determinación del tribunal económico-administrativo competente, el momento en que termina la vía administrativa, el procedimiento aplicable y la posterior competencia en vía judicial. Su determinación es compleja cuando el acto impugnado regulariza, liquida o sanciona, de forma agregada, obligaciones tributarias distintas, provocando supuestos en los que la misma se fije de forma errónea, alterando los elementos antes señalados. Cuando ello sucede, debe determinarse si estamos ante una causa de nulidad de pleno derecho o de mera anulabilidad, dado que este extremo puede incidir en la posibilidad de apreciar o no la prescripción en vía económico-administrativa.

El complejo régimen de deducciones en el IVA plantea numerosas dudas en su aplicación en relación con la actuación a seguir por los sujetos pasivos. Es lo que ocurre cuando un empresario o profesional tiene cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de las entregas de bienes o de las prestaciones de servicios. En el caso de que la totalidad de la actividad a realizar esté sujeta y no exenta, o bien esté sujeta y exenta, el problema es menor, en tanto genera el derecho a deducir íntegramente el impuesto soportado, o por el contrario no puede deducir cuota alguna.
La cuestión se vuelve más compleja cuando ese empresario o profesional va a realizar una actividad respecto de la que conoce de antemano que generará parcialmente el derecho a deducir, pues efectuará operaciones sujetas y no exentas y también sujetas y exentas.
Dado que el empresario o profesional es sujeto pasivo del impuesto desde que soporta cuotas que afecta a la futura actividad, siempre que pueda acreditarse mediante elementos objetivos, se plantea el porcentaje y procedimiento para deducir y regularizar estas cuotas, dando solución el legislador nacional a estas cuestiones en los artículos 111 a 113 de la LIVA.
Respecto de la aplicación de estos preceptos versa fundamentalmente el supuesto práctico que se recoge a continuación, si bien, con ánimo didáctico y no exhaustivo en cuanto a la casuística que puede darse, se examinan las cuestiones fundamentales que pueden plantearse en esta materia, comprendiendo una regularización completa del ciclo temporal que comprenden los preceptos anteriores.

Palabras claves: IVA; deducciones; cuotas soportadas con anterioridad al inicio de la actividad; bienes de inversión; regularización de cuotas soportadas en bienes de inversión; entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización.

En el contexto de la Unión Europea son varios los Estados miembros que desarrollan políticas de captación de inversores extranjeros mediante fasttracking processes que permiten obtener la residencia e incluso la nacionalidad. Es lo que se conoce comúnmente como Golden Visa. En este tipo de programas la inversión inmobiliaria es recurrente y aparece como un atractivo destinado básica, aunque no exclusivamente, al turismo residencial. Ello explica, en principio, que, aunque los extranjeros que se acogen al programa pueden obtener una autorización para residir en España, esto no significa que vayan a tributar como residentes. Fiscalmente la residencia habitual no se obtiene por la compra de una vivienda, sino por residir más de 183 días en territorio español o tener en dicho territorio el núcleo principal/la base de sus actividades/intereses económicos. En el presente trabajo vamos a analizar las medidas para la captación de dicha inversión y las cuestiones sobre la consideración del inversor como residente/no residente/impatriado y cómo influye en la compra de bienes inmuebles como un nuevo reto tributario a resolver.

Palabras claves: visados; residentes; inversión inmobiliaria; tributación; no residentes.

El presente trabajo tiene por objeto analizar, a la luz de la reciente doctrina jurisprudencial emanada de nuestros tribunales de justicia, la trascendencia que adquiere el dictamen del perito de la Administración en los procedimientos de comprobación de valores acometidos por esta última, prestando una especial atención a aquellos supuestos conflictivos susceptibles de llegar a plantearse tales como los caracterizados por la ausencia de motivación en el dictamen o por la concurrencia de determinados defectos en el mismo, entre otros.

Palabras claves: comprobación de valores tributarios; métodos de valoración; dictamen del perito de la Administración; motivación; defectos formales.

El reciente auge de las empresas digitales, como las empresas de redes sociales, las plataformas colaborativas y los proveedores de contenidos en línea, ha contribuido enormemente al crecimiento económico, pero la normativa fiscal actual no se concibió pensando en las empresas que operan a escala mundial, de forma virtual o que tienen escasa o nula presencia física. No grava, por ejemplo, los beneficios obtenidos mediante actividades tales como la venta de contenidos y datos generados por los usuarios. Los Estados miembros están empezando a buscar soluciones unilaterales rápidas para gravar este tipo de actividad económica, lo que genera confusión jurídica e inseguridad fiscal para las empresas. Para enfrentar estas cuestiones se trabaja tanto en el ámbito de la OCDE como de la UE.
En marzo de 2018, la Comisión ha propuesto nuevas medidas para garantizar que todas las empresas tributen de forma equitativa en la UE, conscientes de que un enfoque coordinado es lo único que puede garantizar que la economía digital sea gravada de manera favorable al crecimiento. Se trata de dos propuestas simultáneas: la reforma de las reglas del impuesto sobre sociedades, de forma que los beneficios se registren y graven allí donde las empresas crean realmente el valor e interactúan con los usuarios, y una segunda propuesta que responde a las peticiones de varios Estados miembros: un impuesto provisional que abarque las principales actividades digitales actualmente exentas por completo de impuestos en la UE, previsto para ser efectivo a partir del 1 de enero de 2020. Sin embargo, hoy por hoy no hay aún acuerdo unánime sobre la propuesta.

Palabras claves: economía digital; presencia digital significativa; impuesto sobre servicios digitales; valor de los datos.

En el presente trabajo abordamos cuestiones prácticas que se han planteado en la realidad en torno a los requisitos formales exigibles en el proceso de conversión de cuotas de IVA soportadas en cuotas de IVA deducibles. Tras una introducción sobre la importancia de la deducibilidad de cuotas de IVA –como exigencia del principio de neutralidad y como elemento excluyente de la imposición en cascada– distinguimos entre los requisitos formales de los documentos que son títulos hábiles para la deducción de cuotas de IVA y los requisitos formales referidos al registro de las cuotas soportadas.

Palabras claves: impuesto sobre el valor añadido; IVA deducible; requisitos formales; documentos justificativos; aspectos registrales.

En el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) hay diversas cuestiones que deben ser consideradas a la vista de las situaciones que se plantean en su aplicación, de las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales o de las especiales potestades que tienen los ayuntamientos para regular el régimen jurídico de los tributos locales.
A continuación, se analizan diversas cuestiones de actualidad, que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación y sobre las cuales los contribuyentes pueden tener algunas dudas. En este contexto, no se pretende ser exhaustivo en la relación de temas que se tratan, pero sí se han elegido cuestiones que exigen una mínima reflexión, que permita conocer la aplicación efectiva del IBI.
Así se examina la calificación de los bienes inmuebles como urbanos, la condición de sujeto pasivo en el IBI y el papel que desempeñan los arrendatarios, el pago del impuesto en los supuestos de transmisión de bienes, la exención de la Iglesia católica y de las entidades sin fines lucrativos, la actualización de los valores catastrales, la notificación de las liquidaciones del IBI, la entrada en vigor de nuevos valores catastrales, los tipos de gravamen diferenciados que se aplican en el impuesto, la aplicación de las bonificaciones potestativas, los recargos sobre las viviendas desocupadas y los recursos administrativos que pueden interponer los sujetos pasivos en el IBI.

Palabras claves: impuesto sobre bienes inmuebles (IBI); aplicación; actualidad; novedades legislativas y jurisprudenciales.