Artículos de Tributación

Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de abril de 2018, en la que se declara que la normativa comunitaria se opone a una limitación procedimental basada en una norma de derecho interno que limita la posibilidad de rectificar una autoliquidación por haber sido comprobada por la Administración.
Resulta reseñable que la normativa española contiene una limitación análoga a la rectificación de las autoliquidaciones, centrándose el examen en la posibilidad de afectación a dicha norma por esta sentencia.

La tecnología de los mayores distribuidos está apenas en su infancia, pero como evidencia la inclusión de los criptoactivos en el último comunicado del G20, estamos entrando en la era Blockchain, una tecnología para el intercambio de valor en red sin mediación de intermediarios que es lo más disruptivo desde de la aparición de internet. Blockchain, que forma parte ya del sistema de pagos, tiene un alto potencial para transformar los servicios privados y públicos.
A medida que las monedas virtuales ganan terreno, se acrecienta la conveniencia de que los hechos imponibles a que da lugar su acuñación, intermediación o utilización como resguardo de valor o medio de pago gocen de regulación específica o, cuando menos, de criterios interpretativos claros. Estos, a su vez, precisan de una especificación por parte del regulador internacional de la naturaleza contable de las criptomonedas, algo improbable a corto plazo. En su ausencia, el tratamiento fiscal que emerge en derecho comparado es el de activos en impuestos directos y el de dinero en IVA, calificación que es, como mínimo, inconsistente.
Más allá de las preocupaciones por la seguridad jurídica y la integridad del sistema financiero y tributario, debido a la pseudopacidad que garantizan, la aplicación de la nueva tecnología a los servicios públicos es un vasto campo que roturar, con prometedoras experiencias comparadas en lugares como Estonia, Dinamarca o Australia.

Palabras claves: Blockchain; imposición; blanqueo de capitales; administración tributaria.

La presente colaboración es una reflexión respecto del papel y funciones del impuesto sobre sociedades en el contexto de la globalización. A tal efecto, alude a las propuestas más relevantes en orden a su adecuación a dicho contexto, ofreciendo una sucinta descripción de las mismas. La posibilidad de que, algunas de ellas, se conviertan en un futuro cercano en norma jurídica, acrecienta el interés por su conocimiento y debate.
Varias de esas propuestas proceden del ámbito político, y la doctrina las examina y comenta, otras proceden del ámbito doctrinal, y la política las apadrina y propulsa. Se produce así una ósmosis fructífera, vivificada por la crítica de ciertas organizaciones no gubernamentales creadoras de opinión pública.
A raíz de la Gran Recesión de 2008, la opinión pública ha vuelto su mirada hacia los posibles estragos que, para la financiación de su apreciado Estado de Bienestar, pudieran derivarse de la conducta fiscal de los grupos multinacionales, por más que un reproche indiscriminado seguramente sería inexacto. Con todo, el aguijón de la opinión pública ha tenido y tendrá una función primordial en la formulación de las políticas fiscales relativas a la configuración del impuesto sobre sociedades en el contexto de la globalización, como también lo ha tenido y tendrá en las estrategias fiscales de los referidos grupos.
Este movimiento de la opinión pública aporta elementos positivos para la realización de la justicia tributaria, pero también encierra el riesgo de propulsar decisiones políticas incongruentes con los principios subyacentes a la economía social de mercado, o de interferir en la adecuada aplicación de los tributos en el marco de la legalidad vigente. De ahí los merecimientos de un debate sosegado, al que, modestamente, pretende aportar algo la presente colaboración, la cual concluye con la propuesta de un impuesto, de carácter extrafiscal, cuyo objetivo es aliviar las tensiones del vigente sistema de tributación internacional sobre los beneficios.

Palabras claves: impuesto sobre sociedades; globalización; planificación; multilateralismo.

En una primera aproximación, el trabajo pretende proporcionar una visión general de las rentas en especie, desgranando aquellas que suponen una menor tributación para su perceptor de aquellas otras que presentan una ventaja por su valoración especial. Posteriormente, centramos nuestro análisis en el caso particular de las rentas en especie que se originan por el uso de vehículos de la empresa por parte de sus socios. Y finalmente, queremos dejar constancia, a través de un supuesto práctico, de la complejidad que puede presentar este tipo de rentas.

Palabras claves: renta en especie; vehículo; uso empresarial; uso privativo por trabajadores.

Se analiza la Sentencia del TJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-382/16, Hornbach-Baumarkt AG/Finanzamt Landau, que aborda la compatibilidad con el Derecho de la UE de la normativa de precios de transferencia de los Estados miembros. En particular, se examina en qué medida la Administración tributaria de un Estado miembro puede realizar un ajuste positivo en la base imponible de una matriz en relación con la emisión, sin mediar remuneración, de «comfort letters» o «cartas de intenciones o de patrocinio», otorgando garantías financieras en relación con la concesión de préstamos por parte de una entidad financiera a favor de filiales extranjeras de la referida matriz. El TJUE confirma la aplicación a nivel europeo del «test de motivos comerciales» como mecanismo que permite excluir la aplicación de tales ajustes o correcciones de la base imponible, y cómo estos incluyen los «motivos económicos derivados de su posición de asociado (grupo)». En este sentido, esta sentencia del TJUE introduce un elemento de flexibilidad en la aplicación práctica o enforcement del principio de plena competencia.

A través de la resolución de cinco supuestos prácticos se analiza la debida cumplimentación de las declaraciones a través del sistema Intrastat, teniendo en cuenta las novedades recogidas en la Orden HFP/36/2018, de 18 de enero, por la que se establecen determinadas disposiciones relativas al sistema Intrastat, que entró en vigor el día 1 de marzo de 2018.

Palabras claves: obligaciones formales; operaciones intracomunitarias; estadísticas de los intercambios de bienes; sistema Intrastat; supuestos prácticos.

La interpretación del artículo 101.2 de la Ley del IRPF, para fijar la retención a practicar a los administradores sociales, nos lleva a mostrar la complejidad del sistema normativo español que a estos efectos supone tener en cuenta no solo las normas fiscales sino también las mercantiles, laborales y de Seguridad Social para entender que la realidad social empresarial de las pymes y sociedades familiares va más allá de la aplicación de una norma que, lamentablemente, muestra su carácter exclusivamente recaudatorio, para alejarse del desempeño habitual de unos administradores que, al tiempo, trabajan para su propia sociedad en términos equivalentes a la prestación de servicios por cuenta ajena. De este modo, se trata de razonar la distinción de ambos desempeños a los efectos de ver sometida a retención por el IRPF la compensación que aquellos reciben.

Palabras claves: retención; administradores; trabajadores; sociedades familiares.

El presente trabajo analiza, desde una perspectiva crítica, la actual regulación del sujeto pasivo contribuyente en el impuesto sobre sociedades, llevada a cabo en el artículo 7.1 a) de la LIS; y, concretamente, la inclusión de las sociedades civiles con objeto mercantil en la órbita de dicho impuesto.
La vigente regulación puede plantear problemas de reserva de ley tributaria y de posible trato discriminatorio, habida cuenta de la incertidumbre interpretativa que viene generando el aserto de sociedad civil con objeto mercantil y, por ende, el de sociedad civil profesional.

Palabras claves: impuesto sobre sociedades; contribuyente; personalidad jurídica; sociedad civil; sociedad profesional; objeto mercantil; reserva de ley; principio de igualdad.

Cuando finaliza el ejercicio de una actividad económica, los bienes afectos a la misma pueden permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo o pueden abandonarlo, ya sea en su globalidad o por partes, ya en el mismo momento del cese o en un momento posterior. Nos enfrentamos a una amalgama de diferentes situaciones tributarias que presenta aristas que van más allá del posible solapamiento entre el IVA y el ITP (modalidad TPO) cuando se trata de la transmisión de bienes inmuebles, tanto porque un elemento tan subjetivo como la intención presenta gran protagonismo, como por la diferente casuística que nos podemos encontrar, bien desde la óptica del que cesa en la actividad o bien desde la óptica del que la adquiere.
Desde nuestra perspectiva, además de la necesaria coordinación entre ambos tributos, merece un análisis profundo tanto la subrogación en el procedimiento de regularización de los bienes de inversión transmitidos (o pendientes de serlo), como el eventual autoconsumo que se genere, llegando incluso a poder encontrarnos una doble imposición, como analizaremos en estas líneas.

Palabras claves: patrimonio empresarial; regularización; transmisión global.

Se plantea ante el TEAC la validez de una liquidación en la que el contribuyente declaró siguiendo el criterio de la DGT, manifestado en diversas consultas, y que fue después objeto de una comprobación en la que se aplicó el criterio divergente emanado por el TEAC en una resolución dictada en un recurso para la unificación de criterio.
El TEAC resuelve sobre qué criterio administrativo debe entenderse prevalente, el de la DGT, manifestado en contestación a consultas, o el del propio TEAC.