Artículos de Tributación

El denominado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, conocido coloquialmente como «impuesto a los ricos», plantea problemas de constitucionalidad desde la perspectiva formal, por el procedimiento de aprobación mediante enmienda a una proposición de ley eludiendo el bloque de la constitucionalidad, y material, en relación con los principios de capacidad económica, no confiscatoriedad y seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional ha desestimado los cinco recursos interpuestos desde cuatro comunidades autónomas, pero el voto particular pone de manifiesto las dudas formuladas. También hay cuestiones de legalidad ordinaria y contravención de la normativa de la Unión Europea que deberán resolverse en futuros pronunciamientos. Y tras su aprobación y la reciente prórroga se están adoptando medidas tanto por las comunidades autónomas como por las personas físicas que viven en esos territorios.

Palabras clave: impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas; impuesto sobre el patrimonio; legalidad tributaria; autonomía financiera; capacidad económica; seguridad jurídica; ahorro fiscal.

El Real Decreto-Ley 6/2023 ha reformado profundamente varios artículos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. En este trabajo analizamos las modificaciones que afectan exclusivamente a los incentivos fiscales al mecenazgo.

Palabras clave: mecenazgo; Ley 49/2022; entidades no lucrativas; tercer sector; donaciones; comodato; convenios de colaboración empresarial.

La Sentencia del Tribunal Supremo 1207/2023, de 29 de septiembre, ha determinado que la Administración tributaria no puede adoptar una medida cautelar consistente en el precintado y copiado masivo de los datos contenidos en un ordenador portátil fuera del domicilio del contribuyente, salvo en determinadas circunstancias. En particular, el TS concluye que solo se puede examinar la información alojada en un dispositivo electrónico personal si previamente se ha obtenido la autorización judicial que permita dicho acceso y solo si se trata de datos con trascendencia tributaria, pues en ningún caso se puede acceder a los datos de carácter personal del contribuyente.

La Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 15 de diciembre de 2023 analiza la deducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) soportado por la Universidad de A Coruña en el cuarto trimestre del ejercicio 2012 en sus actividades de investigación. La Audiencia Nacional (Sección Sexta), en su Sentencia de 14 de marzo de 2022, ya había acogido la pretensión de la universidad, pero la Abogacía del Estado recurrió en casación. El TS llega a la conclusión de que no cabe la casación y que no se puede distinguir entre investigación básica y aplicada a los efectos de aplicar una prorrata sobre el IVA soportado en este sector de su actividad. En su opinión, «tal actuar de la Administración tributaria desquicia el sistema».

El sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la Unión Europea (UE) se enfrenta a uno de sus mayores retos debido a los importantes cambios que ha traído consigo la actual transformación digital de la economía. Estos retos se derivan de la dificultad para identificar y localizar aquellas muestras de capacidad económica indirectas que pueden estar sujetas al impuesto. Por ello, la UE ha reconocido la necesidad de que el anticuado sistema transitorio del IVA evolucione con
la ayuda de la tecnología hacia un modelo definitivo en el que las transacciones se graven allí donde los bienes o servicios sean efectivamente aprovechados. Esto ha provocado un relevante aumento de las obligaciones formales, que se traduce en una importante carga operativa y económica que recae sobre los obligados y que amenaza la deseada neutralidad del impuesto. El nuevo modelo de cumplimiento tributario cooperativo ha surgido como una solución potencial para aliviar estas cargas y mejorar los indicadores de cumplimiento. En este artículo examinamos el impacto de este nuevo modelo de relación tributaria en las medidas implementadas por la UE en la búsqueda de un sistema definitivo acorde con la economía digital.

Palabras clave: IVA; cumplimiento tributario cooperativo; operaciones intracomunitarias; Plan ViDA; brecha fiscal.

El Real Decreto-Ley 6/2023 introduce la letra e) en el artículo 81.2 de la Ley 29/1998, ampliando las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que son susceptibles de recurso de apelación, al hacer siempre susceptibles de tal recurso las sentencias de los juzgados «que, con independencia de la cuantía del procedimiento, sean susceptibles de extensión de efectos».
Pero tal reforma va a tener otras consecuencias procesales que no parece que hayan sido previstas por el legislador. De un lado, conllevará la imposibilidad de interponer recurso de casación contra las sentencias de los juzgados de única instancia susceptibles de extender efectos, ya que, a partir de esta reforma, tales sentencias, por aplicación de la nueva letra e) del artículo 81.2 de la ley, lo serán en primera instancia y por tanto ya no serán susceptibles de recurso de casación conforme al vigente artículo 86.1 de la ley jurisdiccional.
De otro, en contra de lo que parece la finalidad de la reforma, previsiblemente va a suponer un aumento de la litigiosidad al incrementarse el número de resoluciones de los juzgados susceptibles de recurso de apelación, incremento que no solo afectará a las sentencias, sino también a los autos.
La modificación del sistema tendrá una especial incidencia en materia tributaria. Un gran número de sentencias de los juzgados en esta materia susceptibles de extensión de efectos que antes de la reforma eran dictadas en única instancia ahora lo serán en primera instancia.

Palabras clave: artículo 81.2 e) de la Ley 29/1998; sentencias dictadas en única instancia por los juzgados; imposibilidad sobrevenida de casación; ¿error legislativo?

El criterio de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya se ha consolidado con estas dos Sentencias de 21 y 24 de noviembre de 2023, que vienen a confirmar la doctrina manifestada en la Sentencia de 28 de septiembre de 2022 y a avalar la interpretación de la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana de 30 de setiembre de 2019, que había interpretado el artículo 33.5 c) de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley 35/2006) en el sentido de que las transmisiones a título lucrativo realizadas por actos inter vivos pueden dar lugar a pérdidas patrimoniales que integrar en la base imponible del impuesto del donante o transmitente.

En el presente trabajo se analizan las consecuencias de la aplicación de la presunción que permite derivar una renta del descubrimiento del registro contable de una deuda inexistente. En particular, se analiza la reciente jurisprudencia que ha considerado que la contabilización no controvertida de dicha deuda en un periodo prescrito es un medio de prueba válido para que el contribuyente pueda demostrar que la renta presunta se debe imputar también a dicho periodo prescrito.

Palabras clave: deuda inexistente; renta presunta; medio de prueba; prescripción.

La deducción en la cuota por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas requiere, en el primer supuesto, la residencia en estas ciudades. Este trabajo analiza recientes pronunciamientos (del Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y Tribunal Económico-Administrativo Central) en los que se afronta su aplicación en tres tipos de residencia diferentes.

La Administración tributaria ha intensificado en los últimos tiempos la reclamación del pago de deudas a los «sucesores de personas jurídicas», lo que ha revelado la paupérrima regulación del procedimiento regulado en el artículo 177 de la Ley General Tributaria (LGT), que habilita a la Administración a continuar el procedimiento recaudatorio al «sucesor» sin tramitar un procedimiento específico destinado a motivar su decisión y explicitar los derechos y obligaciones del administrado (tal y como se prevé, por ejemplo, para el «responsable tributario»). Este modo de actuar limita gravemente el derecho de defensa del obligado tributario y resulta claramente contrario al principio de buena administración, tal y como ha reconocido la sentencia analizada que, en nuestra opinión, podría haber deducido muchas más consecuencias jurídicas de la desafortunada actuación de la Administración.
La doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia analizada, por un lado, y la constatación de que el procedimiento regulado en el artículo 177 de la LGT vulnera ostensiblemente los derechos y garantías del contribuyente, por otro, determinan la necesidad de promover rápidamente una nueva regulación del procedimiento para la reclamación del pago a los sucesores.