DGT

La DGT en contestación a consulta de 8 de febrero, reitera que en los supuestos en los que el trabajador tenga reconocida una antigüedad anterior a la fecha de incorporación en la empresa en la que se produzca el despido, la exención del art.7 e) establecida en la LIRPF, no se aplica a la totalidad de la indemnización.

El importe exento habrá de calcularse teniendo en cuenta el número de años de servicio en la empresa en la que se produce el despido, y no la antigüedad reconocida en virtud de pacto o contrato, individual o colectivo.

A efectos del cálculo de la indemnización exenta, el número de años de servicio serán aquellos que, de no mediar acuerdo, individual o colectivo, se tendrían en consideración para el cálculo de la indemnización.

De acuerdo con el Informe del ICAC de 6 de abril de 2015, las sociedades integradas en un grupo familiar, como regla general, constituyen grupos sometidos a la misma unidad de decisión, que pueden reconocerse a la vista de la coincidencia de las personas que componen los órganos de administración de las empresas, y de las propias relaciones económicas cruzadas que la unidad de decisión teje entre las sociedades titulares de los activos y pasivos que “administran” directa o indirectamente las personas físicas que integran el grupo familiar.

Una vez más estamos ante un ejemplo de desmarque entre órganos consultivos -aunque quizás en esta ocasión no sea tal, sino que tan sólo estemos en presencia de la utilización de un vericueto legal por parte de la Administración para finalmente conseguir la tributación de la operación-, el que se pone de manifiesto en la consulta de la Dirección General de Tributos de 1 de febrero de 2016.

La “polémica” en esta ocasión tiene que ver con la tributación de la fiducia aragonesa, pero su resolución puede tener interés respecto de otras figuras semejantes que están reguladas en los Derechos forales civiles.

Siguiendo con el tema de la deducibilidad de los intereses de demora en el Impuesto sobre Sociedades y de acuerdo con la normativa vigente en este momento, esto es, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, la DGT ha hecho pública la consulta V1403/2016, de 6 de abril, en la cual además de sobre la deducibilidad de los intereses de demora tributarios, se manifiesta sobre la deducibilidad de otro tipo de intereses de demora como los derivados de operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración o los exigibles por deudas con Administraciones o Entes públicos, distintos a las administraciones tributarias en el ejercicio de sus potestades administrativas.

Por lo que respecta a la deducibilidad de los intereses de demora tributarios (como son los exigidos por actas de inspección tributaria incoadas por conceptos constitutivos o no de infracción tributarias; los suspensivos devengados por la suspensión tanto de deudas tributarias como sanciones o los exigibles por deudas con la Administración Tributaria Estatal, Autonómica y Local y cualquier Ente Público en el ejercicio de sus potestades administrativas), reitera el criterio interpretativo establecido en su Resolución de 4 de abril de 2016 (BOE de 7 de abril) y en las consultas V4080/2015 y V0603/2016, esto es, tienen la consideración de gastos fiscalmente deducibles si bien, dado que se trata de gastos financieros, estarán sometidos al límite establecido en el artículo 16 de la LIS.

En la consulta vinculante de 3 de febrero de 2016, la DGT afirma que no  tiene la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del IIVTNU, las aportaciones de los terrenos al agente urbanizador y la adjudicación a los propietarios de las parcelas resultantes una vez ejecutada la urbanización que no exceda de la que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados, quedando por tanto fuera las entregas de terrenos que se efectúen con el objetivo de satisfacer las cuotas de urbanización. La transmisión de terrenos de naturaleza urbana, que se efectúe como consecuencia del abono de las cuotas urbanísticas, se encuentra sujeta al pago del IIVTNU, siendo los sujetos pasivos del citado impuesto los transmitentes y también está sujeta la transmisión de los terrenos que en su caso efectúe la Junta de Compensación, siendo ésta el sujeto pasivo del impuesto.

La DGT, en su consulta vinculante de 1 de febrero de 2016, ha aclarado que en caso de concurrencia del derecho real de usufructo y del derecho de propiedad sobre un mismo bien inmueble urbano o rústico, sólo se realiza el hecho imponible del IBI por el derecho real de usufructo, no gravándose el derecho de propiedad, por lo que el sujeto pasivo será sólo el usufructuario. Por tanto, no estarán sujetos al impuesto los titulares del derecho de propiedad cuando exista un derecho de usufructo, aunque recaiga solo sobre parte del inmueble objeto de gravamen y el propietario disponga de todos los derechos de dominio sobre la parte restante del bien inmueble. Así, cuando varias personas sean cotitulares del derecho constitutivo del hecho imponible del impuesto, todas ellas tendrán la condición de sujetos pasivos a título de contribuyentes del IBI y además todos quedan solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones.

La Dirección General de Tributos acaba de publicar dos consultas el 5 de enero de 2016 (V0021/2016 y V0022/2016) sobre la siempre interesante cuestión de la imputación personal de las cuentas bancarias de titularidad indistinta.

Cierto es que su contenido no es novedoso ya que, si investigamos en su doctrina anterior, podemos encontrar documentos anteriores –escasos, bien es cierto: consultas de 29 de abril de 2015 y 30 de junio de 2005 en el mismo sentido de los que se acaban de publicar, pero el análisis tributario interesa y conviene no dejarlas pasar por alto.

La Dirección General de Tributos en contestación a la consulta de 25 de enero de 2016  entiende que el requisito por el que se requiere que el deudor transmitente o garante, en caso de existir, así como cualquier otro miembro de la unidad familiar tanto del deudor como del garante, no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria, se refiere al momento del procedimiento judicial o extrajudicial en que el deudor puede evitar la enajenación de la vivienda mediante el pago de las cantidades adeudadas del préstamo o crédito hipotecario. De esta manera, la situación de solvencia sobrevenida del deudor posterior a la transmisión de la vivienda habitual no impide la aplicación de la exención.

En la  consulta vinculante de la Dirección General de Tributos, de 21 de enero, se analiza la tributación del Impuesto Especial sobre la Electricidad a través de los trece diferentes supuestos planteados por una asociación que agrupa a empresas distribuidoras de energía eléctrica.

1.º Compañías productoras de energía eléctrica que entregan la totalidad de la electricidad producida a consumidores finales: Está sujeto el suministro de energía eléctrica a consumidores finales, es decir, a aquellos que la adquieren para su propio consumo, no para ser objeto de entrega a otra persona o entidad. Tienen la condición de contribuyentes los productores de energía eléctrica que estén debidamente habilitados. Cuando concurra un supuesto de no sujeción, exención o reducción serán contribuyentes los beneficiarios de los mismos. La cuota íntegra del Impuesto es la cantidad resultante de aplicar a la base liquidable el tipo impositivo que corresponda de acuerdo con el art. 99 de la Ley 38/1992 (Ley II.EE). Por regla general, el período de liquidación será el correspondiente a cada trimestre natural; salvo que se trate de contribuyentes cuyo período de liquidación del IVA sea mensual, en cuyo caso será también mensual el período de liquidación de este impuesto. Los contribuyentes deberán presentar autoliquidaciones (modelo 560) dentro de los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el correspondiente período de liquidación. Los productores de energía eléctrica en su calidad de contribuyentes deberán solicitar la inscripción en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora de impuestos especiales del lugar donde radique el establecimiento donde ejerzan su actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal, que le entregará al interesado una tarjeta acreditativa de la inscripción en la que constará el código de identificación de la electricidad (CIE). En este caso, las compañías productoras de energía eléctrica estarán obligadas a tener un CIE con la clave de actividad “LC: resto de contribuyentes”.

La Dirección General de Tributos ha publicado su consulta de fecha 16 de diciembre de 2015 en la que aborda la cuestión de la tributación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y en el de Actos Jurídicos Documentados de la adquisición mediante la figura jurídica de la usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva.

Se trata de una institución que proviene del Derecho Romano, que consiste en la adquisición de los inmuebles por la posesión de los mismos –ya sea pacífica, sin oposición de terceros, o no- durante un largo periodo de tiempo, 10 o 30 años respectivamente, según los arts. 1.957 y 1.959 del Código Civil, transcurrido el cual se solicita al juez la declaración de la titularidad sobre los mismos, sirviendo ese título –la sentencia judicial- para el acceso de la finca y/o de la titularidad al Registro de la Propiedad.