Jurisprudencia

El Tribunal Supremo resuelve que la exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida por la venta de la anterior vivienda habitual en el IRPF se produce si en el plazo de dos años el sujeto pasivo la reinvierta en una nueva vivienda, aunque sea en fase de construcción, in que pueda condicionarse la aplicación de esta exención a la entrega material de la vivienda construida.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de febrero de 2021, resuelve la cuestión planteada en el recurso de casación contenida en el ATS de 13 de marzo de 2020, recurso n.º 6309/2019 relativa al plazo de que dispone el obligado tributario para reinvertir el importe obtenido con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual para tener la exención en el IRPF, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es el de dos años contados desde la transmisión de su vivienda, bastando con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda o de que la construcción de ésta haya ya concluido, pues esta exigencia no está establecida en la ley del Impuesto.

• Son sujetos pasivos distintos del IVA el establecimiento principal que forma parte de un grupo y su sucursal situada en otro Estado miembro que no forma parte del grupo a la que se prestan servicios cuyos costes se le imputa a la sucursal
• El TJUE estima que la farmacia alemana no puede reducir su base imponible si las entregas intracomunitarias de medicamentos a una caja del seguro obligatorio de enfermedad establecida en otro Estado miembro que están exentas y concede un descuento
• El seguimiento nutricional prestado en establecimientos deportivos no está incluido en el ámbito de la exención en el IVA de la asistencia médico y sanitaria a las personas físicas, pues tal servicio no tiene finalidad terapéutica
• La deuda tributaria del IVA a la importación nace en el territorio del Estado miembro donde entra el bien en el circuito económico de la Unión
• Obligar a tener una cuenta corriente en la Poste Italiane para recaudar el IBI, abonando una comisión, puede constituir una ayuda de Estado prohibida por el TFUE, si confiere una ventaja selectiva mediante fondos estatales que pueda falsear la competencia
• El documento presentado para liquidar el ISD por la herencia de su esposa constituye un acto de aceptación tácita y no un acto de mera conservación o administración provisional
• Una estación base, ubicada en un terreno privado, no es una red, sino un elemento de interconexión que no justifica la exigencia de la tasa por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público municipal
• Si la Gerencia del Catastro no acredita que la interesada, que no estaba obligado a ello, solicitó la notificación electrónica, se debe tener por no notificada
• Procede la sanción por la incorrecta liquidación del ICIO, ya que la inspección ha acreditado que las facturas reflejan una profunda remodelación y no simples obras de conservación y de acondicionamiento del hotel
• Es nula el acta de inspección tributaria y la liquidación del IAE basada en requerimientos de información obtenidos por una persona que no era funcionaria y que actuó bajo las instrucciones de la inspectora

El TJUE resuelve que el Impuesto del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no vulnera el Derecho de la Unión Europea. Este impuesto no posee las características de un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad y por otro lado no existe ninguna disposición en la Directiva 2009/28/CE (Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables) que impida a los Estados miembros establecer un impuesto, como el IVPEE, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 3 de marzo de 2021, resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto del TSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de febrero de 2019, recurso n.º 1491/2017 respecto del Impuesto del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) en el sentido de que no vulnera el Derecho de la Unión Europea. El Tribunal europeo ha resuelto ahora estas cuestiones en el sentido de que el IVPEE no posee las características de un impuesto indirecto que grave directa o indirectamente el consumo de electricidad y no puede estar incluido en el ámbito de aplicación del art. 1.2 de la Directiva 2008/118. Por otro lado no existe ninguna disposición en la Directiva 2009/28/CE (Fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables) que impida a los Estados miembros establecer un impuesto, como el IVPEE, que grave la producción de electricidad y su incorporación al sistema, también cuando la electricidad se produce a partir de fuentes de energía renovables.

Durante esta segunda quincena de febrero 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La pérdida patrimonial derivada de un préstamo multidivisa, debe integrarse en la base imponible general del IRPF y no en la base del ahorro
• Validez de la doctrina jurisprudencial de «doble tiro» a favor del contribuyente: Posibilidad de que dentro del plazo de prescripción pueda instarse una segunda solicitud de rectificación del IIVTNU (Plusvalía) fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes
• La proporción existente entre el valor del suelo y el valor catastral del bien no es el único método a utilizar cuando no se conozca el valor atribuido al suelo a efectos del cálculo de la plusvalía (IIVTNU)
• La SAREB puede ser responsable subsidiaria de las cuotas del IBI aducidos en un procedimiento de ejecución de préstamos, transmitidos previamente y de forma obligatoria

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• Existencia, alcance y extensión del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria ante el incumplimiento por el deudor principal de la obligación de reintegrar una subvención
• Interpretación de las ideas de «permanencia» en el territorio de una Comunidad Autónoma y de «ausencias temporales» de dicho territorio a efectos del determinar la competencia en el ISD
• Proporcionalidad de la sanción prevista para el diferimiento del IVA repercutido de un periodo a otro, lo que comporta un retraso en la declaración del IVA repercutido y devengado
• ¿Cabe excluir la deducción del IVA soportado por la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco; espectáculos y servicios de carácter recreativo, y bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas conforme al derecho de la UE?
• ¿La solicitud de aplazamiento y posterior pago en periodo voluntario de la deuda de aduanas, efectuada por el importador beneficia al representante indirecto?
• Ejercicio en el que debe apreciarse la exención de una fundación en el IBI, cuando a fecha del devengo no se encontraba aún constituida: ¿en el de constitución o en el siguiente?
• ¿Cuál debe ser el valor catastral a fijar por la Administración a efectos de IBI cuando se acredita que el fijado en la ponencia de valores es superior al valor de mercado?
• Calificación y cómputo de diferentes instalaciones y superficies de la Torre de Cristal de Madrid a efectos de cálculo de su valor catastral a efectos del IBI

• El TJUE avala el Impuesto andaluz sobre los depósitos de clientes en las entidades de crédito, pues no constituye un impuesto sobre el volumen de negocio
• El TJUE considera que los cánones adeudados al Municipio en virtud de la Ley nacional de transformación constituye una entrega de bienes a efectos del IVA
• El art. 63 TFUE no se opone a la limitación del crédito fiscal imputado en el marco de un régimen destinado a compensar la doble imposición de dividendos
• La moratoria de las tasas de aviación civil y de solidaridad de los billetes de avión motivada por el COVID-19 es una ayuda de estado permitida por el TFUE aunque se limite a compañías aéreas con licencia de un determinado Estado miembro
• La depreciación por deterioro de los bienes inmuebles en el IS no puede basarse en una tasación que no toma en consideración el valor en uso
• La doctrina de los actos propios no impide que si en una comprobación anterior se estimó deducibles en el IS los gastos de personal de la entidad en la nueva regularización se consideren no deducibles
• Extinción de la sanción por fallecimiento del sujeto sancionado, por el incumplimiento de la obligación de informar sobre cuentas bancarias (modelo 720)
• La aplicación de la bonificación autonómica en el ITP y AJD por adquisición de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales en determinadas zonas no requiere que el sujeto pasivo ejerza personalmente la actividad industrial
• Habiendo ingresado en Andalucía 38.000 euros por el ISD, no tiene sentido que la Comunidad de Madrid liquide diez años después por cantidad inferior de 36.000 euros, si no es para devolver al recurrente la cantidad ingresada en exceso
• Consecuencias de la anulación de la autorización de entrada y registro a un despacho de abogados

El Tribunal Supremo considera que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, son deducibles y por tanto a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el alcance y límites establecidos en el art. 20 TRLIS [art. 16 Ley 27/2014  (Ley IS)].

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019, resuelve que  a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, en contra de lo sostenido por la Administración tributaria y el órgano administrativo revisor.

Esta es la solución a la cuestión planteada en el auto de 16 de enero de 2020, recurso n.º 3071/2019. Al respecto de la misma,  si los intereses tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, varios Tribunales Superiores de Justicia, [Vid., STSJ de Aragón de 20 de julio de 2016, recurso n.º 5/2015, y Castilla y León (Sede en Burgos) de 1 de febrero de 2019, recurso n.º 150/2018], han decidido en sentido contrario a la sentencia impugnada, esto es, que a efectos del IS los intereses de demora sí merecen la consideración de gasto fiscalmente deducible. Así pues debía determinar el TS si a efectos del IS, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica y con qué alcance y límites.

El TSJ de la Comunidad Valenciana (Vid., STSJ de la Comunidad Valenciana de 04 de noviembre de 2020, rec. n.º 61/2020) consideró que en caso de que se practique una doble notificación, una en sede electrónica y otra por correo certificado, el plazo para intentar los recursos se computa desde la fecha de la notificación a través de la oficina de correos y no a la fecha en que accedió a la sede electrónica, cuando el interesado no ha consentido que se le notificasen los actos administrativos por medios electrónicos y la comunicación de su inclusión obligatoria en el sistema electrónico de notificación se hubiera realizado mediante correo electrónico remitido a la persona interesada y no a través de su notificación personal, aunque el reclamante, en calidad de destinatario, haya accedido en la sede electrónica al contenido de la liquidación girada.

La sentencia comentada enfatiza la necesidad de que la comunicación de la inclusión en el sistema de dirección electrónica habilitada debe hacerse mediante notificación personal y no por medios electrónicos, desestimando que la comparecencia del interesado en sede electrónica suponga el consentimiento del interesado a que se le notificasen los actos administrativos por esa vía, todo dentro del contexto de que hubo una notificación personal posterior del mismo acto por correo certificado.

Durante esta primera quincena de febero de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Se han planteado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales y en diversas sentencias se ha dado respuesta a las cuestiones ya planteadas.

Además se ha reiterado la cuestión planteada en el Auto de 13 de noviembre de 2020  que incluimos en nuestra selección correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2020, sobre si en la compensación de bases imponibles negativas en el IS ¿el ejercicio de la opción es un mero requisito formal? en un nuevo auto al objeto de que el Tribunal Supremo dilucide, interpretando el art. 119.3 LGT, si es posible aplicar en el Impuesto sobre Sociedades, el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación declarada resulta extemporánea, determinando si el ejercicio de la opción compensatoria de bases negativas es un mero requisito formal cuya inobservancia no puede dar lugar a la pérdida del derecho a tributar en el régimen especial, al cumplir todos los requisitos materiales al efecto o, por el contrario, constituye la imprescindible manifestación de la voluntad para elegir una de las alternativas posibles, lo cual posee contenido material con sustantividad propia.

• La Audiencia Nacional anula la Orden HFP/544/2018, que aprueba el Modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos»
• La participación indirecta a través de entidades extranjeras no está sujeta al impuesto sobre el patrimonio
• La revocación de la sentencia que condenaba al deudor principal por un delito de estafa no impide la afección del bien a la deuda por el ISD y su exigencia al responsable subsidiario
• No procede la sanción aunque la declaración del IAE fuera inexacta pues la entidad actuaba en la errónea creencia de estar hacerlo lícitamente
• A efectos de aplicar el tipo reducido en ITP y AJD para la primera adquisición de la vivienda habitual el límite del patrimonio se refiere a la suma del patrimonio común de los adquirentes
• Si el titular de la actividad de la entidad cuyas participaciones se donan tenía más de 65 años debe permitirse la reducción en el ISD, aunque el otro cónyuge donante no los hubiera cumplido en el momento de la donación
• El informe técnico-económico. del art. 25 TRLHL no es susceptible de subsanación, por lo que deben ser anuladas las disposiciones impugnadas
• El hecho imponible del IVPEE recae sobre la producción de todas las instalaciones de generación, incluidas las de energías renovables que no utilicen un alternador
• El porcentaje del valor de las obras respecto del valor catastral a efectos de aplicar la exención en el IIVTNU (plusvalía) por obras en edificios históricos se debe examinar a la fecha del devengo
• La compra de acciones queda exenta del ITP y AJD al no probarse que el valor del fondo de comercio fuese inferior al considerado por la contribuyente

La Directiva autorización es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, pero sus arts. 12 y 13 no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 27 de enero de 2021, ha resuelto que la Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, pero sus arts. 12 y 13 debn interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado miembro de que se trate

En el caso planteado, la mercantil presentó ante el Ayuntamiento una «autoliquidación» de la tasa por aprovechamiento del dominio público por la actividad de telefonía fija y de acceso a Internet que ejerce en el término municipal. Al considerar que la tasa es contraria a la normativa de la Unión que regula el sector de las telecomunicaciones, en particular a la Directiva autorización, tal como es interpretada por el Tribunal de Justicia, solicitó al Ayuntamiento la rectificación de la «autoliquidación» y la devolución de la suma ingresada, que consideraba indebida. La mercantil alegó que no era titular de las redes que explotaba en el territorio del Ayuntamiento, sino usuaria de las mismas en virtud de derechos de interconexión y que los servicios de telefonía fija y de acceso a Internet estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva autorización, y que era contrario a los arts.12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas) imponer un gravamen calculado exclusivamente sobre la base de un porcentaje fijo de los ingresos brutos de la empresa. El Ayuntamiento entendió que el importe de la tasa debida no adolecía de ningún error de hecho o de Derecho y que se había calculado conforme a la ley y que la mercantil era titular de redes de infraestructuras y, por tanto, no podía ser exonerada del pago de la tasa. El Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE las siguientes cuestiones prejudiciales [Vid., ATS, de 12 de julio de 2018, recurso n.º 1636/2017].