Jurisprudencia

Durante esta primera quincena de diciembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia de 3 de diciembre de 2020 en la que el Tribunal confirma que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF. Entre las otras sentencias publicadas, destacamos las siguientes:

• El incumplimiento del plazo del mes para la ejecución de la resolución del órgano de revisión determina la no exigencia de intereses de demora desde que la Administración lo haya incumplido
• Los rendimientos del trabajo generados por la percepción de ayudas públicas previas a la jubilación deben imputarse al ejercicio en el que se puso efectivamente a disposición de la contribuyente
• Si por la adquisición por la entidad de acciones propias transmitidas por sus socios instrumentó un reparto de beneficios a los socios con cargo a las reservas disponibles de la sociedad, en el IRPF de los socios estos ingresos se califican como rendimientos de capital mobiliario
• La doctrina del TJUE establecida en su sentencia de 3 de septiembre de 2014 (C-127/12) respecto al ISD, se aplica a ciudadanos que no sean residentes en la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
• La primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme al impuesto sobre AJD
• La exención en el ITP y AJD a favor de las sociedades de garantía recíproca se refiere solo a las garantías que estas sociedades prestan a sus socios
• Al igual que en el IVA, la caducidad del plazo para compensar las cuotas soportadas del IGIC y no deducidas no impide que solicite su devolución incluso transcurrido dicho plazo
• Están sujetas al ICIO las obras que no pueden calificarse como obras portuarias de interés general
• En los casos en los que el medio de prueba es propuesto en la vista del procedimiento abreviado del IIVTNU debe otorgarse a la parte actora la posibilidad de analizar la pericia
• El Ayuntamiento puede modificar de oficio la matrícula del IAE cuando se constate, en el ejercicio de la función de inspección que tiene delegada por la Administración estatal, que el contribuyente no se encuentra correctamente matriculado

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributaria si el obligado tributario se encuentre ya incurso en el procedimiento inspector?
• ¿Las actuaciones de comprobación efectuadas por una Administración tributaria, incompetente en función del domicilio fiscal pueden interrumpir la prescripción de las deudas tributarias?
• ¿Existe simulación en el ejercicio de una actividad profesional de administrador concursal por parte de la persona física, designada intuitu personae a tal efecto, a través de una sociedad constituida para facturar los servicios prestados?
• ¿Las cantidades percibidas por el arrendador en ejecución de sentencias de desahucios cómo tributan en el IRPF?
• ¿Están exentas en el IRPF las prestaciones por jubilación percibidas por los funcionarios de la OTAN?
• ¿En la exención por reinversión en la vivienda habitual del IRPF, la cantidad reinvertida es únicamente la desembolsada de forma efectiva en el plazo de dos años o puede extenderse a las amortizadas con posterioridad?
• El TS deberá pronunciarse sobre la conformidad a los principios de reserva de ley y legalidad del Modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y relacionadas con paraísos fiscales
• Compensación de bases imponibles negativas en el IS ¿el ejercicio de la opción es un mero requisito formal?
• Matización de la doctrina sobre las limitaciones de la compensación en el IS de bases imponibles negativas de la absorbida
• ¿La rectificación de una autoliquidación tributaria del Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial  y el Impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña es el cauce adecuado para cuestionar su constitucionalidad o conformidad con el Derecho de la UE?

Durante esta segunda quincena de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• Compatibilidad entre la infracción por incumplimiento de las obligaciones de facturación mediante facturas falsas y la de dejar de ingresar con utilización de medios fraudulentos
• No cabe condicionar la exención por reinversión de la ganancia derivada de la venta de la vivienda habitual en el IRPF a la entrega de la futura vivienda
• Cabe reducir en el IRPF con ocasión del rescate del plan de pensiones, las aportaciones que pudiendo ser reducidas no lo fueron en su día
• Para determinar la provisión deducible en el IS debe corregirse el valor teórico de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la aportación de fondos propios por la sociedad a su filial
• La regularización aplicando el art. 9.1 del Convenio para evitar la doble imposición entre España y Francia no requiere acudir al valor de mercado en las operaciones vinculadas en la regulación interna
• La autoliquidación del ITPAJD no interrumpe la prescripción del derecho de la Administración para liquidar la donación implícita en la escritura de constitución de alimentos vitalicios a cambio de cesión de inmueble, por no ser tributos conexos
• En la cesión de un crédito hipotecario la base imponible de AJD está constituida por el capital pendiente de amortizar en el momento de la cesión
• Existe un establecimiento permanente a efectos del IVA aunque las únicas operaciones realizadas gravadas por ese impuesto sean entregas de bienes distintas de las entregas de gas, electricidad, calor o frío
• El plazo prescriptivo para solicitar la devolución del ICIO, cuando el sujeto pasivo desiste de las obras, se inicia con la declaración formal de caducidad de la licencia por parte del Ayuntamiento
• No cabe actualizar el valor de adquisición de los terrenos conforme al IPC para calcular el incremento sujeto a IIVTNU (plusvalía)
• Puede impugnarse indirectamente la ordenanza reguladora de la tasa si en la cuota tributaria no se ha observado el principio ecuación costes/ingresos
• No es discrecional para el Ayuntamiento destinar el importe de las contribuciones especiales a unos gastos u otros, pues solo es posible la aplicación a estrictos gastos de inversión

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Es preciso agotar la vía económico-administrativa para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, si el fondo depende solo de la adecuación al Derecho de la Unión Europea?
• ¿Puede la Administración Tributaria ejecutar la resolución que anula una liquidación y ordena la retroacción de actuaciones mientras se tramita un recurso de alzada interpuesto por el contribuyente?
• Inadmisión del recurso de casación planteado contra la autorización de entrada y registro por tratarse cuestión eminentemente fáctica y vinculada al supuesto concreto examinado
• ¿Cuál es el plazo máximo de resolución del procedimiento para hacer efectiva la devolución de unas retenciones soportadas indebidamente? ¿Cabe deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración?
• ¿Está exento en AJD la escritura del prestado destinado a construir VPO aunque en el edificio ofrecido como garantía locales y garajes que no ostentan la calificación de protección oficial?
• ¿Cabe deducir las cuotas de IVA auto-repercutidas, aun cuando pueda haber existido simulación subjetiva respecto de los proveedores?
• ¿Puede excluirse a algún municipio del recargo del IBI aprobado por un área metropolitana por no prestarse en igual condición que otros municipios el servicio de transporte público?
• ¿Puede la Comunidad de Madrid reclamar al Ayuntamiento por la vía del art. 44 LJCA, la anulación de las providencias de apremio una vez anulado el precepto de la ordenanza aplicado en la liquidación?​
• Actividad comercializadora de energía eléctrica: ¿La facultad municipal de liquidar por el Ayuntamiento el IAE comprende la de modificar de oficio la matrícula del IAE?
• ¿La suspensión indefinida de la ejecución por problemas de inundabilidad puede equipararse a una declaración de nulidad del planeamiento urbanístico y de las liquidaciones del IBI?

La Administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos cuando sea relevante para ello y además debe ajustarse a la previsión de los art 66bis y 115 LGT. Esta previsión no ampara la posibilidad de investigar sobre el IVA ya prescrito fuera de los supuestos de compensación o de devolución, motivo por el cual se absuelve a las personas condenadas del delito fiscal.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 586/2020, de 5 de noviembre (rec. núm. 4535/2019), a la que se refiere una nota de prensa adelantada en la página web del Consejo General del Poder Judicial, ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a anualidades prescritas del IVA. Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011.

• La Directiva del IVA se opone a la regularización de una deducción del IVA a un sujeto pasivo distinto del que practicó dicha deducción
• El importe pagado por el derecho de distribución exclusiva en un determinado territorio de una mercancías forma parte de su valor en aduana
• El TJUE considera que no procede la exención en el IVA de los servicios realizados por agrupaciones autónomas en favor del grupo cuando todos los miembros de este último grupo no son miembros de dicha agrupación autónoma de personas
• El TC considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva dejar sin respuesta en el orden penal la pretensión sobre la modificación de la cuantía del embargo acordado por la administración tributaria
• La deducción por doble imposición de plusvalías en el IS se determina en función de las reservas consolidadas, en lugar de las reservas de la sociedad a nivel individual
• La preclusión de una comprobación limitada del IS  impide la regularización posterior, si la Administración no justifica que concurren nuevos hechos
• No es deducible en el IS la retención de la operación simulada de préstamo de valores por no residentes para el cobro del dividendo y devolución al prestamista
• A través de las ofertas aportadas y el informe pericial se desvirtúa el valor comprobado del solar obtenido a partir del valor catastral
• Se confirma la nulidad de la liquidación del IIVTNU (plusvalía) por confiscatoriedad, al superar la cuota tributaria al incremento real acreditado
• La Administración no puede reclamar como "tercero obligado al pago" al condenado por delito de lesiones los precios públicos por gastos sanitarios prestados a la víctima, al no haberse ejercitado la acción de responsabilidad civil

• El sujeto pasivo puede deducir el IVA soportado por los bienes y servicios que tenía proyectado utilizar en su actividad económica aunque luego se abandone el proyecto
• El principio de neutralidad impide deducir el IVA soportado por la comisión del emprestito destinado a una inversión que no llega a materializarse si se entrega como préstamo a la sociedad matriz, por ser una actividad exenta
• La importancia de los informes de auditoría para desvirtuar la responsabilidad subsidiaria de los administradores
• Está sujeta al IIVTNU (plusvalía) la aportación de inmuebles a una sociedad, aunque no se inscriba en el Registro Mercantil
• El recurso articulado defectuosamente sí interrumpe la prescripción para solicitar la devolución del ICIO por las obras no realizadas
• No se aplica la exención en el IAE por inicio de actividad a la empresa que adquiere la unidad productiva de otra disuelta en un proceso de liquidación
• El traslado de un futbolista para jugar la Copa de América con su selección es una ausencia esporádica a efectos del IRPF
• La reducción por conformidad y la solicitud de compensación de créditos sin indicar qué deudas deben compensarse
• La base de la sanción por incumplimiento de los límites de pagos en efectivo es la cuantía del pago efectuado en efectivo
• Anulación de la sanción por la presentación extemporánea del modelo 720, al haber superado la Administración el plazo de tres meses del art. 209.2 LGT

Durante esta primera quincena de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La Administración no puede declarar fraude de ley por operaciones de periodos prescritos, previos a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 (LGT), aunque afecten a ejercicios no prescritos
• La petición de informes de valoración a una dependencia del mismo órgano administrativo no interrumpe actuaciones inspectoras de comprobación e investigación
• Los efectos preclusivos del procedimiento de comprobación limitada se extiende a cualquier elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna documentación justificativa, pero no regularizado
• Cabe deducir en el IRPF la amortización que resulte del número de años de duración de la concesión de los rendimientos derivados de inmuebles arrendados
• El TS niega el derecho al ejercicio de las opciones configuradas en el régimen sustantivo del IS aplicado, al haberse cometido infracción tributaria muy grave
• La adquisición de un inmueble por usucapión reconocida en sentencia judicial, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Procede dictar providencia de apremio contra un Ayuntamiento para después proceder a la compensación de oficio?
• Órganos legitimados y dies a quo para interponer el recurso de alzada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio y el recurso extraordinario para la unificación de doctrina
• ¿Puede atribuirse al modelo 390 foral efectos interruptivos de la prescripción del IVA a la luz de la Ley del Concierto Económico?
• ¿El procedimiento de regularización catastral interrumpe la prescripción del Derecho de la Administración a liquidar el IBI?

Durante esta segunda quincena de octubre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia referida al Impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente, en la que ha resuelto que esta figura tributaria no vulnera los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni el derecho de la UE, pues aprecia la existencia de una finalidad ambiental.

• La inclusión en el listado de deudores a la Hacienda pública por deudas o sanciones tributarias no vulnera los derechos fundamentales y no procede plantear cuestión de inconstitucionalidad
• El TJUE afirma que vulnera la Directiva IVA impedir la reducción de la base imponible si el deudor esté registrado como sujeto pasivo del IVA
• El reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros permite limitar la libertad de establecimiento
• Si la entidad no interviene en la actividad de arrendamiento de los locales no se acepta la aplicación de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) en el IS
• La escisión de los inmuebles de una entidad dedicada a la hostelería a favor de otra del grupo que se los arrienda, puede acogerse al régimen especial del IS de escisiones, pues limitar los riesgos de su actividad es un motivo económico válido
• No pueden considerarse pérdidas patrimoniales a minorar las ganancias en el IRPF, lo perdido en los torneos de póker, aunque no procede la sanción
• No presentar declaración a tiempo no implica que se presuma que optó por no aplicar la compensación de las bases imponibles negativas del IS, ya que no es una opción tributaria, sino el ejercicio de un derecho
• La falta de acceso a las actas del expediente seguido contra la obligada principal provoca la nulidad del acuerdo de derivación de responsabilidad
• No son deducibles en el IS los gastos financieros derivados de un préstamo del socio mayoritario para el pago de un dividendo
• Cabe aplicar el régimen especial del IS para las empresas de reducida dimensión, aunque la actividad desarrollada sea la mera gestión de un patrimonio

El trabajador sólo tiene que declarar el importe percibido y exigible en cada período impositivo que dure el plan de prejubilación aprobado.

La sentencia número 406/2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rec. nº 60/2018 tiene ocasión de pronunciarse sobre la imputación de una ayuda pública aportada a un seguro indisponible en un único ejercicio, sino en el momento de su percepción efectiva. En este caso, la recurrente no percibió cantidad alguna como consecuencia de su despido, ya que todas las cantidades que podía haber percibido se destinaron a la constitución de dicho contrato de seguro. De una parte, la indemnización por despido, y de otra, la subvención reconocida por la Administración.

Así, como consecuencia de la aprobación del expediente de regulación de empleo, la mercantil de la que era trabajadora la recurrente suscribió una póliza de seguro con el objeto de dar cobertura de los compromisos por pensiones asumidos por el tomador del seguro (la empresa) con los asegurados y beneficiarios incluidos en el contrato (los empleados incluidos en el expediente de regulación de empleo), entre ellos la demandante. El Director General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación de la Generalitat Valenciana, dictó resolución de 26-12-2012, concediendo a los extrabajadores de aquella empresa una subvención de 700.000 euros para la financiación parcial del plan de prejubilación aprobado. A la demandante le fue reconocida por la Administración una subvención o ayuda previa a la jubilación ordinaria que ascendía a 14.000 euros.

El Tribunal Supremo resuelve que indica que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni vulnera el derecho de la Unión Europea

El Tribunal Supremo, en un comunicado de prensa que ha publicado en su página web, adelanta el fallo de su sentencia, de 15 de octubre de 2020, en la que resuelve que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

Asimismo, considera que este tributo autonómico no incurre en la prohibición establecida en el art. 6.2 y 3 de la LOFCA, ya que se pone en duda si esta impuesto posee una verdadera finalidad ambiental, respeta los límites competenciales del Estado establecidos en la CE, no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición y no vulnera la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Señala, a su vez, que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica del art. 31 CE.