Jurisprudencia

La Administración tributaria puede indagar actos y periodos prescritos para la investigación sobre impuestos no prescritos cuando sea relevante para ello y además debe ajustarse a la previsión de los art 66bis y 115 LGT. Esta previsión no ampara la posibilidad de investigar sobre el IVA ya prescrito fuera de los supuestos de compensación o de devolución, motivo por el cual se absuelve a las personas condenadas del delito fiscal.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 586/2020, de 5 de noviembre (rec. núm. 4535/2019), a la que se refiere una nota de prensa adelantada en la página web del Consejo General del Poder Judicial, ha absuelto a cuatro personas de un delito fiscal porque Hacienda investigó fuera de lo permitido respecto a anualidades prescritas del IVA. Los cuatro acusados habían sido condenados por un delito fiscal por defraudar 565.932 euros del impuesto del IVA en operaciones inmobiliarias en 2011.

• La Directiva del IVA se opone a la regularización de una deducción del IVA a un sujeto pasivo distinto del que practicó dicha deducción
• El importe pagado por el derecho de distribución exclusiva en un determinado territorio de una mercancías forma parte de su valor en aduana
• El TJUE considera que no procede la exención en el IVA de los servicios realizados por agrupaciones autónomas en favor del grupo cuando todos los miembros de este último grupo no son miembros de dicha agrupación autónoma de personas
• El TC considera que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva dejar sin respuesta en el orden penal la pretensión sobre la modificación de la cuantía del embargo acordado por la administración tributaria
• La deducción por doble imposición de plusvalías en el IS se determina en función de las reservas consolidadas, en lugar de las reservas de la sociedad a nivel individual
• La preclusión de una comprobación limitada del IS  impide la regularización posterior, si la Administración no justifica que concurren nuevos hechos
• No es deducible en el IS la retención de la operación simulada de préstamo de valores por no residentes para el cobro del dividendo y devolución al prestamista
• A través de las ofertas aportadas y el informe pericial se desvirtúa el valor comprobado del solar obtenido a partir del valor catastral
• Se confirma la nulidad de la liquidación del IIVTNU (plusvalía) por confiscatoriedad, al superar la cuota tributaria al incremento real acreditado
• La Administración no puede reclamar como "tercero obligado al pago" al condenado por delito de lesiones los precios públicos por gastos sanitarios prestados a la víctima, al no haberse ejercitado la acción de responsabilidad civil

• El sujeto pasivo puede deducir el IVA soportado por los bienes y servicios que tenía proyectado utilizar en su actividad económica aunque luego se abandone el proyecto
• El principio de neutralidad impide deducir el IVA soportado por la comisión del emprestito destinado a una inversión que no llega a materializarse si se entrega como préstamo a la sociedad matriz, por ser una actividad exenta
• La importancia de los informes de auditoría para desvirtuar la responsabilidad subsidiaria de los administradores
• Está sujeta al IIVTNU (plusvalía) la aportación de inmuebles a una sociedad, aunque no se inscriba en el Registro Mercantil
• El recurso articulado defectuosamente sí interrumpe la prescripción para solicitar la devolución del ICIO por las obras no realizadas
• No se aplica la exención en el IAE por inicio de actividad a la empresa que adquiere la unidad productiva de otra disuelta en un proceso de liquidación
• El traslado de un futbolista para jugar la Copa de América con su selección es una ausencia esporádica a efectos del IRPF
• La reducción por conformidad y la solicitud de compensación de créditos sin indicar qué deudas deben compensarse
• La base de la sanción por incumplimiento de los límites de pagos en efectivo es la cuantía del pago efectuado en efectivo
• Anulación de la sanción por la presentación extemporánea del modelo 720, al haber superado la Administración el plazo de tres meses del art. 209.2 LGT

Durante esta primera quincena de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La Administración no puede declarar fraude de ley por operaciones de periodos prescritos, previos a la entrada en vigor de la Ley 58/2003 (LGT), aunque afecten a ejercicios no prescritos
• La petición de informes de valoración a una dependencia del mismo órgano administrativo no interrumpe actuaciones inspectoras de comprobación e investigación
• Los efectos preclusivos del procedimiento de comprobación limitada se extiende a cualquier elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la oportuna documentación justificativa, pero no regularizado
• Cabe deducir en el IRPF la amortización que resulte del número de años de duración de la concesión de los rendimientos derivados de inmuebles arrendados
• El TS niega el derecho al ejercicio de las opciones configuradas en el régimen sustantivo del IS aplicado, al haberse cometido infracción tributaria muy grave
• La adquisición de un inmueble por usucapión reconocida en sentencia judicial, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• ¿Procede dictar providencia de apremio contra un Ayuntamiento para después proceder a la compensación de oficio?
• Órganos legitimados y dies a quo para interponer el recurso de alzada ordinario, el recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio y el recurso extraordinario para la unificación de doctrina
• ¿Puede atribuirse al modelo 390 foral efectos interruptivos de la prescripción del IVA a la luz de la Ley del Concierto Económico?
• ¿El procedimiento de regularización catastral interrumpe la prescripción del Derecho de la Administración a liquidar el IBI?

Durante esta segunda quincena de octubre de 2020, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia referida al Impuesto valenciano sobre actividades sobre el Medio Ambiente, en la que ha resuelto que esta figura tributaria no vulnera los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni el derecho de la UE, pues aprecia la existencia de una finalidad ambiental.

• La inclusión en el listado de deudores a la Hacienda pública por deudas o sanciones tributarias no vulnera los derechos fundamentales y no procede plantear cuestión de inconstitucionalidad
• El TJUE afirma que vulnera la Directiva IVA impedir la reducción de la base imponible si el deudor esté registrado como sujeto pasivo del IVA
• El reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros permite limitar la libertad de establecimiento
• Si la entidad no interviene en la actividad de arrendamiento de los locales no se acepta la aplicación de la reserva para inversiones en Canarias (RIC) en el IS
• La escisión de los inmuebles de una entidad dedicada a la hostelería a favor de otra del grupo que se los arrienda, puede acogerse al régimen especial del IS de escisiones, pues limitar los riesgos de su actividad es un motivo económico válido
• No pueden considerarse pérdidas patrimoniales a minorar las ganancias en el IRPF, lo perdido en los torneos de póker, aunque no procede la sanción
• No presentar declaración a tiempo no implica que se presuma que optó por no aplicar la compensación de las bases imponibles negativas del IS, ya que no es una opción tributaria, sino el ejercicio de un derecho
• La falta de acceso a las actas del expediente seguido contra la obligada principal provoca la nulidad del acuerdo de derivación de responsabilidad
• No son deducibles en el IS los gastos financieros derivados de un préstamo del socio mayoritario para el pago de un dividendo
• Cabe aplicar el régimen especial del IS para las empresas de reducida dimensión, aunque la actividad desarrollada sea la mera gestión de un patrimonio

El trabajador sólo tiene que declarar el importe percibido y exigible en cada período impositivo que dure el plan de prejubilación aprobado.

La sentencia número 406/2020 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, rec. nº 60/2018 tiene ocasión de pronunciarse sobre la imputación de una ayuda pública aportada a un seguro indisponible en un único ejercicio, sino en el momento de su percepción efectiva. En este caso, la recurrente no percibió cantidad alguna como consecuencia de su despido, ya que todas las cantidades que podía haber percibido se destinaron a la constitución de dicho contrato de seguro. De una parte, la indemnización por despido, y de otra, la subvención reconocida por la Administración.

Así, como consecuencia de la aprobación del expediente de regulación de empleo, la mercantil de la que era trabajadora la recurrente suscribió una póliza de seguro con el objeto de dar cobertura de los compromisos por pensiones asumidos por el tomador del seguro (la empresa) con los asegurados y beneficiarios incluidos en el contrato (los empleados incluidos en el expediente de regulación de empleo), entre ellos la demandante. El Director General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Consellería de Economía, Hacienda y Ocupación de la Generalitat Valenciana, dictó resolución de 26-12-2012, concediendo a los extrabajadores de aquella empresa una subvención de 700.000 euros para la financiación parcial del plan de prejubilación aprobado. A la demandante le fue reconocida por la Administración una subvención o ayuda previa a la jubilación ordinaria que ascendía a 14.000 euros.

El Tribunal Supremo resuelve que indica que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica ni vulnera el derecho de la Unión Europea

El Tribunal Supremo, en un comunicado de prensa que ha publicado en su página web, adelanta el fallo de su sentencia, de 15 de octubre de 2020, en la que resuelve que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea.

Asimismo, considera que este tributo autonómico no incurre en la prohibición establecida en el art. 6.2 y 3 de la LOFCA, ya que se pone en duda si esta impuesto posee una verdadera finalidad ambiental, respeta los límites competenciales del Estado establecidos en la CE, no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición y no vulnera la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad”.

Señala, a su vez, que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica del art. 31 CE.

Durante esta primera quincena de octubre de 2020,  el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de la ya comentada sentencia referida a la Imposibilidad de justificar la entrada y registro de la AEAT en el domicilio social basada en una rentabilidad inferior a la media nacional y la corazonada o mera sospecha de ventas ocultas.

Se han planteado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales y en diversas sentencias se ha dado respuesta a las cuestiones ya planteadas.

Entre las últimas sentencias destacamos las siguientes:

El Tribunal Supremo considera que del hecho de que el contribuyente, titular de un establecimiento de hostelería, haya tributado con base en sus datos declarados que reflejan una rentabilidad inferior a la media a nivel nacional no puede inferirse que haya ocultado ventas y por tanto no justifica la entrada y registro de la AEAT en su domicilio social. No cabe autorización “para ver qué se encuentra” ni basada en corazonadas.

El TS, en su sentencia de 1 de octubre de 2020, respecto de la cual se ha emitido un comunicado de prensa, da respuesta a la cuestión planteada en el ATS de 3 de octubre de 2019 en el que se pedía al alto tribunal que determinarse el grado de concreción de la información que deben contener las solicitudes de autorización de entrada en domicilio -o en la sede social de una empresa- formuladas por la Administración Tributaria, así como el alcance y extensión del control judicial de tales peticiones de autorización. Igualmente, el Tribunal supremo debía precisar los requisitos para que la autorización judicial de entrada y registro en un domicilio constitucionalmente protegido, a efectos tributarios, pueda reputarse necesaria y proporcionada, a la vista de la solicitud formulada por la AEAT y matizar si, la atención y el cumplimiento de requerimientos previos por parte de un obligado tributario en actuaciones anteriores al inicio de un procedimiento de inspección tributaria, justifican la no autorización de entrada y registro.

En el caso concreto era necesario que se determinase si la entrada en el domicilio puede justificarse exclusivamente en el hecho de que el contribuyente, titular de un establecimiento de hostelería, haya tributado, con base en sus datos declarados, de los que resulta que la media de rentabilidad es inferior a la media a nivel nacional y si, consecuentemente, puede inferirse de ese solo dato que el obligado tributario puede haber estado ocultando ventas efectivamente realizadas, cuestión que esclarece ahora el Tribunal en el sentido de que la autorización de la entrada no puede venir justificada por meros datos o informaciones generales o indefinidos procedentes de estadísticas, cálculos, pues con tales indicios, vestigios o datos generales y relativos deben existir otros factores circunstanciales y, en particular, la conducta previa del titular en respuesta a actuaciones o requerimientos de información efectuados por la Administración, que hagan rigurosamente necesaria la entrada.