Jurisprudencia

El TJUE resuelve que las autoridades tributarias nacionales deben someter a un sujeto pasivo a una regularización de la deducción del IVA inicialmente practicada cuando, como consecuencia de la obtención por este último de descuentos por entregas internas de bienes, tales autoridades consideran que la deducción inicialmente practicada era superior a la que ese sujeto pasivo tenía derecho a practicar, aun cuando el proveedor de ese sujeto pasivo haya dejado de operar en dicho Estado miembro y, por ello, tal proveedor ya no pueda solicitar la devolución de una parte del IVA que pagó.

El TJUE en su reciente sentencia de 28 de mayo de 2020, aborda las cuestiones prejudiciales que le eleva un órgano judicial de Rumania sobre la conformidad a la normativa de la UE en materia de IVA y el principio de neutralidad del impuesto de la normativa interna que deniega a una sociedad el derecho a la deducción del IVA proporcional al valor del descuento aplicado a unas entregas internas de bienes por el hecho de que la factura fiscal emitida por el proveedor intracomunitario (como representante de un grupo empresarial) refleja el descuento global, concedido tanto por los productos intracomunitarios como por los productos internos suministrados en virtud del mismo contrato marco, pero contabilizados estos últimos como adquisiciones del Estado miembro de referencia (de un miembro del grupo, con otro número de identificación del IVA distinto del de la factura de descuento) y sobre la posible oposición al principio de proporcionalidad el denegar al beneficiario el derecho a la deducción del IVA proporcional al valor del descuento concedido globalmente por el proveedor intracomunitario, en el supuesto de que el proveedor local (miembro del mismo grupo) haya cesado en su actividad económica y ya no pueda reducir la base imponible de las entregas emitiendo una factura con su propio número de identificación del IVA para obtener la devolución de la diferencia de IVA devengado en exceso.

El TS afirma que la liquidación del IBI basada en valores catastrales anulados, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, es nula ex tunc, pues lo contrario vulnera los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y buena administración.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de mayo de 2020, resuelve el recurso de casación sobre cuál es el alcance de la declaración de nulidad (ya sea total o parcial) de los valores catastrales en vía económico-administrativa o en vía judicial: si dicha nulidad conlleva también la nulidad de las liquidaciones del IBI, emitidas con posterioridad y basadas en aquellos valores catastrales o si, por el contrario, atendiendo al carácter bifásico del citado impuesto, dichas liquidaciones son válidas, en tanto que el Catastro no proceda a rectificar o modificar los valores catastrales, pudiendo ser giradas, incluso, con efectos retroactivos.

El alto Tribunal, atendiendo a las concretas circunstancias del caso, esto es, a la forma de conducirse que han tenido tanto el contribuyente, como la Hacienda Local y, en todo caso, teniendo en cuenta las consecuencias derivadas del principio de buena administración, de manera que si el contribuyente discute en sede de "gestión catastral" -en tiempo y forma- los valores asignados a los inmuebles de su propiedad y obtiene una decisión firme que anula tales valores, ordenando efectuar nueva valoración, el ayuntamiento que ha girado el IBI conforme a los valores declarados nulos no puede aducir la existencia de una dualidad del procedimiento para mantener la vigencia de esas liquidaciones. La Hacienda Local, precisamente por la vigencia en nuestro sistema fiscal de aquella dualidad, debe atemperarse a la decisión que adopte el órgano competente de "gestión catastral" y, si ésta es anulatoria de la valoración que le permitió girar el tributo, debe dejar sin efecto las liquidaciones correspondientes sin esperar a que se produzca un expresa modificación del padrón, a salvo su derecho, en los términos que legalmente procedan, a emitir nuevas liquidaciones conforme a los valores que, finalmente, sean declarados ajustados a Derecho.

El TS modifica su doctrina sobre el alcance de la presentación del modelo 390, a efectos de la interrupción de la prescripción. La falta de contenido liquidatorio de la declaración-resumen anual, el discutible carácter "ratificador" de las liquidaciones previas y el cambio de régimen jurídico en cuanto no deben acompañarse al modelo las liquidaciones trimestrales conducen a afirmar que el modelo 390 carece de eficacia interruptiva del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria de los períodos mensuales o trimestrales del período anual correspondiente.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de mayo de 2020, modifica su doctrina sobre el alcance de la presentación del modelo 390, pues de acuerdo con la LGT vigente, una vez declarado que la presentación del resumen-anual carece de efectos interruptivos de la prescripción, debe reputarse prescrito el derecho a liquidar el tercer trimestre de 2008, pues cuando se notifica la primera actuación de comprobación (el 22 de octubre de 2012, comunicación de la liquidación provisional) ya había transcurrido el plazo de cuatro contado desde la fecha en que se presentó la autoliquidación del período (20 de octubre de 2008).

La jurisprudencia de esta Sala y Sección ha afirmado que la presentación de esa declaración tiene efecto interruptivo de la prescripción del derecho de la Administración a liquidar los períodos mencionados en el propio resumen anual, pero lo ha hecho bajo un régimen jurídico distinto -como veremos- del que aquí resulta de aplicación. Y ello no solo desde la perspectiva de los preceptos legales que disciplinan la prescripción, sino del propio mecanismo de presentación de la declaración-resumen anual, pues, ahora, no debe aportarse, junto con la declaración-resumen anual, uno de los ejemplares de los distintos modelos de declaración-liquidación de cada periodo presentados a lo largo del ejercicio. Es evidente que la declaración-resumen anual de IVA, modelo 390, no es una liquidación o una autoliquidación, sino una declaración recapitulativa de las autoliquidaciones ya presentadas.

El Tribunal Supremo rectifica parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró probado que el equipo de fútbol había defraudado seis millones de euros a Hacienda en la liquidación de los IVA e IRPF correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en una reciente sentencia, de 19 de mayo de 2020, cuyo contenido fue adelantado por medio de un comunicado, rectifica parte la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que consideró probado que el equipo de fútbol había defraudado seis millones de euros a Hacienda en la liquidación de los IVA e IRPF correspondientes a los ejercicios 2005 a 2008, pues el alto Tribunal considera que parte de los hechos probados en los que se basa la sentencia recurrida no han quedado debidamente acreditados.

El Rayo Vallecano interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida por no estar conforme con el relato de hechos probados que recogían que, presentado en el plazo oportuno las declaraciones trimestrales correspondientes al IVA y a retenciones sobre rendimientos del trabajo en relación con el IRPF de los ejercicios 2005 a 2008, se consignaron en cantidades que no se ajustaban a las efectivas cuotas del impuesto soportado y repercutido, y cantidades inferiores a las retenidas a sus trabajadores, respectivamente, desglosándolas cantidades que se decían defraudadas en cada ejercicio que ascendían a seis millones de euros. El tribunal modifica estos dos primeros apartados de la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida por entender que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva del club de fútbol ya que no ha quedado debidamente acreditado dicho fraude fiscal.

La declaración de inconstitucionalidad parcial de la plusvalía no implica que anteriores liquidaciones firmes incurran en nulidad de pleno derecho que avale la devolución de ingresos indebidos. La solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuadas en las SSTC 59/2017 y 126/2019, debe efectuarse necesariamente por los cauces de la revisión de actos nulos, por la revocación o por el recurso extraordinario de revisión.

El Tribunal Supremo en una reciente sentencia de 18 de mayo de 2020 resuelve que no es posible solicitar la devolución de la liquidación firme y abonada de la plusvalía bajo la nulidad de pleno derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad parcial. En una anterior sentencia de 6 de marzo de 2020, negó la posibilidad de revisar mediante el procedimiento de nulidad de pleno derecho las liquidaciones firmes y consentidas del impuesto municipal sobre plusvalías (IIVTNU). Ahora, en una sentencia de 18 de mayo de 2020, de la cual el Tribunal ha adelantado un comunicado, descarta que pueda solicitarse la devolución de la plusvalía municipal abonada por liquidación firme bajo el amparo de la nulidad de pleno derecho amparada en la declaración de inconstitucionalidad parcial del tributo contenida en la STC 59/2017.

Considera ahora el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL no determina que las liquidaciones firmes del impuesto giradas con anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho.

El Tribunal de Justicia del País Vasco ha concluido que nada se opone a que el contribuyente dentro del plazo de rectificación de su autoliquidación solicite que se complete su declaración con la consignación o aplicación por I+D-i de la deducción omitida y en otra reciente sentencia ha afirmado que la Administración no deducibilidad de un gasto en el IS (intereses derivados del préstamo del socio) no puede depender de la aportación del documento privado del negocio jurídico.

En este comentario incluimos dos interesantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En la primera de ellas el Tribunal afirma que nada se opone a que el contribuyente dentro del plazo de rectificación de su autoliquidación solicite que se complete su declaración con la consignación o aplicación de la deducción por I+D+i omitida. En la segunda, niega la posibilidad de que la Administración equipare la declaración formal del préstamo con su inexistencia o su carácter de liberalidad en el IS, pues ello supone que la Administración se desentiende de la contabilidad y sus soportes documentales.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 10 de octubre de 2019, se pronuncia sobre un caso en el que una entidad no consignó en su autoliquidación la deducción por I+ D+i.

La Administración tributaria debe agotar todas las posibilidades a su alcance para determinar el domicilio fiscal del interesado, tan pronto tenga conocimiento de que se ha producido un intento fallido en la notificación de un acto administrativo.

El artículo 48.3 de la Ley 58/2003 (LGT) establece que los obligados tributarios deben comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda, sin que el cambio de domicilio fiscal produzca efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación.

Por su parte, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, añade en su artículo 17 que, con carácter general, y siempre que se trate de personas físicas que no deban figurar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, la comunicación debe efectuarse en el correspondiente modelo de autoliquidación o comunicación de datos correspondiente a la imposición personal que el obligado tributario tuviera que presentar después del cambio de domicilio fiscal. Cumplida así la comunicación del nuevo domicilio fiscal, el cambio surte plenos efectos desde su presentación respecto a la Administración tributaria a la que se le hubiese comunicado.

El Tribunal Supremo determina que para calcular la prorrata en el IVA en relación con determinadas operaciones realizadas por un holding con sus participadas y con la suscripción de derivados financieros, la vinculación existente entre las operaciones de adquisición y venta de las participaciones, y la estrategia empresarial del grupo, permite apreciar esa nota de prolongación que la doctrina del TJUE utiliza como uno de los criterios válidos para descartar en una actividad empresarial la consideración de accesoria; mientras que las operaciones con derivados financieros no suponen la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en el cálculo de la prorrata.

En dos recientes sentencias de 18 de mayo de 2020 y 19 de mayo de 2020 del Tribunal Supremo, ambas idénticas en su redacción, se resuelven los recursos de casación presentados por Telefónica Internacional, SAU contra la SAN, de 27 de septiembre de 2017, recurso nº 351/2015 que confirmó la resolución del Tribunal Económico Administrativo en relación con la liquidación del IVA por los periodos de junio de 2006 a diciembre de 2007. En ellas el Tribunal analiza la normativa europea y española, así como la jurisprudencia emanada del tribunal de Luxemburgo en relación con el concepto de "actividad principal" y "actividad accesoria" a efectos del cálculo del porcentaje de la prorrata del IVA y para garantizar la neutralidad de dicho tributo.

El Tribunal Supremo señala que la venta de participaciones en empresas del grupo efectuada por una empresa holding no merece la calificación de accesoria en las específicas circunstancias del caso, pues, dadas las actividades que se realizan para las empresas participadas, ha de entenderse que dicha venta es prolongación directa, permanente y necesaria de la actividad principal de la compañía, mientras que las operaciones con derivados financieros no suponen la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en el cálculo de la prorrata.

• TJUE: Impedir la consolidación fiscal vertical u horizontal cuando se trata de filiales de matriz no residente vulnera la libertad de establecimiento
• El TJUE se pronuncia sobre la devolución del excedente del IVA no afectado por el procedimiento de inspección a la luz del principio de neutralidad fiscal
• El TS debe determinar si existe una o dos convenciones a efectos de ITP y AJD en un supuesto de fusión por absorción
• El TS debe determinar si es conforme a Derecho iniciar un procedimiento inspector con una propuesta de liquidación sin que se constate una significativa actividad investigadora
• Las conducciones de gas quedan fuera del hecho imponible de la tasa por utilización del dominio público local, por tratarse de una actividad de interés general
• Efectividad temporal en el IBI del nuevo valor catastral de una central nuclear tras denegarse la renovación de la autorización de explotación
• El TSJ de Cataluña confirma el carácter medioambiental extrafiscal del Impuesto sobre la emisión de gases y partículas en la atmósfera producida por la industria
• El TSJ de Madrid anula sanción por el Modelo 720, pues el cónyuge ya había declarado la totalidad de los bienes en el extranjero del matrimonio
• La no presentación en plazo de la autoliquidación del IS debe tratarse como haber optado por no compensar las bases imponibles negativas
• Para admitir el ajuste negativo en la base imponible por aplicación del PGC 2007, debe acreditarse que los apuntes contables se realizaron en el ejercicio 2008

El TJUE aclara que un prestador de servicios no puede deducir la existencia, en el territorio de un Estado miembro, de un establecimiento permanente de una sociedad establecida en un tercer Estado del mero hecho de que esta sociedad posea una filial en dicho territorio.

El TJUE, en su sentencia de 7 de mayo de 2020, recaída en el asunto n.º C-547/18, aclara la interpretación del art. 44 de Directiva 2006/112 del Consejo (Sistema Común del IVA) y los arts. 11.1 y 22.1, del Reglamento de Ejecución n.º 282/2011 y del artículo 11, apartado 1, del Reglamento de ejecución (UE) n.º 282/2011 del Consejo en relación con una sociedad que se rige por el Derecho polaco, que celebró con una sociedad de Derecho coreano (LG Corea) con domicilio social en Seúl un contrato de prestación de servicios de montaje de tarjetas de circuitos impresos (printed circuit boards; «PCB») con materiales y componentes que eran propiedad de LG Corea. Los materiales y los componentes necesarios para completar las PCB se despachaban en aduana y se entregaban posteriormente a la sociedad polaca por una filial de LG Corea.