Jurisprudencia

Durante este mes de junio de 2020 se han publicado distintas sentencias del Tribunal Supremo que dan respuesta a las distintas cuestiones planteadas por la Sección Primera sobre las cuales era necesario que el Tribunal confirmase y reforzara la doctrina existente o aclarase nuevas cuestiones que carecen de jurisprudencia al respecto o sobre las cuales los distintos órganos jurisdiccionales presentaban pronunciamientos dispares.

Entre ellas, seleccionamos las siguientes:

• Cooperación entre los Estados miembros e intercambio de información a efectos de IVA en entregas de bienes con transporte (ventas a distancia)
• No vulnera la libre circulación de capitales, el impuesto italiano que grava las transacciones de instrumentos financieros derivados
• El TS afirma que la exención en el IBI de los inmuebles del Estado, CCAA o entidades locales afectos a servicios educativos debe interpretarse restrictivamente
• El TS resuelve que a efectos del IS, los importes abonados a miembros de la dirección por la asistencia a consejos de administración de otras entidades, han de entenderse percibidas por la Caja de Ahorros
• El informe del arquitecto municipal a efectos de ICIO es un informe pericial que puede contradecirse con una tasación pericial contradictoria
• El TS deberá determinar el plazo para ejecutar las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos estimatorias parciales y las consecuencias de su incumplimiento
• EL TSJ de Cataluña considera que la notoriedad no es un medio de prueba que justifique la pérdida de valor del terreno a efectos de la plusvalía (IIVTNU)
• La compensación de bases imponibles negativas es el ejercicio de una opción a ejercitar dentro del plazo voluntario de presentación de la declaración del IS
• La deducción por I+D+i en el IS no es una opción, sino el ejercicio de un derecho que no se pierde si no se practica en el periodo voluntario de declaración
• Deducibilidad de gastos financieros en el IS de un préstamo constituido mediante documento privado no aportado a la Administración y del que no se tributó por el ITP y AJD

El pasado 28 de mayo la Sección Primera del Tribunal Supremo ha admitido nuevos recursos de casación al objeto de que el Tribunal Supremo aclare determinadas cuestiones fiscales que necesitan la aclaración del Tribunal para que exista jurisprudencia sobre estos determinados temas, evitar situaciones contradictorias entre los distintos órganos jurisdiccionales o para reforzar la jurisprudencia y doctrina de este Tribunal.

Entre ellas, seleccionamos aquí diez cuestiones:

La no sujeción no puede estar supeditada a la normativa sectorial.

La cuestión que se suscita en el recurso contencioso-administrativo número 763/2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con sentencia nº. 1538/2019, de 9 de diciembre de 2019, reside en determinar si resulta correcta o no la sujeción al IVA de la transmisión conjunta de la licencia de taxi y del vehículo acondicionado con el que el transmitente realizaba el servicio de taxi, que se niega por la Administración Tributaria por no poder aplicar el adquirente, por razón de antigüedad, el citado vehículo a aquel mismo servicio.

En el momento en que efectúa la transmisión conjunta de la licencia y el taxi, el art. 27.6 del Reglament Metropolità del Taxi de Barcelona establecía que los vehículos de segunda mano que se apliquen a una licencia no podrán exceder, en ningún supuesto, los 5 años desde su primera matriculación. Asimismo, se dice que se consideran de segunda mano, en todo caso, los vehículos que se transfieran conjuntamente con la licencia.

El Tribunal Supremo, considera que la negativa de un órgano judicial a responder a pretensiones o motivaciones sustanciales planteadas en tiempo y forma, podría afectar directamente al mismo núcleo del derecho a la tutela judicial efectiva y por ello una resolución de un tribunal económico-administrativo parcialmente estimatoria de las reclamaciones formuladas contra los acuerdos de liquidación y/o sancionadores practicados por la Inspección tributaria, aunque anule las liquidaciones y sanciones cuestionadas, es susceptible de recurso contencioso-administrativo.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de mayo de 2020, recurso n.º 6242/2017 considera que la negativa de un órgano judicial a responder a pretensiones o motivaciones sustanciales planteadas en tiempo y forma, podría afectar directamente al mismo núcleo del derecho a la tutela judicial efectiva.

La Sala de instancia entiende, con fundamento en la llamada jurisprudencia del "tiro único" que se expresaría en la STS, de 29 de septiembre de 2014, recurso n.º 1014/2013 (NFJ055862)que en los supuestos en los que el TEAR estima solo en parte la reclamación anulando en su totalidad las liquidaciones impugnadas (o las sanciones) para que se dicten otras de acuerdo con los criterios que dicho órgano establece en su resolución, el órgano jurisdiccional no debe hacer pronunciamiento alguno respecto a las cuestiones de fondo planteadas por el/la interesado/a en el recurso contencioso- administrativo, dado que: las liquidaciones impugnadas han sido anuladas por el TEAR y por lo tanto no existen; en definitiva, las cuestiones que se susciten están "dirigidas contra las futuras liquidaciones que, en su caso, pueda girarse por el órgano de inspección; de modo que será, cuando el órgano de inspección gire esas liquidaciones, cuando podrá en su caso, volverlas a esgrimir en el recurso potestativo de reposición, reclamación económico-administrativa o recurso contencioso-administrativo que pueda formular contra ellas.

Contra dicha sentencia se planteó recurso de casación y se trasladó al TS la cuestión consistente en determinar en aquellos casos en que se produzca la estimación parcial de reclamaciones económico administrativas, si las restantes pretensiones, rechazadas por los tribunales económico administrativos, pueden ser objeto de revisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, por el contrario, el interesado ha de esperar a que se practique una nueva liquidación por parte de los órganos de la Administración tributaria.

• TJUE: Un Estado miembro no puede denegar la devolución del IVA a un establecido en otro Estado miembro por no estar identificado a efectos del IVA en el Estado de devolución
• TJUE: Los importes recibidos por las cláusulas de permanencia forman parte de la retribución percibida por el operador por el servicio a efectos de IVA
• La neutralidad fiscal y seguridad jurídica impiden que ante meras sospechas de fraude carentes de prueba la Administración tributaria nacional deniegue la deducción del IVA
• El TJUE anula las decisiones de la Comisión sobre ayudas de Estado respecto a la contribución sanitaria y tasa progresiva a las empresas que producen o comercializan tabaco de Hungría
• Auto TS: Efectos de la inscripción en el Registro Mercantil de la reformulación de cuentas anuales respecto del IS ya liquidado
• Para aplicar la reducción en ISD a la transmisión de una explotación agraria prioritaria se admite la titularidad societaria de la explotación
• Anulación de la sanción del 720 impuesta por no desglosar los activos financieros que componen una cuenta de valores declarada
• Acreditación de la inexistencia de incremento de valor de los terrenos, pues el valor de transmisión debe fijarse en el importe por el que se ejecuta la adjudicación
• No están exentas del IBI las viviendas de la Guardia Civil situadas fuera de la casa-cuartel
• No vulnera el principio de imputación contable la eliminación del ajuste en el IS por primera aplicación del PGC de 2007 por gastos del préstamo constituido antes de 2008

Como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales ordenada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Tribunal Supremo no pudo contar con los medios telemáticos suficientes, motivo por el cual durante esta última semana se han publicado numerosas sentencias y autos de este Tribunal que durante esta situación de alarma no pudieron publicarse, como consecuencia de las disfunciones generadas por el COVID-19.

Como consecuencia de la suspensión de los plazos procesales ordenada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Tribunal Supremo no pudo contar con los medios telemáticos suficientes, motivo por el cual durante esta última semana se han publicado numerosas sentencias y autos de este Tribunal que durante esta situación de alarma no pudieron publicarse, como consecuencia de las disfunciones generadas por el COVID-19.

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación planteado a efectos de determinación del valor del ajuar doméstico en el Impuesto sobre Sucesiones, resolviendo que considera que el valor de las acciones y otros valores mobiliarios no debe computarse, puesto que el ajuar doméstico está formado por el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante, aunque la sentencia incluye un voto particular.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 19 de mayo de 2020 en la que fija la interpretación del art. 15 de la Ley ISD para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular dicho impuesto.

La Ley 29/1987 (Ley ISD) no contiene una regulación del concepto de ajuar doméstico, sino que se limita a establecer una serie de reglas relativas al modo o manera en que debe ser calculado. En concreto establece que dicho ajuar se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehaciente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje.

La Sala determina que el ajuar doméstico tan solo se refiere a los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular y por ello deben excluirse las acciones y participaciones sociales, por no integrase en este concepto de ajuar doméstico, lo que conlleva que no puedan ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento.

El iPad y otros gastos necesarios para el trabajo de un abogado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su sentencia 298/2020, de 29 de enero de 2020, rec. nº. 1318/2017, se pronuncia sobre la deducción del IVA soportado por el demandante en su actividad profesional que dice desarrollar en dos lugares diferentes: la de abogado, en un inmueble destinado en su totalidad a despacho, y la labor de consultoría urbanística, en una habitación de su vivienda habitual. La sentencia estructura en cuatro lotes los conceptos que el abogado entiende que pueden ser objeto de deducción.

En el primero de ellos, se hace mención a “gastos genéricos de despacho”, entre los que se incluye el iPad y el móvil. En este caso, se reconoce el derecho a deducir el importe de IVA correspondiente a las facturas aportadas en justificación de dichos gastos. La sentencia entiende que el iPad constituye un instrumento de trabajo necesario para un abogado, siendo necesario su manejo en vistas orales y actuaciones propias de la profesión. En cuanto a la línea de teléfono contratada por el demandante, éste acredita documentalmente la suscripción de un contrato con la compañía telefónica con horario de llamadas de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas siendo necesario para poder contratar la tarifa acreditarse como empresario o profesional.