Jurisprudencia

De los diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo durante la segunda quincena de enero de 2021, destacamos las siguientes sentencias:

• El TS reitera que una liquidación del IIVTNU (plusvalía) cuyo importe supera la ganancia obtenida resulta contraria a los principios de capacidad económica y confiscatoriedad y ha de reputarse no respetuosa con la justicia tributaria
• El concepto de requerimiento previo ha de entenderse en sentido amplio, a efectos excluir el recargo por presentación extemporánea ante el conocimiento de una regularización referida a un periodo anterior
• El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre la legitimación de las Autoridades Portuarias activamente para impugnar las resoluciones del TEAC que les afecten

Durante esta primera quincena de enero de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, muchos de ellos reiterando los criterios ya manifestados anteriormente y otros en los que se resuelven nuevas cuestiones o se plantean otras nuevas o se matizan otros detalles.

• El TJUE estima que la reducción del impuesto especial sobre los carburantes vendidos a los residentes de la región italiana no es una subvención no autorizada por el Derecho de la Unión
• El TS confirma la condena a un asesor fiscal por los delitos de estafa continuada y apropiación indebida, quedando el delito continuado de falsedad en documento privado absorbido por el delito continuado de estafa para el que se utilizaron aquellos
• El TS considera que la exigencia de una capacidad mínima de almacenaje en los depósitos de hidrocarburos en atención al volumen que se va a manejar no es un exceso reglamentario
• Las pruebas aportadas en sede económico-administrativa, no propuestas en el procedimiento de gestión
• No son nulas las liquidaciones del IIVTNU por la nulidad del acta de pago y ocupación, ya que el sujeto pasivo ha de solicitar expresamente al Ayuntamiento la devolución del impuesto
• Es nula de pleno derecho la Ordenanza Fiscal que establece una tasa ex novo si no se cumple el trámite de participación ciudadana en la elaboración de la ordenanzas fiscales
• Las nuevas liquidaciones por sanciones en materia de IAE, que ya habían sido impuestas, notificadas e impugnadas en vía administrativa y jurisdiccional, e incluso de investigación penal, vulnera el principio de non bis in idem
• Está sujeta a TPO la transmisión de las acciones a la sociedad arrendataria del contrato de arrendamiento “ad aedificandum” por resultar aplicable la excepción del art. 108.2 de la Ley del Mercado de Valores
• La sanción por no atender los requerimientos de información y el principio non bis in ídem
• El retraso en la inscripción de la garantía hipotecaria por la falta de liquidación del Impuesto AJD no es imputable al contribuyente

El Tribunal Constitucional considera que la Audiencia Nacional, al ignorar que las notificaciones debían ser calificadas de defectuosas porque las mismas no se llevaron a cabo con la diligencia que la Administración debía desplegar para hacer posible la notificación personal a la interesada, y considerar interrumpida la prescripción de la deuda tributaria, vulnera el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional en una sentencia de 16 de noviembre de 2020 publicada en el BOE de 22 de diciembre de 2020 anula la sentencia de la Audiencia Nacional, recurrida en amparo, en la que ignorando que las notificaciones debían ser calificadas de defectuosas porque las mismas no se llevaron a cabo con la diligencia que la Administración debía desplegar para hacer posible la notificación personal a la interesada, se llegó  a un criterio equivocado sobre la prescripción alegada, considerándola interrumpida en plazo y por ende conformes a la ley los actos dictados, vulnerando así el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva.

La vivienda debía tener la condición de habitual de la contribuyente en el momento de la dación en pago.

El Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficacia, reconoció a partir de 1 de enero de 2014 y con efectos retroactivos en los ejercicios anteriores no prescritos, la exención de la dación en pago de la vivienda habitual del contribuyente que sea deudor o garante del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Este beneficio fiscal se encuentra regulado en el artículo 33.4.d) de la Ley 35/2006 (IRPF) y al igual que se establece la exención para la transmisión de la vivienda habitual realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales, en todo caso es necesario que el propietario de la vivienda habitual no disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.

El Tribunal Supremo afirma que resulta contraria a Derecho -por implicar un claro alcance confiscatorio- una liquidación del IIVTNU que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de diciembre de 2020, ha fijado la siguiente la doctrina respecto a la confiscatoriedad resultante de la aplicación de los preceptos reguladores del impuesto cuando en situaciones como la analizada, en la que se somete a gravamen un incremento de valor de 17.473,71 euros y la cuota del IIVTNU asciende a 76.847,76 euros. La entidad recurrente autoliquidó el citado impuesto e impugnó la autoliquidación solicitando la devolución de ingresos indebidos. Una situación como la descrita en este caso resulta contraria a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad y es escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria.

• TJUE: El art. 135.1 l) de la Directiva sobre el IVA se opone a la exención del suministro de calor por una comunidad de propietarios de viviendas a los propietarios de dicha comunidad
• Si la solicitud de devolución del IVA permite identificar la factura, aunque no conste el número secuencial de la factura, la Administración tributaria debe considerar dicha solicitud como «presentada»
• ¿Cómo han de imputarse temporalmente en el IRPF las subvenciones de capital percibidas por un sujeto pasivo que optó por el criterio de caja?
• No cabe la deducción en el IS por reinversión de beneficios extraordinarios por la transmisión de participaciones si la sociedad no cuenta con una estructura para la gestión y administración de las mismas
• La diferencia de fusión fiscalmente deducible en el IS se limita a las rentas con previa tributación efectiva
• En el cálculo de la plusvalía (IIVTNU) el valor catastral del terreno debe ser el que tenga asignado en el momento del devengo
• Nada impide que dentro del plazo el contribuyente solicite la rectificación de autoliquidaciones del IS por deducciones omitidas o declaradas de forma errónea
• El TSJ de Baleares considera que existe confiscatoriedad cuando el obligado al pago tributario tiene que disponer de parte de su patrimonio además del precio de venta del bien
• Se confirma la anulación de la liquidación del IIVTNU (plusvalía) quedando acreditado un decremento de casi 20.000.000 euros
• Compensación de bases imponibles negativas (BIN) en el IS: ¿Opción o ejercicio de un derecho?

El Tribunal Supremo confirma que los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF, pues no se debe aceptar que la Administración cobre impuestos por una cantidad que debe pagar por haber exigido antes un ingreso indebido y que la sujeción al IRPF en este caso desvirtuaría la naturaleza indemnizatoria misma de los intereses.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de diciembre de 2020, confirma lasentencia recurrida que se apoya en buena medida en la jurisprudencia de este Tribunal sobre no deducibilidad en el Impuesto de Sociedades de los intereses de demora que tiene que pagar el contribuyente a la Administración cuando no cumple correctamente sus obligaciones tributarias. Del mismo modo que se niega a los contribuyentes la posibilidad de deducir esos intereses, ya que no pueden beneficiarse de su actuación contraria al ordenamiento, no se debe aceptar que la Administración cobre impuestos por una cantidad que debe pagar por haber exigido antes un ingreso indebido y que la sujeción al IRPF en este caso desvirtuaría la naturaleza indemnizatoria misma de los intereses.

La STS de 25 de febrero de 2010, recurso n.º 10396/2004, en que se basa el TSJ de la Comunidad Valenciana, lo que analiza es si los intereses de demora podían ser calificados como gasto deducible. Partiendo de la consideración de los gastos deducibles como gastos relacionados con la obtención de los rendimientos gravados por el Impuesto de Sociedades, la Sentencia llega a la conclusión, totalmente lógica, de que no se pueden calificar como tales los gastos derivados del incumplimiento de la norma.

En cambio, lo que aquí se analiza, no es si el contribuyente incurrió en gastos deducibles, sino si obtuvo una renta sujeta a IRPF y la conclusión que se alcanza, por todo lo razonado, es positiva. Para la sentencia recurrida, en la devolución de ingresos indebidos subyace una actuación administrativa contraria al ordenamiento jurídico de la que la Administración no podría obtener un beneficio.  El que existan supuestos de devolución de ingresos indebidos en los que no se pueda imputar una actuación culposa de la Administración no empece al argumento utilizado por la sentencia recurrida, que se basa en el distinto tratamiento que se da a los intereses de demora cuando se deniega su deducción para los soportados por el contribuyente, para no obtener ventajas de una actuación derivada del incumplimiento de sus obligaciones fiscales, y cuando se reconoce el carácter de indebidos de los ingresos se entiende que el abono de los intereses de demora están sujetos y no exentos.

La Audiencia Nacional considera que no cabe reclamar por vía de responsabilidad patrimonial de la Administración, los gastos de asesoramiento jurídico, de notaría, de registro, y de constitución de hipotecas incurridos por el interesado para obtener la suspensión de la ejecución y posterior anulación de las liquidaciones impugnadas, cuando la actuación administrativa anulada se produjo dentro de los márgenes ordinarios o de los estándares esperables sin atisbo de arbitrariedad.

Para la Sala, el derecho a la indemnización no se presupone por la sola anulación de las liquidaciones impugnadas, es decir, no debe hacerse desde la perspectiva del juicio de legalidad del acto anulado, pues se necesita proteger el interés general implícito en el obrar de los órganos del Estado. La Administración tributaria está habilitada para comprobar e investigar los hechos imponibles y, si procede, integrar las bases tributarias y practicar las liquidaciones correspondientes. Resulta contrario al interés general, la demora que puede suponer en el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de resoluciones.

La mera anulación de la liquidación no basta para que nazca el deber de indemnizar. Se necesita que la lesión sea antijurídica. La actuación administrativa no es antijurídica cuando, pese a su anulación, se mantiene en unos márgenes de apreciación razonables y razonados. El derecho a la indemnización requiere un plus referido a la falta de racionalidad del acto anulado [Vid., STS  de 18 de julio de 2011, Rec. n.º 292/2007 (NFJ044275)]. La responsabilidad patrimonial del Estado en materia tributaria solo opera cuando la anulación tiene su causa en una actuación irrazonable, desproporcionada o carente de fundamento.

• El TJUE afirma que la exención en el IVA referida a los servicios relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física carece de efecto directo y los Estados miembros pueden limitarla
• El TJUE considera que están sujetos al Impuesto sobre Hidrocarburos la parte del consumo de hidrocarburos de Repsol con los que obtiene productos no energéticos que vende a la industria química
• La derivación de responsabilidad a sociedades en situación de concurso
• Base imponible en el Impuesto de Operaciones Societarias en la disolución y liquidación de la entidad mercantil
• Deben retrotraerse los efectos beneficiosos para el contribuyente al momento en el que se produjo el error en la valoración del inmueble a efectos de IBI
• Existe prueba suficiente de que la heredera fideicomisaria no ha recibido ajuar doméstico por el hecho de que en el fideicomisio no se incluye el mobiliario de los inmuebles
• Los gastos de urbanización soportados con posterioridad a la adquisición del terreno no integran el valor de adquisición a efectos del cálculo de plusvalía (IIVTNU)
• La venta de un terreno por el mismo precio de compra no determina la inexistencia de incremento de valor del terreno sujeto al IIIVTNU (plusvalía) al tratarse de una venta por leasing
• Para el cálculo de la plusvalía (IIVTNU) de un terreno expropiado hay que considerar fecha de adquisición la de compra, y no, la de la expropiación (producida en un proceso de reparcelación; y que se pagó con derechos de aprovechamiento)
• Para aplicar la reducción de la valoración del inmueble integrante del Patrimonio Histórico Español en el ISD debe tener protección integral de nivel 1