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Según datos del ICEX las exportaciones españolas no paran de crecer, incrementándose un 4,4 % en el periodo de enero-febrero de este año, con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando el máximo histórico para este periodo. Por su parte, las importaciones subieron un 4,6 % hasta alcanzar los 51.522 millones de euros, también otro récord histórico.

En este contexto de incremento de las operaciones comerciales con el exterior, las empresas demandan cada vez más profesionales que dominen el inglés de negocios, que sepan realizar y analizar contratos en inglés y que entiendan y sepan interpretar las leyes en este idioma.

La Agencia Tributaria en el marco de una inspección puede tener acceso a los ordenadores de una empresa y extraer la información contable que precise. La Ley General Tributaria en su artículo 142.2 otorga al inspector de Hacienda el acceso a las empresas con la mera autorización administrativa del delegado de zona de la AEAT, aunque existen ciertas limitaciones para acceder a las zonas no abiertas al público, que los inspectores pueden solventar con una orden judicial.

Además, si se producen incoherencias en las declaraciones tributarias, la Agencia Tributaria también puede acceder a los movimientos bancarios en el marco de una inspección.

El idioma inglés es el más importante en el mundo de la empresa. Los asesores deben familiarizarse con él para adquirir un nivel alto si quieren progresar en su carrera profesional. No es una opción, es un requisito.

El viejo profesor Ramón Tamames, autor de referencia en materia de análisis económico e historia de la economía española, suele pronunciar la célebre frase de “el inglés hace listo al tonto y tonto al listo”.

La sabia máxima se refiere al poder que poseen las llamadas lenguas vehiculares, como lo es el inglés, que se usan como medio de comunicación internacional en el intercambio de bienes y servicios, y en las que se escribe la más abundante y especializada bibliografía sobre los aspectos más innovadores en cada momento, lo cual a su vez permitirá a quien lo domine estar a la vanguardia en su área de conocimiento.

En la operativa comercial de las empresas, los precios suelen fijarse de manera que las empresas obtengan un margen de beneficio suficiente para realizar su ciclo de explotación, obtener rentabilidad para los accionistas y al mismo tiempo ser competitivas en el mercado.

Sin embargo, hay determinadas operaciones en las que los intervinientes pueden manipular los precios de venta de las mercancías o servicios que prestan, ya que estas transacciones se realizan entre entidades o personas vinculadas. En estos casos, una empresa puede vender a otra a un precio diferente al del mercado, bien sea superior o inferior, de manera que el precio de transferencia no seguiría las reglas del libre mercado, reguladas por la oferta y la demanda, pudiendo trasladarse beneficios o pérdidas de manera artificial de unas sociedades a otras.

Como ya adelantamos, para recordar el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales, periódicas y no periódicas, a lo largo de 2018, la Agencia tributaria ha puesto, como en años anteriores, a disposición del contribuyente, el calendario del contribuyente 2018.

Les recordamos ahora las principales obligaciones tributarias del mes de mayo.

La mejora en la eficiencia de los procedimientos administrativos, entre los cuales se incluye la presentación de impuestos en tiempo y forma, es una tarea que toda empresa busca optimizar para ahorrar tiempo y, por ende, dinero.

Esta optimización es especialmente importante para los asesores de empresas, para los cuales es vital conseguir minimizar el tiempo empleado en tareas rutinarias, lo cual consiguen en muchos casos mejorando su gestión administrativa y los flujos de información y de documentación con sus clientes.

Criterios para determinar la normativa aplicable a efectos del Impuesto sobre Sociedades, tras la modificación del concierto económico con el PaísVasco

La Agencia Tributaria continúa focalizando su atención en las operaciones vinculadas, tan es así, que en su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 dedica un apartado a las operaciones vinculadas, especificando que se realizarán actuaciones de control relacionadas con el impuesto sobre sociedades relativas a este tipo de operaciones.

El pasado 28 de agosto, mediante la orden HFP/816/2017, ya se aprobó el modelo 232 de la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, pero la Agencia Tributaria recalca ahora, en su último Plan de Control Tributario, que realizará controles al objeto de verificar la correcta aplicación e inclusión de la información derivada de esta nueva declaración informativa.

Con el comienzo de la campaña de la renta el 4 de abril, rebajar la factura fiscal es una tarea con poco margen de maniobra si no se ha realizado una correcta planificación fiscal antes de finalizar el ejercicio 2017.

No serán pocos los contribuyentes que, a raíz del resultado a pagar de su declaración de la renta, se propondrán para el próximo ejercicio intentar reducir el pago de impuestos en el IRPF realizando una buena planificación fiscal patrimonial.

El pasado 7 de julio de 2017, el Consejo de Ministros acordó la creación de una Comisión de Expertos que elaborase un informe que analizara las posibles propuestas que permitan contribuir a la definición de la estrategia española para la Transición Energética hacia una economía que apenas emita CO2.

Para elaborar una adecuada estrategia de la descarbonización es exige reflexionar sobre la adecuada formación de los precios en los mercados, la necesaria internalización de los daños ambientales a través de la fiscalidad y sobre el diseño correcto de los peajes de acceso a las redes en los sectores de electricidad y gas.

Tras la exposición y análisis de escenarios energéticos se incluyen una serie de propuestas de política energética que pueden contribuir a facilitar el proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada que exigen abordar una reforma fiscal con objetivos medioambientales, pues el sistema fiscal energético actual podría suponer una asignación ineficiente de recursos, ocasionando efectos negativos sobre el bienestar general, pues no se internalizan adecuadamente los costes ambientales de la energía.