TS

En esta segunda quincena de marzo de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado numerosos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales sobre las que no existe jurisprudencia o es necesario que el Tribunal se pronuncie para fijar un sentido unívoco respecto. 

Entre las sentencias publicadas, además de la relativa a la imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF cuando un inmueble no está arrendado, a pesar de la existencia de una expectativa de alquiler, destacamos las siguientes:

En esta primera quincena de marzo de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, además de las dos sentencias del IRPF sobre la exención de los rendimientos percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero correspondientes a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España y la referida a la exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida por la venta de la anterior vivienda habitual en el IRPF si en el plazo de dos años el sujeto pasivo la reinvierte en su nueva vivienda aunque no se produzca la entrega material de la vivienda construida.

• La presentación de la autoliquidación del IS no es una condición para la aplicación del régimen especial de diferimiento, pero su no presentación, posibilita la imposición de sanciones
• No se aplica el coeficiente GB relativo a los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción al valor catastral de un hospital en el IBI, pues no fue construido para su comercialización en el mercado inmobiliario
• El calentamiento y horneado de pan precocido y congelado, bake off, forma parte de la actividad de comercio al por menor de productos de alimentación a efectos de IAE
• La Administración puede determinar la base imponible del ICIO en función de los índices o módulos establecidos en la ordenanza aunque se haya presentado un presupuesto visado por el colegio oficial
• Es un ingreso indebido del ICIO, a efectos de su devolución si la obra no se puede realizar porque la licencia de edificación ha sido anulada judicialmente y los intereses de demora se computarán desde el ingreso

La expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" del art. 7.p) Ley IRPF comprende también los rendimientos de trabajo correspondientes a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de febrero de 2021, resuelve que en la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el art. 7.p) Ley IRPF deben entenderse comprendidos los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España.

La finalidad de esta exención es favorecer la internacionalización del capital humano con residencia en España mediante una reducción de la presión fiscal a los trabajadores residentes en nuestro país que se desplazan al extranjero. El art. 7.p) Ley IRPF  no establece ningún mínimo temporal ni se específica un límite mínimo de algunos días a los que se tenga derecho la exención y la interpretación restrictiva del TSJ de Madrid es contraria al espíritu y a la lógica dicho precepto careciendo de sentido denegar o privar al contribuyente de dicha exención por los días que necesita para llegar a ese país extranjero y regresar a España.

El Tribunal Supremo resuelve que la exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida por la venta de la anterior vivienda habitual en el IRPF se produce si en el plazo de dos años el sujeto pasivo la reinvierta en una nueva vivienda, aunque sea en fase de construcción, in que pueda condicionarse la aplicación de esta exención a la entrega material de la vivienda construida.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de febrero de 2021, resuelve la cuestión planteada en el recurso de casación contenida en el ATS de 13 de marzo de 2020, recurso n.º 6309/2019 relativa al plazo de que dispone el obligado tributario para reinvertir el importe obtenido con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual para tener la exención en el IRPF, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en fase de construcción, es el de dos años contados desde la transmisión de su vivienda, bastando con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de que adquiera el dominio de la nueva vivienda o de que la construcción de ésta haya ya concluido, pues esta exigencia no está establecida en la ley del Impuesto.

Durante esta segunda quincena de febrero 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés.

Entre las sentencias publicadas destacamos las siguientes:

• La pérdida patrimonial derivada de un préstamo multidivisa, debe integrarse en la base imponible general del IRPF y no en la base del ahorro
• Validez de la doctrina jurisprudencial de «doble tiro» a favor del contribuyente: Posibilidad de que dentro del plazo de prescripción pueda instarse una segunda solicitud de rectificación del IIVTNU (Plusvalía) fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes
• La proporción existente entre el valor del suelo y el valor catastral del bien no es el único método a utilizar cuando no se conozca el valor atribuido al suelo a efectos del cálculo de la plusvalía (IIVTNU)
• La SAREB puede ser responsable subsidiaria de las cuotas del IBI aducidos en un procedimiento de ejecución de préstamos, transmitidos previamente y de forma obligatoria

De todos los autos publicados destacamos los siguientes:

• Existencia, alcance y extensión del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria ante el incumplimiento por el deudor principal de la obligación de reintegrar una subvención
• Interpretación de las ideas de «permanencia» en el territorio de una Comunidad Autónoma y de «ausencias temporales» de dicho territorio a efectos del determinar la competencia en el ISD
• Proporcionalidad de la sanción prevista para el diferimiento del IVA repercutido de un periodo a otro, lo que comporta un retraso en la declaración del IVA repercutido y devengado
• ¿Cabe excluir la deducción del IVA soportado por la adquisición de alimentos, bebidas y tabaco; espectáculos y servicios de carácter recreativo, y bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas conforme al derecho de la UE?
• ¿La solicitud de aplazamiento y posterior pago en periodo voluntario de la deuda de aduanas, efectuada por el importador beneficia al representante indirecto?
• Ejercicio en el que debe apreciarse la exención de una fundación en el IBI, cuando a fecha del devengo no se encontraba aún constituida: ¿en el de constitución o en el siguiente?
• ¿Cuál debe ser el valor catastral a fijar por la Administración a efectos de IBI cuando se acredita que el fijado en la ponencia de valores es superior al valor de mercado?
• Calificación y cómputo de diferentes instalaciones y superficies de la Torre de Cristal de Madrid a efectos de cálculo de su valor catastral a efectos del IBI

El Tribunal Supremo considera que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, son deducibles y por tanto a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el alcance y límites establecidos en el art. 20 TRLIS [art. 16 Ley 27/2014  (Ley IS)].

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019, resuelve que  a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, en contra de lo sostenido por la Administración tributaria y el órgano administrativo revisor.

Esta es la solución a la cuestión planteada en el auto de 16 de enero de 2020, recurso n.º 3071/2019. Al respecto de la misma,  si los intereses tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, varios Tribunales Superiores de Justicia, [Vid., STSJ de Aragón de 20 de julio de 2016, recurso n.º 5/2015, y Castilla y León (Sede en Burgos) de 1 de febrero de 2019, recurso n.º 150/2018], han decidido en sentido contrario a la sentencia impugnada, esto es, que a efectos del IS los intereses de demora sí merecen la consideración de gasto fiscalmente deducible. Así pues debía determinar el TS si a efectos del IS, los intereses de demora, sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica y con qué alcance y límites.

Durante esta primera quincena de febero de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés. Se han planteado nuevos recursos de casación para aclarar determinadas cuestiones fiscales y en diversas sentencias se ha dado respuesta a las cuestiones ya planteadas.

Además se ha reiterado la cuestión planteada en el Auto de 13 de noviembre de 2020  que incluimos en nuestra selección correspondiente a la primera quincena de diciembre de 2020, sobre si en la compensación de bases imponibles negativas en el IS ¿el ejercicio de la opción es un mero requisito formal? en un nuevo auto al objeto de que el Tribunal Supremo dilucide, interpretando el art. 119.3 LGT, si es posible aplicar en el Impuesto sobre Sociedades, el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando la autoliquidación declarada resulta extemporánea, determinando si el ejercicio de la opción compensatoria de bases negativas es un mero requisito formal cuya inobservancia no puede dar lugar a la pérdida del derecho a tributar en el régimen especial, al cumplir todos los requisitos materiales al efecto o, por el contrario, constituye la imprescindible manifestación de la voluntad para elegir una de las alternativas posibles, lo cual posee contenido material con sustantividad propia.

De los diversos pronunciamientos del Tribunal Supremo durante la segunda quincena de enero de 2021, destacamos las siguientes sentencias:

• El TS reitera que una liquidación del IIVTNU (plusvalía) cuyo importe supera la ganancia obtenida resulta contraria a los principios de capacidad económica y confiscatoriedad y ha de reputarse no respetuosa con la justicia tributaria
• El concepto de requerimiento previo ha de entenderse en sentido amplio, a efectos excluir el recargo por presentación extemporánea ante el conocimiento de una regularización referida a un periodo anterior
• El Tribunal Supremo reitera su doctrina sobre la legitimación de las Autoridades Portuarias activamente para impugnar las resoluciones del TEAC que les afecten

Durante esta primera quincena de enero de 2021, el Tribunal Supremo ha publicado diversos pronunciamientos de especial interés, muchos de ellos reiterando los criterios ya manifestados anteriormente y otros en los que se resuelven nuevas cuestiones o se plantean otras nuevas o se matizan otros detalles.

El Tribunal Supremo afirma que resulta contraria a Derecho -por implicar un claro alcance confiscatorio- una liquidación del IIVTNU que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es, que absorba la totalidad de la riqueza gravable.

El Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de diciembre de 2020, ha fijado la siguiente la doctrina respecto a la confiscatoriedad resultante de la aplicación de los preceptos reguladores del impuesto cuando en situaciones como la analizada, en la que se somete a gravamen un incremento de valor de 17.473,71 euros y la cuota del IIVTNU asciende a 76.847,76 euros. La entidad recurrente autoliquidó el citado impuesto e impugnó la autoliquidación solicitando la devolución de ingresos indebidos. Una situación como la descrita en este caso resulta contraria a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad y es escasamente respetuoso con las exigencias de la justicia tributaria.