Doctrina Administrativa

Sabemos que el productor es aquél que decide realizar la obra, o no -iniciativa- asumiendo los riesgos económicos -responsabilidad- y ostentando la titularidad del principal derecho de propiedad intelectual de la misma: su explotación mediante su emisión.

De acuerdo con lo anterior, podemos comprobar que, en el caso analizado, a los pocos días de celebrar los primeros contratos de coproducción, entre 10 y 12 días, se suscribieron otros nuevos contratos entre el obligado tributario y los mismos productores en virtud de los cuales les cedió los derechos de explotación de las mismas películas, objeto de esos primeros contratos, por un periodo de 10 años a cambio de unas importantes cantidades de dinero, reservándose solamente la explotación en determinados países que pueden considerarse residuales desde el punto de vista de la explotación de las películas, y así lo ha corroborado la Inspección comprobando que no han dado lugar a acción comercial alguna, pudiéndose determinar que el obligado tributario no explota sus derechos como propietario de las películas a través de otras entidades que se dedican a la comercialización, distribución o exhibición, sino que lo que hace es ceder prácticamente en bloque y por una cantidad fija esos derechos de explotación a los mismos productores que pocos días antes se los habían transmitido.

Se analizan aquí las pensiones públicas de jubilación que perciben los antiguos empleados de Telefónica satisfechas por la Seguridad Social y que traen causa de la asunción por parte de la Seguridad Social de los compromisos por pensiones de la extinta Mutualidad Institución Telefónica de Previsión.

Pues bien, hay que diferenciar la parte de la pensión pública de jubilación que corresponde a aportaciones a la Mutualidad Institución Telefónica de Previsión realizadas con anterioridad y con posterioridad al 1 de enero de 1979, puesto que la posibilidad de reducción al 75 por 100 de la pensión solo puede ser aplicable cuando las aportaciones no pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible. Consecuentemente, no resulta aplicable lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), a la parte de la pensión pública de jubilación que perciben de la Seguridad Social los antiguos empleados de Telefónica SA, con posterioridad al 1 de enero de 1979 hasta el 1 de enero de 1992 -fecha de su integración en la Seguridad Social- pues haciéndose estas aportaciones a Institución Telefónica de Previsión por sus trabajadores con carácter sustitutorio del Régimen General de la Seguridad Social para cubrir contingencias de muerte, jubilación e incapacidad de los empleados de la compañía, sí fueron objeto de minoración o deducción en la base imposible del Impuesto sobre su renta personal, desde 1 de enero de 1979, teniendo en cuenta la legislación vigente en cada momento.

El coste de los armarios no forma parte de la base imponible del ICIO, aunque sí el coste de su instalación.

La DGT en una consulta vinculante de 14 de junio de 2017 ha analizado al cuestión sobre si la partida correspondiente al coste de los armarios que se van a instalar en las viviendas que conforman  una promoción inmobiliaria deben incluirse en la base imponible del ICIO. En esta consulta la DGT concluye que si bien el coste de los armarios no forma parte de la base imponible del impuesto, aunque sí el coste de su instalación, dado que se considera que dichos armarios no son elementos técnicos inseparables de la obra, ni están integrados en el proyecto para el que se solicita la respectiva licencia de obras o urbanística y no forman parte consustancial de la obra, ni son elementos esenciales para la habitabilidad o utilización de las viviendas

Los armarios son perfectamente separables de la construcción, construidos por terceros fuera de la obra, aunque instalados en las viviendas, su ejecución no figura como partida alguna del proyecto de ejecución material presentado al Ayuntamiento, no están empotrados a la pared y no resultan imprescindibles o esenciales para la habitabilidad de las viviendas.

• No existe exigencia temporal o acotación temporal relativa al momento en que se han de producir los hechos determinantes de la responsabilidad solidaria -art. 42.2.a) de la LGT-: unificación de criterio
• Renta percibida por un socio al cesar de tal condición, por un pacto de no competencia durante 3 años ¿Cabe la reducción por rendimientos obtenidos de forma irregular en el tiempo?
• Relación laboral especial de alta dirección: calificación del trabajador como alto directivo
• Consecuencias de la reproducción en alzada de las alegaciones formuladas ante el Tribunal de instancia
• El TEAC en contra de la AN, que señala que la orden de carga en plan debe respetar el límite temporal del año para el inicio de las actuaciones inspectoras
• Los servicios de hostelería prestados en una discoteca, bar musical, café teatro, café concierto y establecimientos de características similares pasan a tributar, en todo caso, al tipo reducido
• La venta de un libro en formato electrónico no sufre cambios a efectos de su tributación en el IRPF
• Legar al cónyuge viudo el producto de un alquiler no es un gasto deducible del inmueble arrendado

Para la exacción por la vía de apremio de las cantidades adeudadas por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, no es preciso requerimiento de pago alguno o providencia de apremio.

La asistencia jurídica gratuita no está sujeta en virtud de la última modificación de la Ley 1/1996 (Asistencia jurídica gratuita).

Hasta la fecha, la doctrina más reciente de la Dirección General de Tributos sobre la materia estaba recogida en la contestación a la consulta de 25 de enero de 2017, donde se concluyó que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estaban sujetos y no exentos del Impuesto, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21 por ciento a su beneficiario, destinatario de la prestación de tales servicios.

La declaración extemporánea de la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero –modelo 720– sí lleva sanciones y consecuencias añadidas

La consulta de 6 de junio de 2017, adelantada por la Dirección General de Tributos, contiene un dictamen valorativo importantísimo en lo que tiene que ver con las consecuencias derivadas de la presentación extemporánea de la declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

Como ella misma expresa, contiene la interpretación sistemática y teleológica que se requiere hacer de los preceptos afectados –los generales en la materia, el art. 27 Ley 58/2003 (LGT), frente a los específicos en la materia, la Disposición Adicional Decimoctava de la misma norma y el art. 39.2 Ley 35/2006 (Ley IRPF)–, donde a la postre, se termina por aplicar uno de los principios básicos del Derecho, cual es que la ley especial puede a la ley general –lex specialis derogat lex generali–.

• Cómputo de la base de la deducción para evitar la doble imposición interna sobre las rentas derivadas de la transmisión de participaciones
• La transmisión inter vivos de  un vehículo para personas con discapacidad antes del plazo de 4 años determina la pérdida del beneficio fiscal disfrutado en su adquisición -tipo superreducido- aunque dicho vehículo se haya adquirido a su vez mortis causa 
• Adquirir un vehículo híbrido subvencionado te obliga a tributar en IRPF
• Diferente tratamiento de la devolución del céntimo sanitario según se determine el rendimiento de la actividad económica por el método de estimación directa u objetiva
• Discreto reconocimiento de que el envío al extranjero por nuestras consultoras de asesores fiscales para orientar sobre nuestro Derecho Tributario no genera rentas obtenidas en España
• El tiempo transcurrido desde la pérdida de la residencia fiscal en España no limita la exención por reinversión de la vivienda habitual de los no residentes
• Cambio de criterio de la DGT respecto de la inembargabilidad de los ingresos procedentes de las actividades profesionales y mercantiles
• El cambio de empleador no excluye al contribuyente del disfrute del régimen de trabajadores desplazados del IRPF
• Declaración de bienes en el extranjero: la adquisición de la titularidad de bienes inmuebles situados en el extranjero se rige por las normas del país de situación
• No procede devolver la garantía asociada a un almacén fiscal de productos sometidos a II.EE. en el momento del cese de su actividad en tanto no prescriban las deudas tributarias devengadas por su existencia

La DGT  modifica su criterio respecto de la obligación de llevar el libro registro de facturas recibidas una vez que entre en vigor el SII,  para los sujetos a los que les resulte aplicable o se acojan al mismo, aunque únicamente se realicen operaciones exentas

En una consulta de la DGT recientemente publicada de fecha de 20 de junio de 2017,  la DGT responde sobre el nuevo sistema de llevanza de libros a través de la Sede electrónica respecto  de una entidad que únicamente realiza actividades sujetas y exentas.

A partir del 1 de julio de 2017, esta entidad deberá llevar los libros previstos en el art. 62.1 Rgto IVA, a través de la Sede electrónica de la AEAT, en el caso de que el periodo de liquidación coincida con el mes natural o en caso de que opte voluntariamente por la llevanza de los mismos a través del nuevo sistema. La llevanza de libros a través de la Sede electrónica se basa en el envío automatizado de registros de facturación, de forma que no es necesario el suministro o envío de la propia factura, pues los registros contenidos en la misma son el fundamento de la información a suministrar.

• La presentación del modelo 390 no tiene virtualidad interruptiva del plazo de prescripción
• Ante un acto administrativo distinto del acto firme que dio lugar a la regularización ahora efectuada, el interesado tiene derecho a conocer, los documentos y pruebas en los que la Administración fundamentó su decisión
• Una matriz establecida en Suiza que opera en España a través de dos filiales sobre las que ejerce el control, lo hace con establecimiento permanente aun cuando haya dotado a dichas filiales de personalidad jurídica independiente 
• El albacea no tiene competencia alguna de representación ante la Hacienda Pública en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los herederos
• Cómo tributa la transmisión de participaciones sociales cuando forman parte de la masa activa del concursado
• Explotación de apartamentos turísticos: ¿se puede hacer factura de un anticipo sin tener los datos fiscales del cliente?
• Las diferencias derivadas de la fluctuación de la moneda extranjera respecto del euro en las actividades económicas tienen consecuencias tributarias
• La opción por el régimen de trabajadores desplazados supone perder el derecho a las deducciones por maternidad, familia numerosa y persona con discapacidad a cargo
• Rectificación del pago fraccionado del IVPEE
• Las prestaciones de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud no se consignan en la declaración de operaciones con terceros, modelo 347