Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2016, resuelve la cuestión consistente en determinar si es ajustado a derecho el acuerdo dictado por la Oficina Nacional de Gestión Tributaria IVA-No Residentes, denegatorio de la solicitud de devolución de las cuotas del Impuesto soportadas por determinados empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto del periodo noviembre 2012/diciembre 2012.

La Administración deniega a la entidad la devolución de las cuotas del Impuesto soportadas por la misma en el territorio de aplicación del Impuesto, ya que el periodo al que se refieren la solicitud presentada por la entidad, no se ajusta a lo dispuesto en la normativa reguladora del procedimiento. En concreto, la Oficina Nacional de Gestión, comunica a la entidad, que el período al que deben referirse las solicitudes de devolución de las cuotas soportadas por empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto es el trimestre natural, o el año natural, sin que sea admisible una solicitud referida al período noviembre y diciembre de 2012.

• Tipo de obras que pueden considerarse como obras de rehabilitación
• Solicitud de devolución del IVA por sujetos establecidos fuera del territorio de la Unión -Canarias-, presentada fuera de plazo 
• El minado de Bitcoins no está sujeto a IVA 
• Sujeción al IRPF de la beca concedida por un centro de estudios privado por la realización de un Master profesional que ostenta acreditación oficial por una Universidad
• Tratamiento en el IS e  IRPF de las cantidades entregadas por los cooperativistas a un socio para cubrir el coste de una residencia para tetrapléjicos
• Regularización de rendimientos de actividades económicas como rendimientos del trabajo como consecuencia de una inspección de trabajo
• La Administración Tributaria debe valorar que junto a la conducta típica de defraudación hay dolo o intención de eludir el pago para poder presentar denuncia o querella por delito fiscal

La Dirección General de Tributos ha publicado en los dos últimos meses varias consultas –la última de 6 de julio de 2016, que es la que se comenta a continuación- que analizan las limitaciones tributarias a que la actividad notarial está sometida cuando los notarios actúan en agrupación.

El art. 2 del Decreto de 2 de junio de 1944 (Rgto notarial) señala que al Notariado le corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública en las relaciones de Derecho privado no sometidas a contienda judicial.

La Dirección General de Tributos acaba de publicar la consulta de 1 de julio de 2016 que analiza la conceptuación jurídica que del acceso a la aplicación de la normativa autonómica por razón de los bienes de los que son titulares en España disponen los contribuyentes no residentes, pero establecidos en otros Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Hablamos, como se puede deducir de la terminología empleada, de sujetos pasivos por el Impuesto sobre el Patrimonio pero, lo que se va a comentar a continuación, bien puede aplicarse también a quienes tributan por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por obligación real, al disponer ambas normativas de disposiciones equivalentes en este sentido.

Por definición, un no residente en España tributa por obligación real por los bienes de los que dispone en su territorio o por las operaciones de las que resulta beneficiario que caen dentro del ámbito de aplicación del ISD.

La Dirección General de Tributos en su consulta de 13 de septiembre de 2016, a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 140/2016, de 21 de julio de 2016, entiende que debe descartarse la devolución de las cantidades pagadas por los sujetos pasivos, tanto en procedimientos finalizados por resolución firme como en procesos no finalizados en los que el abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no fue acompañado por su impugnación por motivos de seguridad y por los perjuicios que tal devolución supondría a la hacienda pública. La declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro”, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme.

Por ello, en los procedimientos interpuestos antes de la fecha de publicación de dicha sentencia, el 15 de agosto de 2016, en los que no se ha interpuesto aún la demanda, no procederá realizar su pago en los supuestos declarados nulos y en aquellos en los que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono, no obstante haberse devengado la tasa, el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal.

• Solicitud de aplazamiento/fraccionamiento en período voluntario que da lugar a un requerimiento administrativo frente al solicitante: la normativa tributaria es la única aplicable
• El obligado al pago de un crédito titularidad de otro deudor, está legitimado para solicitar la devolución de los ingresos indebidos que entiende ha podido realizar
• En la cuantificación del ajuar doméstico no puede mantenerse de forma automática la presunción legal del 3% del importe del caudal relicto del causante
• Ejercicio a tener en cuenta a efectos del cumplimiento de los requisitos legales para disfrutar de la reducción por transmisión mortis causa de empresa individual
• Los fines de interés general que debe perseguir una fundación pueden ser ejecutados tanto de manera directa como indirecta
• La mera interposición del recurso de alzada frente a una resolución dictada en primera instancia no supone automáticamente su suspensión
• La DGT se suma al TS en lo que tiene que ver con las consecuencias que para la interrupción de la prescripción supone la anulación de un acto administrativo
• El Banco intermediario entre el titular de unas inversiones y el Banco depositario establecido en el extranjero no puede suplir al obligado a presentar el modelo 720
• El pagador de rentas del trabajo no puede exigir al trabajador que le acredite las circunstancias contenidas en la comunicación de datos -modelo 145-
• Las operaciones societarias realizadas con el fin último de preparar la venta de una línea de negocio hacen perder el derecho a disfrutar del régimen especial de fusiones

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2016, examina si la presentación de la declaración-resumen anual del IVA interrumpe, en este caso, la prescripción de todos los periodos del año 2004 o no, concluyendo que el modelo de declaración-resumen anual presentado por la entidad en enero de 2005 no interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración para comprobar y liquidar todos los periodos de liquidación de IVA del ejercicio 2004, sino que habrá que estar al plazo de presentación de la declaración-liquidación de cada periodo, y su correspondiente plazo de prescripción.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 22 de septiembre de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión relativa a si la infracción consistente en la no presentación en plazo del modelo 340 -Declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro-,  se debe sancionar con la sanción prevista con carácter general -multa pecuniaria fija de 200 euros- o si, por el contrario, debe sancionarse con la sanción de 20 euros por dato, con los límites máximo y mínimo legalmente previstos.

Para determinar la sanción que procede aplicar en el supuesto aquí debatido, debe determinarse, en los términos que dispone el art. 198 de la Ley 58/2003 (LGT), la naturaleza de dicha declaración, para lo cual procede analizar la normativa. En concreto, el modelo 340 está previsto en el art. 36 del RD 1065/2007 (Rgto de gestión e inspección tributaria) que regula la obligación de informar sobre operaciones incluidas en los libros registro.

• Cuantificación de la base sobre la que ha de calcularse la sanción en el caso de la conducta prevista en el artículo 191.6 de la Ley 58/2003 (LGT)
• La valoración por sociedades de tasación privadas en virtud de convenio de colaboración con la AEAT, no necesita la firma posterior de un perito de la Administración
• Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios procedimientos de inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una operación vinculada
• Extensión al responsable, declarado o no, de la interrupción del plazo de prescripción para el deudor principal
• Los desarrolladores de aplicaciones móviles pueden deducirse los descuentos que asuman para fomentar el uso de su plataforma
• La pérdida de la residencia habitual por presunción familiar se recupera al recobrar la dependencia económica del cónyuge que la genera
• El divorcio de mutuo acuerdo formulado en convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante notario se equipara al decreto judicial de divorcio. Mínimo por descendientes
• La libre imputación de bases imponibles negativas de las sociedades en liquidación es aplicable a todo el proceso, no sólo al ejercicio en que se extinguen
• Exclusión o no del método de estimación objetiva y del régimen especial simplificado del IVA  en caso de comercialización de  tarjetas prepago para realizar apuestas online
• Las normas que rigen el embargo de los sueldos y salarios son aplicables por equiparación a los trabajadores autónomos dependientes

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 8 de septiembre de 2016, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio resuelve la cuestión consiste en determinar si el contribuyente por IRPF arrendador de un inmueble susceptible de ser utilizado como vivienda, tiene derecho o no a aplicar la reducción prevista en el apartado segundo del art. 23 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), cuando siendo el arrendatario una persona jurídica, quede acreditado que el inmueble se destina a la vivienda de determinadas personas físicas.