Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 17 de diciembre de 2015, inadmite el recurso contra el acuerdo de Delegación Central de Grandes Contribuyentes de adopción de medidas cautelares consistente en la retención del pago de las devoluciones tributarias reconocidas a la contribuyente, y que justifica las mencionadas  medidas en la presentación de una denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública por parte de la Administración tributaria, por lo que se hace necesario su adopción a fin de asegurar la responsabilidad civil respecto a unas cuotas defraudadas.

La Dirección General de Tributos, ha publicado una consulta vinculante de 22 diciembre, en la que nos sindica el momento en el que deberán contabilizarse la dotación a las reservas de capitalización y de nivelación.

Cuando el ejercicio económico de la entidad coincida con el año natural, en la medida en que a 31 de diciembre de 2015 se haya producido un incremento de los fondos propios respecto a los existentes a 1 de enero de 2015, y se haya producido un incremento de reservas, con independencia de que no esté formalmente registrada la reserva de capitalización, podrá aplicarse la reducción en la base imponible del período impositivo 2015, del 10 por ciento del importe del incremento de los fondos propios existente en el periodo impositivo, disponiéndose del plazo previsto en la norma mercantil para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 para reclasificar la reserva correspondiente a la reserva de capitalización, con objeto de que la misma figure en el balance con absoluta separación y título apropiado, aunque dicho cumplimiento formal se realice en el balance de las cuentas anuales del ejercicio 2016, y no en el de 2015. Esta reserva será indisponible durante el plazo de 5 años desde el 31 de diciembre de 2015.

La Dirección General de Tributos, en una consulta vinculante de 26 de noviembre, afirma que la  operación consistente en la transmisión por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A (SAREB) a un tercero, es una operación sujeta al IIVTNU, siendo el sujeto pasivo la transmitente, es decir la SAREB.

Por las solas funciones de gestión y administración de las entidades de capital- riesgo  que desempeñan las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva, éstas no forman un grupo con las entidades de capital- riesgo que gestionan, a los efectos de su tributación en el IAE, de acuerdo con lo afirmado por la Dirección General de Tributos, en la consulta vinculante de 16 de noviembre.

• Las reducciones de las sanciones reguladas en el artículo 188.1 b) y 3 de la LGT no son de aplicación a las sanciones cuya acción de cobro se derive en virtud del art. 42.2 de la misma Ley  
• Si se acuerda la retroacción únicamente para requerir el pago de una liquidación, no son de aplicación los plazos del artículo 150.5 de la Ley 58/2003 (LGT)
• Las consultas tributarias escritas son vinculantes para la Administración 
• Incumplir la obligación de ampliar el alcance inicialmente comunicado en un procedimiento de comprobación limitada es un defecto procedimental invalidante, no insubsanable 
• Errores subsanables en la solicitud de devolución por no establecidos 
• Determinación del valor teórico -fondos propios- a considerar, teniendo en cuenta que existe un pacto de retroacción contable de los efectos de la fusión   

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 15 de diciembre de 2015, resuelve que:

• No cabe hablar de “aplazamiento solicitado” cuando no hay previa fecha de actuación fijada por la Inspección. La solicitud formulada por el obligado tributario de aplazar “la próxima comparecencia” no puede ser computada como dilación imputable a él dado que tal comparecencia no está previamente fijada por la Inspección. En ninguna de las diligencias fija la Inspección una fecha de comparecencia para la que el contribuyente solicite el aplazamiento y, en consecuencia, no hay nada que aplazar.
• La apreciación de la existencia de dilación imputable al contribuyente por retraso en la aportación de documentación que no tiene que estar a disposición de la Inspección requiere la previa fijación de un plazo concreto para su cumplimentación, de forma que la Inspección no pueda beneficiarse de una indefinición creada por ella misma. El defecto no puede subsanarse computando un plazo mínimo para la aportación.

• La repercusión/rectificación del IVA no está supeditada a la firmeza de un acto administrativo
• Autorización de la aduana de la operativa propuesta y posterior ultimación del régimen de perfeccionamiento activo: acto administrativo cuya declaración de derechos a favor del interesado vincula a futuro a la Administración
• La devolución de un expediente a la oficina gestora para que realice una comprobación es un acto de mero trámite
• Recurso de alzada ordinario interpuesto por quien no estuvo personado en primera instancia: plazo de interposición del recurso y de presentación de alegaciones  
• Anulada una sanción por haber sido anulada la liquidación de la que trae causa, y siendo posible una nueva liquidación por el mismo concepto y ejercicio ¿Puede también dictarse la correspondiente sanción?
• Tributación de los dividendos en especie a examen
• Tributación en IVA de la transmisión de un terreno por una persona física

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 2 de diciembre de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que en el caso de información suministrada por las autoridades tributarias de otros Estados en el marco de la asistencia mutua, no se está ante una información que figure en un registro fiscal u otro de carácter público a la que se refiere el art. 108.3 de la Ley 58/2003 (LGT), por lo que no resulta aplicable este precepto. 

• No se puede dar validez a parte de la facturación del obligado y luego aplicar una sanción por el total de las operaciones facturadas
• Contestaciones tributarias escritas y vinculación a la interpretación que de las normas derivadas del derecho comunitario haya realizado el TJUE
• Reintegro de devoluciones obtenidas como consecuencia de regularización con liquidación "a devolver": intereses
• Deducibilidad de los gastos financieros en préstamos participativos
• Imputación temporal de devoluciones por importes de tasas del juego indebidamente ingresados
• La transmisión del bien inmueble a consecuencia de la sentencia judicial de divorcio matrimonial no está sujeta del IIVTNU
• Las fundaciones bancarias no deben satisfacer cuota adicional del IAE por las actividades de su obra benéfico-social
• Los dividendos intragrupo no han de tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de los pagos fraccionados del IS en 2015
• El pago al administrador en octubre de 2014 condicionado al volumen de ventas acordado por la Junta en junio de 2012 no tiene carácter irregular a efectos de la reducción en el IRPF
• A pesar de lo que el Supremo dijera en su día, la compraventa de oro y otros metales  preciosos a particulares está sometida a TPO

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 17 de noviembre de 2015, considera que la notificación efectuada en la dirección electrónica habilitada en el Servicio de Notificaciones Electrónicas no es válida, en tanto que nos encontramos ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado, y en el que expresamente ha señalado, tanto en la solicitud inicial, como en el encabezamiento del recurso de reposición -con anterioridad incluso a la notificación de la comunicación de inclusión obligatoria en el sistema de dirección habilitada- un lugar para practicar las notificaciones distinto de la dirección electrónica habilitada, sin que conste que la Administración haya efectuado al menos dos intentos en la dirección señalada por el contribuyente sin que haya sido posible efectuar la notificación, antes de acudir al sistema de notificación electrónica.