Doctrina Administrativa

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 7 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, establece que la interdicción de la reformatio in peius hay que apreciarla de forma global respectos de los diferentes ejercicios cuando la regularización de todos ellos tiene el mismo fundamento.

Partimos del hecho de que el principio de la prohibición de la reformatio in peius es un principio de origen procesal aplicable al Derecho administrativo que tiene por objeto impedir que la resolución de un procedimiento iniciado a instancia de parte agrave la situación inicial del solicitante. Esta prohibición viene a resolver el conflicto que se plantea entre el principio de legalidad y el de seguridad jurídica con la prevalencia de éste último en los casos en los que es aplicable. 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 7 de mayo de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, establece que de conformidad con los principios de tipicidad, responsabilidad y no concurrencia, habiendo sido sancionada una persona o entidad por incumplir su obligación de practicar retención sobre las rentas que ha satisfecho, las retenciones objeto de sanción en sede de la pagadora no deben minorarse de la base de la sanción a imponer, en su caso, al perceptor de las rentas/obligado a soportar la retención, en aquellos supuestos en los que la retención no se hubiera practicado o lo hubiera sido por un importe inferior al debido, por causa imputable tanto al retenedor como al perceptor.

• Improcedencia de la ejecución parcial de sentencias
• Sustituciones fideicomisarias condicionales: el elemento temporal a considerar es el del fallecimiento del fiduciario 
• Admisión/inadmisión del recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio
• Deducciones pendientes de una sociedad en el momento de su inclusión en un grupo 
• Provisión por depreciación de valores de una sociedad que forma parte de un grupo: balance individual o consolidado
• Deducción por inversiones medioambientales: tratamiento de residuos ajenos
• Duplicidad en el pago por actuaciones de la Administración: plazo de prescripción de la devolución de ingresos indebidos
• Exención provisional por la transmisión de terrenos para construcción de edificios en régimen de VPO: el incumplimiento del plazo de presentación de la cédula de calificación como VPO no es sancionable
• Régimen fiscal de los grupos de sociedades en el periodo impositivo 2015
• Ingresos por el cobro de donativos realizados por terceros a favor de organización sin ánimo de lucro
• La exención por trabajos realizados en el extranjero no se aplicará a quien ejerce funciones de dirección y gerencia
• Motivos válidos que determinan la deducibilidad de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo
• El plazo de presentación de las autoliquidaciones de IP e IRPF en Canarias coincidirá con la fecha y hora peninsular
• Deducibilidad por la pérdida por deterioro de créditos en sociedades del mismo grupo
• Régimen transitorio aplicable a las transmisiones de negocio realizadas a partir de 1 de enero de 2015
• Una nueva forma de inversión en España: tributación del otorgamiento de préstamos a particulares por no residentes
• Posibilidad de considerar el pago de costas como una pérdida patrimonial

Ya sólo quedaba, por parte de la Administración, el pronunciamiento de la Dirección General de Tributos, al respecto del tratamiento que debe dispensarse a los residentes en la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que adquieren bienes mediante operaciones sometidas a nuestro ISD, o bien, como es el caso de las consultas de 18 de febrero de 2015 -con idéntica literalidad-, en que el sometido al Impuesto es un residente en España –por obligación personal-, que adquiere mediante título sucesorio bienes procedentes de Alemania, Estado con el que España no tiene firmado Convenio de doble imposición en materia de herencias, operación por tanto regida por nuestra norma interna.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 9 de abril de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, determina que para los contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, el límite de la deducción por inversiones en Canarias en activos fijos nuevos, prevista en el art. 94 de la Ley 20/1991 (Modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias), debe aplicarse sobre la totalidad de la cuota íntegra y no únicamente sobre la parte de la misma que corresponda rendimientos de las actividades económicas desarrolladas en Canarias.

La Dirección General de Tributos en su consulta vinculante V0694/2015, de 3 de marzo de 2015, analiza cómo afecta la declaración del concurso de acreedores de una entidad en sus relaciones con la Administración tributaria local.

Una entidad es propietaria de un solar sobre el que el Ayuntamiento otorgó licencia para construir 80 viviendas y la entidad abonó al inicio de las obras la liquidación provisional del ICIO. La empresa decidió construir 30 viviendas en una primera fase y el resto en fases futuras, pero ahora va a transmitir tanto la obra construida (las 30 viviendas), como el solar edificable paras las 50 viviendas pendientes.

La Dirección General de Tributos, en consulta de 30 de marzo de 2015, aclara que dado que las monedas virtuales Bitcoin actúan como un medio de pago y que por sus propias características deben entenderse incluidas dentro del concepto “otros efectos comerciales”, su transmisión debe quedar sujeta y exenta del Impuesto.

En el caso que se analiza, se parte en primer lugar del hecho de que el contribuyente tiene la consideración de empresario o profesional respecto de la actividad que realiza, ya que procede a la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En concreto, se dedica a la compra y venta de moneda virtual a través de cajeros y máquinas de vending a cambio de una comisión, lo cual parece corroborar el carácter empresarial de la actividad.

• Sujeción de operaciones con derivados financieros que tienen por objeto la cobertura de riesgos empresariales
• Contratos celebrados sin mención del IVA: la Administración tributaria no puede percibir en concepto de IVA un importe superior al percibido por el sujeto pasivo 
• El concepto de inmediatez en las entregas de edificaciones para su rehabilitación por el adquirente 
• Efecto interruptivo de la prescripción de la primera actuación tras el incumplimiento del plazo de las actuaciones inspectoras 
• Devolución solicitada en la correspondiente autoliquidación derivada de la normativa del tributo: eficacia interruptiva de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración
• Liquidación de intereses suspensivos en un supuesto de estimación parcial 
• Qué se entiende por escisión de “rama de actividad”
• La obtención de la residencia bajo el amparo de la Ley de emprendedores no afecta a la residencia fiscal de los contribuyentes

La Dirección General de Tributos, en consulta de 31 de marzo de 2015, analiza si es posible aplicar el supuesto de inversión del sujeto pasivo establecido en el art. 84.Uno.2º.g) de la Ley 37/1992 (Ley IVA) a una mercantil dedicada a la comercialización, entre otros productos, de consolas y programas de videojuegos. Dicha mercantil recibe de sus clientes órdenes conjuntas de consolas y programas a través de un sistema integrado de gestión electrónica con sus proveedores. El sistema se basa en el pedido recibido para realizar la gestión logística y administrativa de sus entregas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 12 de marzo de 2015, analiza si todas las cuentas corrientes bancarias han de quedar excluidas de la posibilidad de considerarse elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, concluyendo que no, pues a efectos de analizar la afectación de las cuentas corrientes, lo relevante es determinar si se trata de elementos patrimoniales realmente necesarios para el ejercicio de la actividad, es decir comprobar si el saldo y movimientos de las cuentas corrientes corresponden con las vicisitudes propias del ejercicio periódico de aquélla y si sirven para sus fines.