Doctrina Administrativa

• Los plazos que se computan por meses finalizan en el día correspondiente al ordinal anterior al inicial del cómputo, en el mes correspondiente
• La deducción por doble imposición de dividendos no es aplicable si los dividendos se perciben de una entidad no residente en España
• Requerimientos de información: las circunstancias patrimoniales concurrentes en un concreto obligado tributario tienen trascendencia tributaria
• La renuncia al régimen de estimación objetiva del IRPF vincula también a efectos del IVA
• La falta de firmeza del acto administrativo que declara unas cuotas como no deducibles impide la devolución de las mismas como indebidamente soportadas
• Devolución a no establecidos: el procedimiento no contempla la exigencia de un trámite de audiencia o de alegaciones
• Clasificación arancelaria de discos duros multimedia
• La transmisión de una rama de la actividad susceptible de funcionamiento autónomo no está sujeta a IVA pero sí a ITP y AJD
• Una entidad de conservación urbanística está exenta del pago de tasas judiciales  
• El alta en el Grupo 731 de Tarifas del IAE faculta a los abogados colegiados ejercientes para actuar como mediadores 

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 17 de marzo de 2015, reitera que el devengo de la adjudicación de bienes efectuada en subasta judicial derivada de procedimiento  de ejecución hipotecaria se produce con el decreto de adjudicación, salvo que se acredite que la puesta a disposición del bien se ha producido en otro momento, correspondiendo la carga de la prueba a quien beneficie la acreditación de dicha circunstancia. 

Para determinar cuándo se produce el devengo de la operación, y por tanto en qué trimestre debió repercutirse e ingresarse el IVA, debemos determinar cuándo se transmiten las fincas hipotecadas.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 10 de febrero de 2015, aclara que el hecho imponible de la tasa por el otorgamiento de licencias urbanísticas consiste en la realización de la actividad administrativa tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo se adecúan o no a la normativa urbanística, así como a la tramitación y expedición de la correspondiente licencia y es un tributo distinto del ICIO, cuyo hecho imponible, está constituido por la realización de cualquier construcción, instalación y obra para la que se exija licencia de obras o urbanística.

La Dirección General de Tributos, en su consulta de 12 de marzo de 2015, rectifica el criterio de la consulta V1479/2013, en la que sostuvo que las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, debían pagar las tasas judiciales reducidas, del 0,1 por 100, en vez de la del 0,5 por 100 , en todos los procedimientos judiciales que emprendan, al carecer de personalidad jurídica propia, entendiendo ahora, que al estar exentas las personas físicas, también deben estarlo cuando estas personas físicas propietarias actúen a través de la junta directiva de la comunidad.

• Ejercicio del derecho a deducir las cuotas soportadas en una operación que se resolvió por incumplimiento del comprador 
• La inscripción en el Catastro de la alteración física de una finca no produce el devengo del IIVTNU
• La autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura electrónica no precisa de requisitos adicionales respecto de la expedida en papel
• La DGT nos avisa del nuevo régimen de tributación de los rendimientos de los socios profesionales
• La deducción por alquiler de vivienda habitual está condicionada a la titularidad del contribuyente como arrendatario
• Las costas e intereses en el procedimiento de jura de cuentas se consideran ganancia patrimonial
• Valor de transmisión de inmuebles situados fuera de España adquiridos por herencia
• Adquisición y venta por las farmacias de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud que también se comercializan para su prescripción fuera del mismo
• Afección de los bienes a la deuda tributaria del IBI 
• La transmisión mortis causa de los rendimientos negativos del capital mobiliario

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de febrero de 2015, entiende que en los casos en que el adquirente hubiera deducido el importe de las cuotas de IVA de forma indebida y se vea sometido a una actuación inspectora de regularización, la Administración tributaria debe adoptar la solución más favorable para el interesado, que evite una duplicidad impositiva y el consiguiente enriquecimiento por su parte, debiendo  efectuar las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si efectivamente el obligado tributario tiene derecho a la devolución de las cuotas indebidamente repercutidas, regularizando de forma íntegra la situación del reclamante con respecto al IVA, garantizando así la neutralidad del Impuesto.

• Posibilidad de aplicar el régimen de estimación indirecta a un tributo y de estimación directa a otro
• Procedimiento de devolución a no establecidos iniciado ante la Administración del Estado miembro donde se encuentra establecido el solicitante
• Una factura con fecha de expedición anterior al devengo no documenta el derecho a la deducción de las cuotas soportadas
• Las cuotas de IVA soportadas en atenciones a clientes son deducibles en la medida en que los gastos lo sean en la imposición directa
• Facturas rectificativas: no procede la devolución de cuotas soportadas en periodos anteriores si en su momento no se atendieron los requerimientos de la Administración 
• Peaje por utilización de una red de transporte de electricidad 

La Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT ha emitido la Nota 1/15 de 3 de febrero de 2015, para aclarar cómo debe operar el doble límite previsto en el art. 16 de la Ley 27/2014 del IS (anterior art. 20 TRLIS) en lo tocante a la deducibilidad de los gastos financieros, y en especial para aclarar la forma en que debe “adicionarse”, dentro de los 5 años siguientes y sucesivos, la diferencia de beneficio operativo que no hubiera determinado la deducibilidad del gasto financiero neto en un periodo impositivo.

La Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la AEAT ha emitido un Informe de 11 de febrero de 2015, sobre el desequilibrio patrimonial por pérdidas como causa de exclusión del régimen de consolidación fiscal en el IS. De acuerdo con los artículos 67.4.b) del TRLIS y 58.4.d) de la Ley 27/2014, de 27 de febrero, sobre el Impuesto sobre Sociedades, no pueden formar parte de un grupo fiscal aquellas entidades que el último día del periodo impositivo se encuentren en la situación patrimonial descrita en el artículo 363.1.e) del TRLSC (pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital social), salvo que esta situación se haya superado el último día del periodo impositivo en el que se aprueban las cuentas anuales.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su resolución de 19 de febrero de 2015, en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija como criterio que si se lleva a cabo un procedimiento de inspección de alcance general respecto de determinado concepto tributario, en el alcance del procedimiento está incluida no solo la comprobación e investigación de las obligaciones materiales sino también de las obligaciones formales que imponga ese concepto tributario, de conformidad con el art. 148 de la Ley 58/2003 (LGT), por lo que las previas actuaciones de regularización de la situación tributaria del obligado interrumpirán el plazo de prescripción para sancionar, en su caso, tanto los incumplimientos de obligaciones materiales como los eventuales incumplimiento de obligaciones formales, en el sentido del párrafo segundo del art. 189.3.a) de la misma Ley 58/2003 (LGT).